Combatir la pobreza

por Gonzalo Hernández Licona

¿Cómo reducir la pobreza y la pobreza extrema bajo el escenario actual? La respuesta directa y concreta es: resolviendo los problemas de ingreso y de carencias sociales que afectan a la población. Aunque lo anterior parezca una verdad de Perogrullo, si los esfuerzos de los gobiernos federales y locales, así como del Congreso, buscaran directamente conseguir estos resultados, la pobreza se reduciría eficazmente

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En 2012 la pobreza en México ascendió a 53.3 millones de personas; esto quiere decir que 45.5% de la población sufría la severidad de un ingreso bajo (el ingreso total era menor a 12,000 pesos mensuales para una familia de cinco individuos), y, al mismo tiempo, las personas tenían una o más de las siguientes carencias sociales: educativa (niños que no van a la escuela o adultos sin educación básica completa); servicios de salud (población que no tiene derechohabiencia pública o privada); seguridad social (población sin trabajo formal o adulto mayor sin pensión o programas sociales monetarios); vivienda (pisos, muros y techos de mala calidad, hacinamiento, sin agua, electricidad, drenaje ni chimenea si se cocina con leña); alimentación (la familia han experimentado inseguridad alimentaria y por tanto sus miembros han tenido comida insuficiente por problemas económicos).

En ese mismo año, una parte de esa población, 11.5 millones de personas, se encontraba en pobreza extrema. En estas familias, el ingreso mensual era menor a 5,840 pesos para una familia de cinco miembros, y al mismo tiempo, las personas tenían tres o más carencias sociales de las descritas anteriormente.

Para seguir este camino, se requiere una ruta clara con varios elementos:

1. Reconocer que:

a. El combate a la pobreza necesita programas y estrategias sociales eficaces, pero, más importante, requiere crecimiento económico, creación de empleos, aumento de la productividad y de los ingresos. Ningún país puede reducir la pobreza con tasas de crecimiento promedio anuales de 1.4% per cápita, como ha experimentado México entre 1990 y 2012.

b. Esto implica que el combate a la pobreza NO es asunto de una sola Secretaría. Las estrategias de las secretarías de Hacienda, Economía, Trabajo, Sagarpa o incluso el Banco de México son determinantes para reducir la pobreza.

c. Tener muchos programas sociales no implica reducir la pobreza; 273 programas y acciones sociales federales incrementan la duplicidad y poca coordinación a nivel federal. Más de 2,300 programas a nivel estatal empeoran esta situación.

2. El objetivo de la política social debiera ser el acceso efectivo y universal a los Derechos Sociales, como lo señala la Constitución. Para lograrlo se requieren políticas universales, complementadas con programas focalizados hacia las poblaciones vulnerables que menos oportunidad tienen de aprovechar las acciones dirigidas a la mayoría de la población. Por ejemplo, para cumplir el acceso efectivo universal a la educación básica no sólo se requiere una educación pública gratuita, se requieren becas monetarias a los niños y jóvenes de ingresos bajos, pues de otra forma deberían verse en la necesidad de trabajar para completar el ingreso familiar; se requiere que los alumnos con discapacidad puedan acceder a las escuelas; se requiere que la calidad de la enseñanza sea homogénea para todos los grupos sociales. Con esta visión se generaría una política social incluyente, directamente motivada por la exigencia de que el acceso a los derechos sociales DEBE ser universal y por lo tanto con énfasis en la pobreza extrema.

3. El Estado debe tener estrategias específicas:

a. El cumplimiento de derechos demanda un cambio institucional. Si la SEP, por ejemplo, tuviera como indicador principal el porcentaje de la población del país con acceso efectivo al derecho a la educación básica y que la meta fuera 100%, la propia institución buscaría medios para complementar su estrategia general de educación gratuita con acciones específicas para los grupos vulnerables. Debido a la existencia de múltiples instancias transversales que buscan atender grupos específicos (indígenas, mujeres, jóvenes, población discapacitada, adultos mayores, población en pobreza) y que tienen menos poder real y económico que las Secretarías de Estado como la SEP o Salud, la responsabilidad del acceso efectivo universal se diluye, se confunde y la coordinación no es efectiva.

b. Además de la medición de pobreza, que ya tiene un enfoque de derechos, pero que tiene umbrales pensados en los mínimos indispensables, también debería existir un indicador que mostrara el cumplimiento efectivo de todos los derechos, especialmente los sociales. Es decir, no basta con tener aseguramiento para el acceso a los servicios de salud, hace falta conocer hasta qué punto todas las personas tienen acceso efectivo y de calidad. El indicador de pobreza debiera ser el piso mínimo para después, y de manera progresiva, alcanzar el acceso efectivo universal para todos los derechos.

c. De las dimensiones que conforman la medición de pobreza, las que más afectan a la población son tener ingresos bajos y la falta de acceso a la seguridad social. Ambas tiene un común denominador: el país no ha podido crear suficientes empleos formales y de calidad prácticamente en ningún periodo de su historia. Pero hemos diseñado un sistema de seguridad social que inhibe la creación de empleos: el sistema se financia poniendo un impuesto a la creación de empleo. Se requiere entonces una reforma que busque la universalización de la seguridad social, independientemente del estatus laboral, y que sea financiada con impuestos generales, lo cual incentivará la creación de empleo. Es decir, nuevamente esta propuesta toma como centro la universalización de los derechos.

d. Como complemento a la creación de más y mejores empleos en los años siguientes, es indispensable seguir buscando mejores opciones para los programas que otorgan microcréditos o que buscan brindar opciones productivas. En general, estos programas no han tenido buenos resultados pues ha fallado la comercialización, la dispersión e incluso contraposición de diversos programas entre sí, la capacitación, así como encontrar la vocación productiva de las regiones. Se requiere innovar y probar esquemas nuevos y no suponer que los esquemas actuales funcionan.

e. Será importante valorar la posibilidad de contar con una estrategia de renta mínima universal (ingreso solidario). La eliminación de muchos programas que no tienen impacto (pero sí crean clientelas políticas) y una reforma hacendaria, podrían financiar un esquema de esta naturaleza. El ingreso mínimo se volvería un derecho y no sólo un beneficio. El esquema dependerá del financiamiento, pero hay varias opciones: un ingreso no condicionado; un ingreso condicionado a cambio de ciertas horas de trabajo manual; incentivar a que personas con ingresos altos no reciban el beneficio y se solidaricen con los más pobres.

f. Los jóvenes hoy en día no tienen apoyos suficientes y por tanto el bono demográfico se ha transformado en una bomba de tiempo (jóvenes sin preparación suficiente, con pocos cuidados en el hogar, con pocas opciones económicas y con ofertas atractivas en el mercado ilegal). Lo anterior es peor en zonas urbanas. Por esto será importante apoyar a los jóvenes para mantenerlos en escuelas de calidad de tiempo completo y con atención especial a problemas de embarazo adolescente y de adicciones.

No hay fórmulas únicas para reducir la pobreza. La sugerencia es intentar esta gama de acciones integrales y evaluar permanentemente su funcionamiento. Si la discusión sobre la pobreza no se enfoca a resultados concretos y se reduce sólo a ver cuánto presupuesto se consigue anualmente para cada programa; cuánto dinero obtienen los estados cada año; cuánto dinero se gasta; cuántos programas nuevos se generan; cuántas gorras / útiles / vales / camisetas / becas / despensas / créditos se reparten; cuántas casas (deshabitadas) se construyen; cuántas visitas a campo se realizan; o cuántas clientelas o votos se generan; entonces el combate a la pobreza deja de ser prioritario.•