Conflicto social y energía eólica

por Emiliano Castillo Jara

La producción de energía eólica puede generar determinados beneficios ambientales, sociales, económicos y energéticos en comparación con la producción de los combustibles fósiles, y en este sentido, su promoción a pequeña y gran escala es deseable; sin embargo, su planeación y desarrollo es un asunto más complejo, por ello una revisión crítica a su uso actual en la zona del Istmo de Tehuantepec es fundamental, puesto que revela una realidad diferente a la presentada a la opinión pública por el discurso oficial

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El Istmo de Tehuantepec, particularmente la región correspondiente al estado de Oaxaca, es el sitio predilecto para la construcción y operación de centrales de energía eólica a gran escala en México, debido a su elevado potencial eólico, considerado como uno de los mejores a nivel mundial. Calculado en 10,000 Megawatts (MW) de capacidad eléctrica anual, el recurso eólico es suficiente como para abastecer a cerca de 18 millones de habitantes del medio urbano (Sánchez, 2007). El enorme potencial eólico de la región se localiza principalmente en los municipios de Juchitán de Zaragoza, El Espinal, San Dionisio del Mar, Asunción Ixtaltepec, Unión Hidalgo, Santo Domingo Ingenio, entre otros más.

La amplia disponibilidad del recurso eólico ha ubicado al Istmo de Tehuantepec en la mira del capital extranjero, en especial de compañías españolas del sector energético como: Iberdrola, Endesa, Gamesa, Acciona, entre otras más, que en estrecha colaboración con instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, y desde luego, con el apoyo del gobierno mexicano en sus diferentes niveles administrativos-políticos, han desarrollado el megaproyecto denominado “El Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec”. De acuerdo con información reciente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), en 2012, 15 parques eólicos se encontraban en operación en el estado de Oaxaca. En total, las centrales eólicas sumaron 1331,65 MW (AMDEE, 2013).

Asimismo, desde la óptica gubernamental y empresarial, la energía eólica se promueve bajo los argumentos de fomentar el desarrollo económico de la región oaxaqueña vía la inyección de capital privado y la creación de puestos de trabajo; suministrar energía eléctrica a las zonas rurales que carecen del servicio de electricidad; reducir a escala nacional las emisiones de gases de efecto invernadero para fortalecer la seguridad energética de cara al cambio climático; y la disminución de la producción de petróleo convencional.

El conflicto

El Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec inicia operaciones oficialmente en el año de 1994, con la instalación de la primera planta piloto; no obstante, fue a partir de principios y mediados de la década del 2000 que se observa un creciente proceso de expansión territorial de las centrales eoloeléctricas en la región, situación que ha significado la apropiación y ocupación de una mayor cantidad de tierras para su emplazamiento. Así entonces, el avance del megaproyecto eólico ha provocado la oposición de organizaciones sociales y comunidades campesinas e indígenas del Istmo de Tehuantepec debido a la ocupación de sus tierras regidas bajo esquemas de tenencia ejidal y comunal.

Desde la perspectiva de los opositores, el rechazo a los planes de fomento a la energía eólica surge de la apropiación privada del recurso eólico, de la desposesión de facto de las tierras de propiedad comunal, y de la distribución desigual de los beneficios económicos de la operación de las centrales eólicas, que en conjunto han dado pie a la generación de un conflicto entre las comunidades, el gobierno mexicano y las compañías por la propiedad de la tierra y los usos del territorio. El análisis del conflicto es relevante desde un punto de vista sociopolítico porque coloca el tema de los mecanismos de participación social en el eje central de la discusión sobre la viabilidad de los proyectos eólicos.

Ahora bien, el núcleo del conflicto reside en la firma de los contratos de arrendamiento de tierras que permiten a las compañías eólicas acceder a los terrenos donde se encuentra el recurso eólico para construir las centrales. Para los opositores del Corredor Eólico, los contratos constituyen una forma de despojo porque las empresas ocupan las tierras por cerca de 30 años, con posibilidad de renovar contrato por 30 años más, ofreciendo pagos mínimos a los ejidatarios y comuneros, y sin proporcionar información transparente y veraz acerca de los distintos impactos producidos en sus tierras.

