Confirmado: creció la pobreza laboral

Los efectos de la pandemia en el ámbito de la economía están resultando devastadores para la mayoría de la población. La crisis golpeó a nuestro país en condiciones laborales y sociales sumamente precarias, producto sí de décadas de un curso de desarrollo que propició inaceptables desigualdades y una pobreza atroz, pero también por medidas de corto plazo equívocas y por la negativa de la presente administración a implementar medidas económicas contra cíclicas.

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Uno de los resultados más duros que se están observando es el incremento de la pobreza laboral, indicador diseñado por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con el objetivo de medir cuál es el porcentaje de población que trabaja y cuyos ingresos son insuficientes para que su familia adquiera una canasta básica alimentaria, es decir, lo equivalente para no caer en pobreza extrema.

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De esta forma, los datos que presentó el CONEVAL muestran que, de manera anualizada, la pobreza laboral creció de 37.3% de la población ocupada a 40.7% entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto del 2020. Esto significa que, al cierre del año pasado, el prácticamente 41 de cada 100 personas que trabajaban, obtenían ingresos insuficientes para superar el umbral de la pobreza extrema.

Para dimensionar lo que significa lo anterior, es necesario decir que si en el cuarto trimestre del 2019 el ingreso laboral per capita promedio del país era de $1,650.06 pesos mensuales, deflactados al valor de la canasta alimentaria de 2010, en el curto trimestre del 2020 el promedio nacional cayó a $1,556.15 pesos mensuales. Como se observa, desde esta perspectiva la reducción es de 5.7% en los ingresos promedio del país.

Otra cuestión que es importante destacar es la desigualdad que prevalece entre el ámbito rural y el urbano, pues en el primero el ingreso laboral per capita promedio se ubicó en $965.5 pesos mensuales, igualmente deflactados a la canasta alimentaria de 2010; esta cifra ligeramente superior a la del cuarto trimestre de 2019 cuando se ubicó en $962.96 pesos mensuales. Por el contrario, en los ámbitos urbanos el cambio fue de $1,875.2 pesos por mes en el cuarto trimestre de 2019 a $1,761.55 pesos al cierre de diciembre del año pasado, es decir, una caída de 6.1%

Lo anterior implica que la pobreza urbana podría haber crecido con mayor intensidad y profundidad que la urbana en medio de la crisis; por lo que es de suma relevancia el conjunto de conclusiones presentadas también recientemente por el Coneval en su Informe sobre la Política de Desarrollo Social 2020, donde señala que, si bien los programas de transferencia de ingresos son relevantes, la política social de la presente administración se ha alejado de la garantía de varios derechos.

Por otra parte, es importante destacar el dato del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), captado mediante la Encuesta Nacional de ocupación y Empleo (ENOEN), en la que se muestra que, al cuarto trimestre del 2020, únicamente el 2.6% de la población ocupada logra salarios de cinco salarios mínimos al mes o más, mientras que más del 60% de la población que trabaja alcanza dos o menos salarios mínimos al día.

Estas condiciones de desigualdad no podrán reducirse de manera significativa sólo a través de programas de becas y transferencias de recursos; menos aún en un escenario presupuestal restrictivo; por ello es de suma relevancia poner el énfasis en la inversión productiva del Estado, la cual se encuentra en sus niveles mínimos históricos en la presente administración; y que se requiere elevar de inmediato en acciones prioritarias para mejorar las condiciones de ingreso de las familias vía el empleo digno, y mejorar el acceso a servicios y equipamiento de vivienda a través de acciones de apoyo gubernamental.

Si los resultados económicos habían sido malos antes de la pandemia, durante la emergencia sanitaria han sido aún peores: los datos son irrefutables y aunque puede pretenderse matizarlos, lo real es que se requiere de un replanteamiento urgente de todas las políticas sociales del gobierno.

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Investigador del PUED-UNAM

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