Las tecnologías digitales han sido fundamentales para que la economía y la sociedad sorteen los obstáculos y desafíos de la pandemia en los últimos meses. Sin embargo, millones de personas aún no tienen acceso a ellas y es urgente crear una sociedad digital inclusiva en la que se logre garantizar su universalidad.
En este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó el informe Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19, en el cual plantea la creación de una canasta básica de tecnologías de la información y las comunicaciones para todos los hogares, la cual tendría un costo anual menor al 1% del PIB.
Dicha iniciativa permitiría garantizar de forma universal la conectividad y asequibilidad a las tecnologías digitales para enfrentar los impactos de la pandemia del COVID-19 en la región.
Cepal propone cinco líneas de acción para lograrlo:
-Construir una sociedad digital inclusiva.
-Impulsar la transformación productiva.
-Promover la confianza y seguridad digital.
-Fortalecer la cooperación digital regional.
-Avanzar hacia un nuevo modelo de gobernanza para asegurar un ‘Estado de bienestar digital’ que promueva la igualdad, proteja los derechos económicos, sociales y laborales de la población, garantice el uso seguro de datos, y genere el cambio estructural progresivo.
De esta manera, los países de América Latina y el Caribe podrían garantizar dicha canasta básica de tecnologías de la información y comunicaciones a través de un computador portátil, un teléfono inteligente, una tableta y un plan de conexión para los hogares que actualmente no tienen acceso a internet.
“Los países de América Latina y el Caribe han adoptado medidas para impulsar el uso de las soluciones tecnológicas y cautelar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, el alcance de esas acciones es limitado por las brechas en el acceso y uso de esas tecnologías y las velocidades de conexión”, señalo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.
Durante 2019, siete de cada diez (66.7%) habitantes de la región no tenían conexión a internet. “El tercio restante tiene un acceso limitado o no tiene acceso a las tecnologías digitales debido a su condición económica y social”, puntualiza el informe de la Cepal.
Además, la diferencia entre la zona urbana y la rural es muy grande: el 67% de los hogares urbanos está conectado a internet, en contraste con solo el 23% de áreas rurales.
“El 42% de los jóvenes menores de 25 años y el 54% de las personas mayores de 66 años no tienen conexión a Internet”.
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En cuanto al costo del servicio de banda ancha móvil este representa el 12% del ingreso del primer quintil: “casi seis veces el umbral de referencia de 2% del ingreso recomendado por la Comisión de Banda Ancha de Naciones Unidas”.
Asimismo, el tráfico en sitios web y su uso para la educación en línea incrementó significativamente. “Entre el primer y segundo trimestre de 2020, el uso de soluciones de teletrabajo aumentó un 324% y la educación a distancia más del 60%”.
Pero esto solo es posible para las personas que tengan conexión a internet y dispositivos adeacuados de acceso.
En este sentido, Cepal destaca que en América Latina prácticamente la mitad (el 46%) de los niños y niñas de entre 5 y 12 años vive en hogares que no están conectados.
“El acceso de los hogares a los dispositivos digitales es también desigual en la región: mientras entre el 70% y el 80% de los estudiantes en los niveles socioeconómicos más altos tiene computadoras portátiles en sus hogares, solo entre el 10% y el 20% de los estudiantes pertenecientes a los quintiles de menores ingresos cuentan con estos dispositivos”.
En cuanto al trabajo, solo 2 de cada 10 personas de la región podrían migrar su trabajo a casa. n contraste, en Europa y los Estados Unidos, casi el 40% de los trabajadores podría hacerlo.
“La productividad y el cambio estructural seguirán siendo factores ineludibles para el desarrollo. La región debe avanzar hacia sistemas productivos más diversificados, homogéneos e integrados para aumentar la productividad y la inclusión productiva, lo que se traduciría en mayores niveles de empleo y salarios”, concluyó Alicia Bárcena.
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