por Raúl Ramírez Baena
Si bien es cierto que, en materia de derechos humanos, nuestro país ha tenido grandes avances legislativos, jurídicos y en mecanismos de protección, hoy vivimos una democracia de papel al no poder concretar en los hechos esos logros
Por el lado de los avances, debemos destacar la voluntad del gobierno federal de ratificar el Acuerdo de Asistencia Técnica signado desde el sexenio anterior con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, e, indudablemente, las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, cuyo decreto publicado en el DOF el 10 de junio de 2011 constituye, quizá, el avance legislativo más importante desde la Constitución de 1917. Elevar los derechos humanos a rango constitucional e incorporar el principio pro persona para dar a los sujetos de derecho humanos la mayor protección coloca a México al nivel de los más altos estándares internacionales en la materia.
Simultáneamente, el Congreso de la Unión aprobó en junio de 2011 las reformas a la Ley de Amparo, algunos de cuyos principales avances consisten en: 1) el reconocimiento de los derechos garantizados no sólo en la Constitución, sino también en los tratados internacionales ratificados por México; 2) se pueden invocar ahora las omisiones en los actos de autoridad; 3) se crean las declaratorias generales de inconstitucionalidad, no sólo en la afectación a determinados individuos; 4) se fortalece el papel de la SCJN; 5) se introduce la figura del interés legítimo; y 6) la protección de derechos fundamentales es independiente de su carácter individual o social.
Aunado a lo anterior, la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en febrero de 2007 es un enorme avance, así como las reformas de 2003 y 2008 que establecen cuotas de género en la búsqueda de equidad, hechas realidad en la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 2011 que obliga a los partidos políticos a cumplir con las cuotas del 40-60 en la elección de candidatas y candidatos a los puestos de elección popular.
Asimismo, la condición de extrema vulnerabilidad sufrida por los(as) trabajadores(as) migratorios y sus familiares obligó al Congreso a aprobar la Ley de Migración, publicada en el DOF el 25 de mayo de 2011; así como ante los crímenes y agravios a periodistas y defensores(as), el Estado Mexicano se vio en la necesidad de establecer una legislación y un mecanismo de protección ad hoc.
La realidad en la visión de las organizaciones civiles
El proyecto líder del Ejecutivo Federal, el combate a la delincuencia organizada, se convirtió finalmente en su talón de Aquiles. Felipe Calderón decidió abandonar el término “guerra” que usó inicialmente, para no meterse en complicaciones con el Derecho Humanitario Internacional; aun así, fue denunciado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
No entraremos en la danza de las cifras, pero a los miles de homicidios sucedidos en el sexenio a consecuencia de esa estrategia se suman los desaparecidos, desplazados, secuestrados, torturados y ejecutados por las fuerzas públicas y militares, aunados a los crímenes aberrantes perpetrados por la creciente delincuencia común y la delincuencia organizada.
La comunidad nacional e internacional ha invocado insistentemente la imperiosa necesidad de frenar la militarización de la Seguridad Pública, que ha sido el detonante en las estadísticas de violaciones graves a los derechos humanos, colocando a las fuerzas armadas en situación comprometida, expuestas al juicio ciudadano y de las instancias internacionales, como es el caso de la reciente evaluación a México realizada por el Comité contra la Tortura de la ONU (I).
Un hecho desafortunado que muestra de cuerpo entero el pragmatismo de los políticos mexicanos fue la aprobación de la figura del arraigo en la Reforma del 2008, incorporada esta medida al Artículo 16 Constitucional, precisamente el que protege a las personas contra todo acto de molestia. El arraigo, en opinión de los defensores, es una modalidad de detención arbitraria a la que se suma la violación del derecho a la presunción de inocencia de las personas arraigadas por presuntos delitos de delincuencia organizada. Las ONG han encontrado un vínculo directo entre el arraigo y la práctica de la tortura, perpetrado principalmente por personal castrense.
Por lo anterior, los órganos que integran el Sistema Universal y el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, así como las ONG más influyentes, en sus informes sobre México(II), han recomendado al Estado Mexicano la eliminación del arraigo y la desmilitarización de la Seguridad Pública, así como acotar los límites del fuero militar según lo establecido en la Constitución(III) y en los tratados internacionales, destacando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado a reformar el Artículo 57 del Código de Justicia Militar. De todo ello, nuestras autoridades han hecho caso omiso, evadiendo los compromisos contraídos con la comunidad internacional, las recomendaciones y las sentencias.
No se observa por ningún lado correspondencia y congruencia alguna entre las acciones de combate a la delincuencia organizada y la llamada depuración policíaca, con procesos que sancionen las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por policías y militares. Hay altos niveles de corrupción e impunidad por el menosprecio de las autoridades a los derechos fundamentales de las personas, aun de quienes son sujetos a proceso penal (IV), o purgan condenas.
Por otro lado, el brutal crimen de 72 migrantes centroamericanos aparecidos en una fosa clandestina en San Fernando, Tamaulipas, en abril de 2010, víctimas de traficantes coludidos con autoridades, fue la gota que derramó el vaso de agua, visibilizando el grave problema de corrupción, y volcando la opinión ciudadana hacia un severo cuestionamiento a las autoridades.
En el terreno laboral domina el concepto de “competitividad” para elevar la “productividad” de las empresas por sobre el derecho al trabajo, tendencia que se impone en la reciente Reforma Laboral, en lugar de garantizar como prioritario la plena ocupación con salarios dignos y la satisfacción de los derechos a la seguridad social y al bienestar de los trabajadores y sus familiares.
La deuda con los pueblos indígenas sigue vigente. En torno a los derechos de las mujeres, el Estado mexicano sale reprobado por las Recomendaciones emitidas por la CEDAW, continuando siendo víctimas de discriminación y de pobreza, de mortalidad materna y de vulneración de sus derechos sexuales y reproductivos al decidir sobre su propio cuerpo.
En lo general, las víctimas de violación a los derechos humanos no encuentran en la institución Ombudsman a un aliado incondicional para la investigación, sanción y reparación oportuna del daño; se ha pasado por alto la Reforma del 2011 al Artículo 102-B, que refuerza la autonomía de la CNDH y de las comisiones y procuradurías estatales de derechos humanos, y busca infructuosamente transparentar y consultar a la sociedad civil para la elección de sus titulares.
En conclusión, a pesar del advenimiento de un nuevo gobierno las cosas no prometen mucho. La situación del país no puede seguir como hasta hoy a riesgo de que se sumerja en la ingobernabilidad, o peor aún, en el autoritarismo. Urge entonces a la nación un Nuevo Pacto Social. México necesita más que nunca voltear la mirada hacia el humanismo y transitar de la Cultura de la Violencia a la Cultura de la Paz, so pena de perder la esperanza en un futuro mejor. •
Notas y referencias:
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/10/31/sexenio-se-incrementa-500-casos-tortura; http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR41/063/2012/en/fdd33aa6-4226-407f-bf8ea8d7ff8bf6e6/amr410632012es.pdf; http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico1111spwebwcover.pdf; Artículo 13 Constitucional: “(…) Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. “(…) aquí a cada rato vienen a decir de las violaciones a los derechos humanos del Ejército y una serie de cantaletas que ya empiezan a cansar, que no son ciertas, porque siempre se respeta la dignidad de los criminales y se les pone ante el juez”; entrevista a Felipe Calderón en Radio Fórmula con Joaquín López-Dóriga el 26 de agosto de 2010, publicada en Milenio Diario el 27 de agosto de 2010.
