El lunes 24 de octubre se conoció en redes y en medios, una controvertida opinión de la Comisión de Venecia sobre la iniciativa presidencial de Reforma al Sistema Electoral mexicano que ya se empezó a discutir en el Congreso de la Unión.
Escrito por: Sergio González Muñoz
¿Qué es la Comisión de Venecia? Es el nombre coloquial de la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional. No es una organización menor ni de alcance limitado.
Establecida en 1990, cuenta hoy con 61 estados miembros: los 46 estados miembros del Consejo de Europa y otros 15 países (Argelia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Israel, Kazajstán, República de Corea, Kosovo, Kirguistán, Marruecos, Estados Unidos, Perú, Túnez y México). Trabaja en tres áreas: instituciones democráticas y derechos fundamentales; justicia constitucional y justicia ordinaria; y elecciones, referéndums y partidos políticos.
Su misión es brindar asesoramiento legal a sus estados miembros y, en particular, ayudar a aquellos que deseen adecuar sus estructuras legales e institucionales a los estándares europeos y la experiencia internacional en los campos de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho.
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¿Qué dice la opinión que tanto revuelo ha causado? Aquí lo más relevante de las conclusiones (el énfasis es mío):
La opinión entera es un reporte de 16 cuartillas. Fue solicitada formalmente por el INE a finales de junio. En septiembre, una relatora y 4 relatores visitaron México para reunirse con el Diputado Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputaciones, Santiago Creel; con el Senador Héctor Vasconcelos y un grupo de Senadores y Senadoras de Morena; con el propio Dr. Lorenzo Córdova; con autoridades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; así como con organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia.
La opinión, a propuesta del Consejo para Elecciones Democráticas de la Comisión, fue aprobada por el pleno de ésta en el marco de su Sesión Plenaria número 132, llevada a cabo el 21 y el 22 de octubre, precisamente en Venecia, Italia.
Desde su fundación en 1990, la Comisión ha emitido 1,070 opiniones y reportes, respecto de diversos temas constitucionales de 62 países europeos, de Asia, África y Latinoamérica. 4 de ellas sobre México, de las que 2 fueron respecto de nuestra normativa electoral, solicitadas por el otrora IFE en 2011 pero emitidas en mayo y junio de 2013.
Las y los integrantes individuales de la Comisión son profesoras y profesores universitarios de derecho público e internacional, jueces y juezas de tribunales supremos y constitucionales, integrantes de parlamentos nacionales y funcionarias y funcionarios públicos. Son designadas y designados por cuatro años por los estados miembros, pero actúan a título individual.
Cuatro de estas personas fueron designadas relatoras iniciales de la opinión y son las que vinieron a México. Se trata de Paloma Biglino Campos (España), Srdjan Darmanović (Montenegro), Michael Frendo (Malta) y Oliver Kask (Estonia). Conviene resaltar que Biglino y Darmanović fueron relatores de la opinión de 2013 sobre México.
Ahora que ya arrancó formalmente la discusión en comisiones de San Lázaro sobre estos temas, conviene revisar la opinión entera. Una deliberación de entidad superlativa, como esta, merece toda la información relevante, todas las opiniones y todas las voluntades, sí, pero también tolerancia, seriedad y sentido de república.
Podríamos estar ante un momento ominoso o estelar de nuestra democracia. O con intemperancia nos abismamos a la más oscura tormenta o con lealtad democrática arribamos a mejores estadios de gobernabilidad y legitimidad. Ojalá, como país, estemos a la altura del reto. La nación lo exige, la ciudadanía lo demanda, el futuro lo merece.
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