Constitución: del patriarcado a la paridad política

Fue histórico el momento de la conmemoración del 106 aniversario de nuestra Constitución, el 5 de febrero en el Teatro de la República de la Ciudad de Querétaro  (antes, Teatro de Iturbide), no por los desencuentros entre los representantes del poder ejecutivo y judicial, sino, porque por primera vez en la historia  de las conmemoraciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue representado por una mujer: La Ministra Norma Lucia Piña Hernández. Atrás del presídium se encontraban los nombres de los hombres que conformaron el Constituyente de 1916 que con 187 votos, aprobó la Constitución que hoy nos rige. Ninguna mujer figura en esa lista porque no tenían derecho de ejercer el poder político.

Escrito por:  Ruth Zavaleta Salgado

Cuando se promulgó la Constitución de 1917, no se reconocieron los derechos políticos de las mujeres. Tampoco lo estaban en la Constitución de 1857, ni en la de 1824. Sólo los hombres tenían el derecho a votar y ser electos, por ende, solo ellos podían establecer los contenidos constitucionales mediante el Poder Constituyente o reformarla mediante el Constituyente Permanente (Congreso de la Unión y Congresos locales). Pero la discriminación política contra las mujeres llegó a su fin en 1953 (por lo menos en la  Constitución).

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En octubre de este año (2023), se cumplirán 70 años desde se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Reforma al artículo 34 constitucional, que reconoció el derecho a votar y ser electa de las mexicanas. De esta forma, fue en 1955 (primera elección federal después de la reforma) que, por primera vez, a nivel nacional, las mujeres pudieron votar. No obstante que la reforma, también reconoció el derecho político a ser electa a los cargos de representación popular, pasaron muchos años para que las mujeres tuvieran una presencia significativa en el Congreso de la Unión o en algún cargo del Poder Ejecutivo o Judicial.

Fue a partir de las acciones afirmativas (cuotas de género), que las mujeres comenzaron a tener presencia, primero, en el Poder Legislativo, y, posteriormente, en el Poder Ejecutivo y Judicial. Aunque, para ser exactos, fue hasta que se incluyeron sanciones para los partidos políticos (en el Código Electoral) que no cumplieran, que el número de legisladoras creció en la Cámara de Diputados, todavía muy conservadoramente (de 11.6% en 1988 a 22.6% en el 2006), pero a partir de noviembre del 2011, el crecimiento fue exponencial (37% en el 2012), porque la Sala Superior del Tribunal de Justicia Electoral, dictó la sentencia  12624 para obligar a  los partidos políticos a cumplir con la cuota de género al registrar ante el INE sus listas de candidaturas de representación proporcional y mayoría relativa (60%-40%). El crecimiento de legisladoras en el Poder Legislativo (en las dos cámaras), fue la base para que, en el 2014, se lograra la reforma al artículo 41 de la Constitución, para mandatar la obligatoriedad de la paridad política, es decir, 50% hombres y 50% mujeres en todas las candidaturas del poder legislativo en el nivel federal y estatal.

Mas adelante, también, se pudo lograr que las candidaturas para gobernar los municipios fueran registradas de forma paritaria. Pero, lo que no se pudo lograr en ese entonces, fue la obligatoriedad de la paridad en la conformación de los gobiernos federal y estatal, y en los órganos del Poder Judicial. Esto sucedió hasta la reforma constitucional del 2019, conocida como de “paridad total”, aunque se podría decir que, éste logro fue sólo a medias, porque, si bien es cierto, ya fue publicada en el DOF, falta la aprobación de las reformas de las leyes secundarias que se derivan de la reforma constitucional.

Independientemente de esta omisión legislativa, la presencia de las mujeres se ha incrementado en los gabinetes de los gobiernos estatales que han sido electos después de publicada la reforma constitucional, pero también, en el poder judicial y en los órganos autónomos. Es decir, se va imponiendo una lógica de mayor igualdad en los nombramientos de los cargos públicos. Eso parece sencillo, pero no lo es. Es producto de una larga lucha contra la discriminación política hacia las mujeres. Sin lugar a dudas, los grupos de feministas han sido fundamentales para que esa lucha sea constante, pero fue la llegada de un mayor número de legisladoras en el Congreso de la Unión, la que motivó un salto cualitativo en tan corto plazo. Si revisamos las reformas constitucionales y la promulgación de nuevas leyes para reconocer y garantizar los derechos de las mujeres y niñas, podremos descubrir que, éstas, se produjeron al paralelo de la consolidación del régimen democrático, pero, sobre todo, al paralelo del crecimiento de la presencia femenina en el quehacer público.

En ese contexto, podemos concluir que, el crecimiento de la presencia femenina en el Poder Legislativo, se encuentra íntimamente relacionado con la consolidación de la democracia. No es fortuito que, a partir del año 2000, que inició la alternancia del Poder Ejecutivo, creció la presencia femenina en el Poder Legislativo y, las reformas constitucionales y promulgación de nuevas leyes para reconocer y garantizar los derechos de las mujeres, se hayan producido en cascada. Además, a partir de esa fecha, también se crearon nuevas instituciones como, por ejemplo, el Instituto de la Mujer;  y, además, se etiquetaron presupuestos para la transversalización de la perspectiva de género (desde diciembre del 2007 hasta la fecha).

No obstante el recuento de la presencia femenina en el Poder legislativo, no es la misma historia la de la presencia de las mujeres en el Poder Judicial. La primera Ministra de la SCJN, María Cristina Salmorán,  fue nombrada en 1961, pero desde esa fecha hasta hoy, sólo 14 mujeres lo han logrado; y, hasta el 2023, por fin, por primera vez, una mujer fue electa para presidir el máximo órgano del Poder Judicial:  la Ministra Norma Piña, quien goza de un reconocimiento de propios y extraños por su trayectoria y desempeño como juzgadora.

En la lucha por la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres, todavía falta mucho camino por recorrer, pero, sin lugar a dudas, el nombramiento de la Ministra Norma Piña viene a robustecer el círculo virtuoso para lograrlo.

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