por Alberto Abad Suárez
Es el momento del acceso a la justicia en México como un nuevo paradigma. El camino no ha terminado con un poder judicial más independiente, jueces activistas en la materia y un marco jurídico más benévolo
En un popular artículo llamado “El ciudadano olvidado”, publicado en la revista Nexos en el año 2006, Arturo Zaldívar y Ana Laura Magaloni escribieron que la reforma constitucional de 1994, que modificó al poder judicial, olvidó incluir medios de protección de los derechos humanos de los ciudadanos, principalmente porque el juicio de amparo no fue reformado. En su conclusión dicho escenario obligaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a “tomar la estafeta” en la protección de los derechos humanos, cosa que hasta ese momento no había realizado el tribunal. El artículo tuvo gran impacto respecto de la necesidad de una Suprema Corte más activa en la protección de los derechos humanos. A casi diez años de su publicación, hoy presenciamos la existencia de un grupo de académicos que da seguimiento a la labor del tribunal (un grupo de Mexican Supreme Court watchers).
Gran parte del trabajo de estos autores concluyó que efectivamente el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la protección de los derechos humanos era deficiente, por lo cual debería incrementar su participación e interés en la materia. Después de las reformas constitucionales de 2011 en materia de derechos humanos y amparo, así como de las discusiones relativas al Caso Radilla, es posible señalar que el tema de derechos humanos, que hasta hace muy poco no fue una prioridad de la Suprema Corte, se ha convertido en el punto focal de su trabajo.
De cierta forma las importantes críticas realizadas a la labor de la Suprema Corte sirvieron para que esta reenfocara sus esfuerzos en la consecución de objetivos más cercanos a la construcción de un sistema de derechos. Y a pesar de lo anterior todavía nos encontramos lejos de contar con un sistema judicial capaz de garantizar su protección.
Según diversas teorías del comportamiento judicial, los sistemas judiciales tienden a voltear hacia la protección de los derechos humanos, y a conseguir ciertos avances en el tema, cuando se reúnen diversos factores, entre ellos los más relevantes son:
• La autonomía institucional
• Un marco jurídico adecuado
• Una vocación activista de los mismos jueces
• Estructuras sociales de litigio que puedan presionar para el avance de los temas
El Poder Judicial Federal mexicano ha ido ganando mayor autonomía desde la existencia de un poder político fragmentado que permite mayor capacidad de decisión a los jueces; las reformas recientes de 2011 mejoraron las condiciones de la justicia constitucional mexicana, cambiando algunas de las reglas más estrictas del juicio de amparo como la posibilidad de litigio colectivo, la inclusión del interés legítimo y las declaratorias generales de inconstitucionalidad.
Por otra parte, el arribo de ministros de distintos perfiles con un interés específico en el tema de los derechos humanos, en particular en la Primera Sala, así como la presidencia del ministro Silva Meza, orientada particularmente a ensanchar el espacio de los derechos humanos en México, muestran un tribunal más activo en la materia. El gran pendiente en mi opinión continúa siendo la debilidad de las estructuras sociales de litigio en México.
Planteado así, me parece que la discusión sobre la protección de los derechos humanos en México debe tomar un nuevo impulso desde la idea de la construcción de las estructuras sociales de litigio ausentes en el país. Los últimos años presenciamos una discusión jurídica y académica centrada en la vocación activista o no de los jueces mexicanos. Me parece que el momento actual reclama pasar esa discusión hacia ensanchar las posibilidades que tiene el justiciable en México para que sus demandas puedan ser procesadas mediante estructuras sociales de litigio.
Es imprescindible que en los años próximos se observe una tendencia creciente a la participación de defensorías públicas de calidad, de una cultura pro bono de los abogados mexicanos, de litigio estratégico, de organizaciones no gubernamentales. Acompañado todo esto de mayor atención que pongan todos los involucrados de los procesos judiciales a la participación de estas estructuras.
El siguiente paso es la construcción de las estructuras sociales de litigio que permitan que los temas de derechos humanos que de verdad importan en la sociedad lleguen a ser resueltos por los jueces mexicanos y tengan estos el compromiso de legitimarse frente a la sociedad. Solo así se comenzarán a ver los resultados de tantos años de buscar la protección de los derechos humanos de nuestro país. Solo así tendremos una justicia de verdad. Es necesario recordar que el ciudadano sigue allí.•
| Alberto Abad Suárez Dávila Coordinador del Área de Sociología del Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Affiliate Scholar del Center for the US and Mexican Law University of Houston y fundador de la página web www.justiciahable.org / abad@unam.mx |
