El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dio a conocer los datos relativos al registro de nacimientos de niñas y niños nacidos vivos en el territorio nacional. La cifra que dio a conocer el Instituto es de 1,891,388 nacimientos, cifra que equivale a un promedio diario de 5,181; o bien, prácticamente 216 casos por hora.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Las entidades federativas que mayor número de nacimientos registran son, el Estado de México, con 217,873 casos. Chiapas, con 153,082; Jalisco, 132,616; Puebla, 114,998; Veracruz, 108,290; y Guanajuato, 97,886. Entre ellos, destaca sobre todo el caso de Chiapas, la entidad con mayor proporción de personas en pobreza y que históricamente ha registrado los más altos niveles de rezago y marginación en el país.
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Hay quienes sostienen que este nivel de la natalidad en el país debe verse incluso desde una perspectiva relativamente positiva, pues permitirá que el llamado “bono demográfico” se extienda en el tiempo y permita mantener ciertos niveles de crecimiento económico y, con ello, de capacidades de competitividad del país para evitar que la modificación negativa de la “relación de dependencia” no sea tan acelerada.
La cuestión es que los fenómenos demográficos no pueden pensarse sólo desde una arista; sino que deben colocarse en el contexto y considerando la complejidad estructural que implica tener altos niveles de crecimiento poblacional; así, se imponen diversos retos que van, desde los más evidentes como la necesidad de mayores capacidades para generar bienes y servicios públicos desde el Estado, hasta cuestiones relativas a la dinámica de las relaciones sociales y al interior de los hogares.
Para dimensionar la magnitud de los retos que tenemos enfrentes, es importante decir que, en lo que va de la presente administración, han nacido en el país 7.52 millones de niñas y niños; es decir, una cantidad relativamente similar a la de la población de todo el estado de Veracruz en el año 2020, cuando el INEGI la estimó en 8.063 millones de habitantes; y también una suma de poco más del doble que la contabilizada ese mismo año para el estado de Coahuila, equivalente a 3.14 millones.
Si se lleva a cabo un análisis respecto del número de nacimientos, el tamaño de población y el proceso de envejecimiento que hay en cada una de las entidades federativas, lo que resulta es que hay diferencias estatales muy importantes; y que, en términos relativos, son las entidades con mayores carencias donde están naciendo las mayores cantidades de niñas y niños.
Por otro lado, en términos sociales y de diseño de política pública, surgen cuestiones relativas a la necesidad de construir más infraestructura escolar, médica y hospitalaria; pero también infraestructura para garantizar derechos como el relativo al juego, a la activación física, acceso a la cultura y transporte seguro para la población infantil, todo lo cual se ha dejado de lado en las últimas décadas en que se ha puesto énfasis en la transferencia de recursos monetarios.
Cabe preguntarse igualmente, ¿qué significan estos niveles de natalidad en un país con tan elevados niveles de violencia social?; pues entre los que tienen mayor número absoluto de nacimientos, se encuentran Estado de México, Guanajuato y Jalisco, en los cuales se han registrado, también en los últimos cinco años, elevadas cifras absolutas de homicidios intencionales.
Otra pregunta que resulta pertinente es qué significan las tendencias de natalidad, en una sociedad donde, como en la nuestra, se han registrado acelerados crecimientos en las tasas de delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual de las personas; pero también, en las tasas de delitos contra las familias.
Para los gobiernos estatales estos datos constituyen un insumo indispensable, porque en cada una de las entidades señaladas como las de mayor número de nacimientos se tendrán elecciones en 2024, con excepción del estado de México donde hace unos días tomó posesión la nueva gobernadora, y donde este debe ser uno de los elementos centrales para la reflexión que deberá llevarse a cabo para construir el Plan Estatal de Desarrollo.
La misma reflexión aplica para los gobiernos municipales, donde el tema es de tal relevancia que tiene implicaciones desde presupuestales, como de cumplimiento del mandato explícito que tienen a partir del artículo 115 constitucional, en el que les son asignadas tareas tan relevantes como la gestión del agua, la recolección y disposición final de residuos sólidos, como la seguridad pública en su dimensión preventiva, que es precisamente donde más se ha fallado respecto de los delitos mencionados arriba.
El país ha abandonado tanto las agendas de las infancias como las relativas al acompañamiento, protección y fortalecimiento de las familias; y eso sólo podrá reconstruirse si logra retomarse con la celeridad que se necesita, una visión sistémica y con nuevas capacidades para la coordinación, la cooperación y la referencia interinstitucional.
Tenemos serios problemas en materia de mortalidad infantil, vacunación, cobertura educativa en el nivel preescolar, y la ausencia casi absoluta de una red nacional de cuidados para las infancias. Por ello, debe reconocerse que la cifra promedio de anual de nacimientos que se ha tenido en los últimos cinco años, aún con la anomalía generada en el 2020 en la etapa más crítica de la pandemia, impone responsabilidades ineludibles para el Estado mexicano y el conjunto de sus instituciones, que requieren de enormes cantidades de recursos, y para lo cual es también ineludible aliviar la anemia fiscal del Estado.
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Investigador del PUED-UNAM