En respuesta al desarrollo de las centrales eólicas, las comunidades rurales se han organizado y movilizado para exigir:

• La anulación de los contratos de arrendamiento de tierras

• La cancelación del Corredor Eólico

• Detener las amenazas y hostigamientos a integrantes del movimiento social opositor a los proyectos eólicos

• El cumplimiento de los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ratificado por el propio Estado mexicano, relativos al derecho a la consulta y al consentimiento libre e informado, incluyendo la información de las negociaciones y convenios acordados entre las compañías y las autoridades gubernamentales

La oposición de las comunidades queda plasmada en las siguientes declaraciones: “Las inversiones (…) sólo beneficiarán a los empresarios (…) la luz que generarán no será para los habitantes de nuestra región, sino para ser vendida a diversas empresas (…) pero principalmente para surtir de energía eléctrica a Centroamérica y los Estados Unidos, como parte del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (Asamblea en Defensa de la Tierra y el Territorio, 2009)”. Es de notarse que no todos los propietarios de tierras ejidales y comunales comparten la opinión de los opositores: hay quienes sólo buscan un pago más elevado por el arrendamiento de sus tierras y otros que están a favor de las centrales eólicas porque representan una fuente adicional de ingresos.

Con los nuevos planes de desarrollo de energía eólica en el país emergen las interrogantes de cómo las poblaciones percibirán y responderán ante la instalación de campos eólicos, y cómo el gobierno y las empresas llevarán a cabo el proceso de implementación, y el conflicto social en el territorio oaxaqueño debe servir como seria advertencia para el desarrollo de los nuevos planes de producción de energía eólica.

Impacto en las comunidades

La división de tajo entre el conocimiento técnico y los conocimientos o saberes tradicionales de las comunidades respecto de su utilidad en el desarrollo de la energía eólica entraña serias dificultades para comprender y resolver problemas vinculados al uso de nuevas tecnologías en energías renovables, cuyas implicaciones sociales, económicas, políticas y ambientales en distintas escalas espacio-temporales aún no han sido profundamente investigadas.

Así entonces, el grado de participación directa e injerencia real de las comunidades campesinas en el desenvolvimiento de los procesos de toma de decisiones asociados a la implementación de los proyectos de energía eólica es prácticamente marginal, lo cual resulta preocupante, considerando que son el principal grupo social afectado por el megaproyecto eólico. Además, téngase en cuenta que gran parte de las decisiones sobre los proyectos eólicos están prefiguradas o diseñadas de antemano en espacios geográficos remotos, y en condiciones culturales, políticas, sociales y económicas totalmente distintas y ajenas a las formas de organización sociopolítica y concepciones de los usos de los territorios de las comunidades campesino-indígenas. De este modo, las necesidades, prioridades y expectativas, así como las percepciones que cada grupo social tenga sobre los impactos generados por el desarrollo de la energía eólica varían ampliamente. Sin duda, esto adquiere relevancia si se considera que el uso de nuevas tecnologías en energías renovables exige la participación de múltiples actores sociales.

Ante la centralización y concentración de poder en la producción de energía eólica en una constelación reducida de corporaciones trasnacionales, es indispensable que los proyectos eólicos estén respaldados por una base de legitimidad social. Esto significa que los procesos de toma de decisiones y de resolución de problemas asociados al uso de la energía eólica no pueden imponerse unilateralmente y de manera definitiva, sino que deben ser negociados y acordados por múltiples actores sociales desde perspectivas y valores en conflicto, con la finalidad de asegurar la viabilidad socioeconómica y ambiental de los proyectos eólicos. Más allá de la promoción de los esquemas de participación pública, es sumamente importante que también la implementación de parques eólicos se realice acorde tanto a las características particulares del ecosistema del Istmo de Tehuantepec, como a las formas de organización socioculturales específicas de las comunidades rurales.

El asunto medular en el análisis de los proyectos eólicos no es oponerse rotundamente a la producción de energía eólica, sino subrayar que hasta el momento la construcción de las centrales eólicas a gran escala en el Istmo de Tehuantepec no parece ofrecer soluciones reales a los problemas ambientales, una mejora significativa en las condiciones socioeconómicas de vida para la población local ni una inclusión de los intereses y necesidades de las comunidades en los procesos de toma de decisiones. Por el contrario, su implementación ha generando mayores problemas, dando lugar a un conflicto social, cuyas perspectivas de resolución en el corto plazo no parecen posibles. Sin duda alguna, esto debe ser un fuerte llamado de atención para que el gobierno mexicano intervenga en el conflicto en busca de alternativas y posibles vías de solución, así como para reorientar no sólo los proyectos eólicos, sino el conjunto de la política energética en función de un proyecto nacional, integral y a largo plazo de fomento a las energías alternativas.•

Referencias:

I. Asamblea de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, “Manifestación contra la llegada de Felipe Calderón y URO a nuestro Istmo”, México, 22 de enero de 2009. URL: http://tierrayterritorio.wordpress.com/2009/01/22/manifestacion-contra-la-llegada-de-felipe-calderon-y-uro-a-nuestro-istmo/

II. Asociación Mexicana de Energía Eólica. 2013. URL: http://www.amdee.org/

III. Sánchez, Carlos. 2007. “Aprovechamiento del corredor eólico del Istmo de Tehuantepec en la generación de electricidad”, CFE, 22-23 de marzo.