Un país de derechos humanos, no de clases medias

La categoría de “clase social” se le debe fundamentalmente a Carlos Marx. Sería retomada posteriormente por diferentes corrientes de pensamiento sociológico. Marx creía que en el capitalismo existían dos clases: los proletarios y los burgueses. Posteriormente, en la revisión crítica que Weber haría sobre este tema, alertaría que en realidad habría diferentes clases, dependiendo se si el criterio de clasificación tomara como referencia el estatus económico o las asignaciones de sentido que le dan las personas y los colectivos sociales a ciertos espacios simbólicos: la escuela, el trabajo, el hogar mismo.

Escrito por:   Mario Luis Fuentes

A lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, en las sociedades liberales-democráticas, ha predominado la idea de que existen tres clases sociales, es decir: clases alta, media y baja. Y se ha asumido que lo ideal es que se desarrolle una extendida y robusta clase media, con extremos donde están las minorías: los ricos y los pobres.

Ese esquema, parte también implícitamente del supuesto de que la concentración del ingreso y la existencia de la pobreza son consustanciales al modelo económico, y que el reto para el Estado es construir instituciones para paliar las necesidades de los más desfavorecidos.

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El tema es relevante rumbo a la elección de 2024, porque la polarización discursiva continúa, en medio de una realidad que estructuralmente tiene partido al país debido a la injusta distribución de la riqueza, que se mantiene con base en un esquema fiscal respecto del cual se ha negado una y otra vez la posibilidad de construir una reforma progresiva que alivie la anemia fiscal del Estado mexicano.

Es innegable que, en un contexto de extrema polarización socioeconómica, poco abona el discurso polarizante de la Presidencia de la República, desde el cual se elude la responsabilidad de cerrar las brechas que nos dividen, generando un ambiente retórico en el que pareciera que la cuestión de fondo es que, ante “la guerra de los codiciosos”, debe imponerse la “sublevación de los pobres contra los ricos”; cuando lo que podríamos estar construyendo es un sistema de consensos democráticos para transitar hacia una sociedad de cumplimiento generalizado de derechos humanos.

Pensar desde esas coordenadas permitiría avanzar hacia una sociedad con plenas libertades, con garantías, no de “pisos mínimos”, sino de lo necesario para la garantía de la dignidad humana para cada persona que se encuentre en el territorio nacional.

Lo anterior cobra mayor sentido porque es una falacia pensar que México es o ha estado siquiera cerca de ser un país de clases medias. En realidad, somos un país estructuralmente polarizado donde el 10% de más altos ingresos de la sociedad obtiene hasta 27 veces más que el 10% de menos ingresos. Y es ese 10% el que llena las plazas comerciales y mantiene activo el consumo de bienes duraderos, automóviles y viviendas. Son 13 millones de personas de sobre los que recae la mayor carga impositiva, excluyendo por supuesto a los súper ricos quienes aún ahora se benefician de una estructura fiscal inequitativa, incrementando con ello aceleradamente sus fortunas, incluso en medio de la crisis de la pandemia.

La otra cuestión que se asocia a lo anterior es precisamente cómo distribuir de manera pertinente los recursos; pero eso requiere un renovado pacto político para renovar el federalismo hacendario y para redefinir prioridades atendiendo estrictamente los mandatos de nuestra Carta Magna.

De este modo, pensar que es deseable que haya un 10% de pobres, un 80% con niveles salariales relativamente semejantes, y un 10% rico implica, una postura ética cuestionable; por ello debemos transitar hacia una propuesta de país de pleno cumplimiento de los derechos humanos.

El discurso polarizante es un “callejón político sin salida”, conduce al sectarismo y en los peores casos, al fanatismo y la irracionalidad. Lo que requerimos es la conciliación educada; el diálogo constructivo y una convicción democrática generalizada, que se comprometa seriamente con el mandato constitucional de garantizar universalmente los derechos humanos. No más, pero tampoco nada menos que eso.

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Investigador del PUED-UNAM