De acuerdo con el INEGI, a través de la más reciente medición de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU, septiembre 2017), alrededor del 63 por ciento de la población que habita en ciudades considera que las policías municipales desarrollan un trabajo poco o nada efectivo.
En el mismo instrumento se estima que tres de cada cuatro habitantes de las ciudades considera que son inseguras. Hay en ese sentido, millones de personas que han tenido que modificar sus hábitos de vida cotidiana debido a las condiciones de inseguridad que les rodean. Lo mismo han hecho decenas de miles de empresas y negocios.
La conclusión es inevitable, a pesar del precario equilibrio y orden que se mantiene en la mayoría de las ciudades que forman parte del sistema urbano nacional, lo cierto es que hay territorios que están perdidos; colonias en las que la policía municipal no entra si no va acompañada de policías ministeriales, y zonas en las que los ministeriales no ingresan si no llevan la compañía de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional o del Ejército o la Marina.
De acuerdo con el INEGI, prácticamente ocho de cada diez personas viven en localidades urbanas (espacios de más de 2,500 habitantes); pero el dato no es estático, y la tendencia es cada vez a una mayor urbanización del país, de tal forma que en el año 2030 se espera que alrededor del 55% de la población nacional habite en las 10 principales megalópolis del país.
Así, la Zonas Metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Veracruz, León, Querétaro, Toluca, Torreón, Tijuana, Ciudad Juárez, Aguascalientes, y otras más en proceso de expansión, se consolidarán como los principales espacios en los cuáles vivirá la mayoría de la población nacional.
A pesar de lo anterior, llama la atención que, excepto la Constitución de la Ciudad de México, el concepto de ciudad no aparece en un ningún ordenamiento jurídico. Desde esta perspectiva, urge construir un proceso de análisis a fin de determinar la pertinencia de incorporar la noción de la ciudad en el orden jurídico nacional, con las implicaciones administrativas, hacendarias y presupuestales que ello implicaría.
¿Cómo definimos a la Ciudad? Desde la sociología existen distintas escuelas y corrientes que han puesto el énfasis en unos u otros criterios: puede ser vista como una unidad territorial, en la que se expresa y desarrolla una población; otra opción es la relativa a la densidad y magnitud demográfica; otra perspectiva pone el énfasis en una combinación de las dos pasadas; otra más la define independientemente de los criterios territorial y demográfico como un espacio de interacciones y relaciones de poder y conflicto; y otros más la han llegado a definir incluso como un espacio simbólico de interacciones sociales, culturales y económicas.
La cuestión no es menor; se trata de un debate que puede dar resultados fecundos para repensar la realidad nacional, y en ella, la estructura y gobernanza de las ciudades, en un contexto global de alta complejidad que enfrenta dilemas y retos que van mucho más allá de las delimitaciones territoriales y administrativas: cuidado y manejo del agua, disposición de desechos, calidad del aire, seguridad pública, y un largo etcétera, que antes que inhibir, estimula a la reflexión desde un sentido amplio de urgencia.
En las ciudades se produce más del 80% de la riqueza nacional; y en ellas ocurren la mayor parte de las interacciones de mayor relevancia para la vida pública y privada de las personas. Por ello es inaceptable que haya espacios en los que el gobierno ha cedido -o perdido- la capacidad de ejercer, simple y llanamente, la autoridad.
No hay tiempo que perder. O recuperamos el espacio público urbano y recobramos un sentido mayor de pertenencia, cohesión, solidaridad y convivencia en la diversidad, o nos resignamos a vivir detrás de rejas, presas del miedo y en la vulnerabilidad permanente del desempleo, la pobreza o la segregación.
Artículo publicado originalmente en la “Crónica de Hoy” el 26 de octubre de 2017
