En 2018, luego de la elección presidencial, el entonces titular del Ejecutivo Federal tomó la decisión de no tomar más decisiones de gran calado para el país, con la intención explícita de que el nuevo gobierno comenzara a anunciar los principales ejes de decisión y determinación de sus prioridades. La transición del gobierno fue en ese sentido relativamente tersa pues no hubo una confrontación relevante entre las decisiones de la administración saliente y la que habría de comenzar.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
A diferencia de ello, el presidente López Obrador decidió tomar decisiones de la mayor envergadura hasta el último día de su mandato. Y más allá de que la presidenta electa Claudia Sheinbaum ha manifestado de forma abierta plena simpatía con esas medidas, se trata de un estilo que no se había visto en las últimas décadas, pues es la primera ocasión en que el mandatario saliente impone una nueva estructura, tanto orgánica como funcional de partes esenciales del Estado Mexicano, sobre todo en lo relacionado a la integración del Poder Judicial y los órganos con autonomías constitucionales.
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A pesar del enorme poder y legitimidad con que llega al cargo, la Presidenta se enfrentará a importantes restricciones, pues a lo anterior se debe añadir un entorno internacional sumamente frágil, y un contexto económico nacional limitado por el casi nulo crecimiento económico en el sexenio, acompañado de un déficit fiscal mucho mayor al que se tenía cuando inició la administración del presidente López Obrador.
Desde está perspectiva es posible pensar que lo que está ocurriendo, por ejemplo en Chalco, que lleva semanas bajo las aguas negras, no solo responde a una desatención política, sino que también podría estar determinado por la insuficiencia o indisponibilidad de presupuesto. Es posible que estemos ante uno de los resultados previsibles del cambio de una política social que destinaba recursos, aún limitados a mantener funcionales infraestructura mínima, a una que optó por repartir dinero directamente a las familias pero que limita a las instituciones ante casos dramáticos y de la urgencia que tiene lo que está ocurriendo en esa área de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.
Por otro lado, está por instalarse la nueva Legislatura Federal, la cual se enfrenta a una “presidencia dual”, la cual, por una parte, habrá de decidir cuestiones que obedecen a la visión e instrucciones del presidente López Obrador, quien intentará imponer su fuerza los últimos 40 días de su mandato; pero también comenzarán a operar las visiones, mensajes e intereses no solo de la jefa del Ejecutivo, sino de quienes integrarán su gabinete, algunos de los cuales tienen pesos, grupos y alianzas específicas, que no necesariamente están alineadas con lo que ha ocurrido en los últimos dos años en el gobierno que se va.
En esa lógica, la pregunta que está en el aire es si auténticamente habrán de transitar todas las reformas que se están debatiendo, o su discusión se ralentizará a fin de dar oportunidad a qué el diálogo se construya con el nuevo gobierno pues, a final de cuentas, su eficacia y resultados estarán determinados por lo que ocurra en estas últimas seis semanas de la administración 2018-2024.
Las últimas giras en que el presidente en funciones es acompañado por la presidenta electa la hacen parecer como una funcionaría más. Y peor aún, como que su compromiso con la continuidad de lo hecho en los últimos seis años careciese de reflexión o de una visión autónoma que permita que el resto del país pueda tomar decisiones inteligentes y estratégicas en la defensa y búsqueda legítima de concreción de proyectos, inversiones e incluso de decisiones de vida privada.
Vienen seis semanas en las que el ambiente festivo del grupo gobernante ha logrado poner en un lugar secundario de la discusión pública a las graves urgencias y penurias de ciudades y regiones enteras. Pero la realidad es siempre subversiva y no tardará mucho en imponerse. Y todo ello exige que la presidenta y su equipo estén alertas pero sobre todo, listos para resolver y garantizar los derechos de la población .
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Investigador del PUED-UNAM.
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