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Reflexiones sobre la comunicación política gubernamental.

A una semana del inicio formal de las campañas para el proceso federal electoral 2024 en México todavía hay mucha expectativa y poca información, esto lleva a generar las primeras interrogantes sobre el modelo de comunicación política electoral que actualmente prevalece en nuestro país, por ello, ¿será que el formato de comunicación política electoral que desarrollamos en los últimos años es el adecuado?, de no ser así, ¿cuál sería la nueva forma de plantearnos la comunicación en espacios de contienda electoral?, pero para poder explicar este tema en particular, primero hay que establecer la necesidad de la comunicación política gubernamental.

Escrito por:   Andrea Samaniego Sánchez

Tal como ahora está establecido, la comunicación política gubernamental, que no la electoral (véase Figueiras, 2022 y Sanders y Canel, 2015) es requerida para dar a conocer ante una ciudadanía cada vez más distanciada de los tomadores de decisión sobre las acciones que se han implementado para resolver problemas o atender situaciones de interés público.

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Sin embargo, en el caso nacional y producto de la historia y desconfianza hacia los gobiernos y del mal empleo de estas estrategias comunicativas, que en lugar de promover los programas de forma institucional, lo empleaban para posicionar a candidatos y candidatas en búsqueda de un nuevo encargo, es que tenemos un modelo de comunicación política electoral que legalmente impide a la administración pública y sus respectivas instituciones explicarle a la ciudadanía lo que ha hecho en distintas materias, por ello, poco o nada se sabe sobre sus acciones, y en este sentido, poco o nada se puede evaluar sobre el desempeño, más allá de las filias y fobias que cualquiera pueda tener sobre un partido político en lo general, o sobre alguna persona en lo particular que llevan a calificar lo realizado.

Esto ha resultado, como expliqué arriba, a partir del mal uso del aparato gubernamental para hacer promoción de personas, que no de las instituciones, para posicionarse de cara a la siguiente elección, o para denostar al otro partido político o contendiente lo que deriva en una inequidad en la contienda entre los que son gobierno y aquellos que se posicionan como oposición.

Es loable que existan estas restricciones, producto de los abusos, del acaparamiento de los recursos y los canales institucionales para promocionar personas, cual si ellos o ellas fueran la institución misma. Pero también habría que pensar, si la ciudadanía no cuenta con datos o información sobre los actos realizados, las políticas implementadas, los logros o fracasos, ¿con base en qué la ciudadanía tomará las decisiones para emitir su sufragio?, es decir, ¿bajo qué principios o lógicas premiarán o castigarán a los gobernantes?, más aún, si la ciudadanía no conoce que una institución es más que quienes la conforman, fácilmente pueden creer amenazas difundidas, ahora sí a partir de la comunicación política electoral, en donde se difunde desinformación (Fallis, 2009 y 2015; Rodríguez, 2018) y se amenaza que se puede perder algún apoyo en caso de no apoyar a cierto partido o candidato, es decir, este modelo fomenta el patrimonialismo en detrimento de la institución.

Es así como una comunicación política gubernamental bien cimentada e institucional nutre a la comunicación política electoral, lo cual deriva en un fortalecimiento de las democracias y la ciudadanía.

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Referencias:

Fallis, D. (2009). “A Conceptual Analysis of Disinformation”,  iConference, Chapel Hill, NC, California, Estados Unidos.

Fallis, D. (2015) “What is Disinformation?”, Library Trends 63(3), University of Illinois, pp. 401-42.

Figueiras, F.L. (2022). Comunicación, política y comunicación política, México: UNAM.

Rodríguez Andrés, R. (2018). “Fundamentos del concepto de desinformación como práctica manipuladora en la comunicación política y las relaciones internacionales.” Historia y comunicación social, 23(1), 231-244.

Sanders, K.; Canel, M.J. (2015). “Mind the gap: local government communication strategies and Spanish citizens’ perceptions of their cities”, Public Relations Review, (41), 777-784.

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