La pretensión del gobierno federal de realizar un “ejercicio ciudadano” el 22 de enero del 2023 para que los ciudadanos emitan su voto (en urnas o de forma electrónica) sobre la intención de prolongar hasta marzo del 2028 la militarización en las calles y que la Guardia Nacional (GN) pase a formar parte de la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena), es una nueva maniobra para manipular la opinión ciudadana toda vez que, a pesar de lo que establece la Constitución, en los hechos, la política de seguridad pública ha estado militarizada desde que inició este sexenio.
Escrito por: Ruth Zavaleta Salgado
El Presidente de la República tomó la decisión de hacer esta consulta ciudadana disfrazada con el nombre de “ejercicio ciudadano” mediante la Secretaria de Gobernación que dirige una de las corcholatas presidenciales, después de que el Senado de la República no aprobó la reforma constitucional para ampliar el plazo de la presencia militar en la calle (la militarización termina en el 2024). No obstante las declaraciones del Secretario Adán Augusto López sobre sus planes de cómo va a cumplir con esta tarea, la Ley Federal de Consulta Popular establece que este tipo de ejercicios de participación ciudadana sólo las puede organizar el Instituto Nacional Electoral (INE), y además, sólo se pueden realizar en el mes de agosto (previo cumplimiento de la reglamentación vigente).
Toda esta controversia política inició con la presentación de la iniciativa presidencial de reformas de un paquete de leyes relacionadas con la intención de formalizar que la GN forme parte de la Sedena. En algunas notas periodísticas se pudo leer que, algunos legisladores (hasta de Morena) declararon que las reformas eran inconstitucionales y que, aún cuando se votaran a favor por la mayoría de Morena y sus aliados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las podría declarar invalidas, toda vez que la Constitución establece el estatus civil de la Guardia Nacional. Aún así, fueron votadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación (9 de septiembre), pero, al mismo tiempo, se inició la discusión de una reforma Constitucional sobre la ampliación de plazo para que las fuerzas armadas permanezcan en la calle.
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Sin embargo, recordemos que, si bien es cierto, Morena y sus aliados cuentan con los votos para reformar leyes secundarias, no así la mayoría calificada de votos (en el Senado de la República) para reformas constitucionales. Esto marcó un freno, por lo menos temporal, a las pretensiones del Presidente.
No obstante, cabe mencionar que desde que inició el sexenio, existen varios indicadores que apuntan a concluir que la política pública de seguridad pública y ciudadana de esta administración nunca estuvo pensada para que fuera responsabilidad de una policía civil. A pesar de que el Presidente de la República, durante la campaña, cuando fue candidato, una y otra vez se comprometió a que las fuerzas armadas iban a regresar a los cuarteles, desde que inició su mandato, a finales del 2018, hizo todo lo posible por fortalecer su presencia en las calles. Comenzó creando un Centro Nacional de Inteligencia en donde nombró como su titular a un General de División. Posteriormente, reemplazó a la Policía Federal con la Guardia Nacional con un mando civil, pero más del 70% de sus miembros son activos de las fuerzas armadas.
Por otra parte, si bien es cierto, el Congreso de la Unión aprobó reformas constitucionales y creó leyes para fundamentar la GN bajo un mando civil (marzo del 2019) en los hechos, la institución nunca tuvo los recursos económicos para consolidarse como tal. Tan solo al revisar el gasto de la cuenta pública podemos percatarnos de que, el presupuesto mayoritario, en estos casi 4 años (aprobado en la Cámara de Diputados), se destinó a las instituciones castrenses. Además, se recortaron o desaparecieron los recursos federales para el mantenimiento y fortalecimiento de las policías municipales, por ejemplo, desde el 2021 desapareció el fondo de 4 mil millones de pesos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (ver: Reporte especial de Integralia Consultores La militarización en México). Con esta acción, también queda demostrado que, la estrategia de la política pública de seguridad pública y protección ciudadana, no tuvo como uno de sus grandes ejes el de la Prevención del delito y la violencia. Si así fuera, serían las instituciones de seguridad municipal las primeras responsables en implementarla.
Para tener una idea más clara sobre la distribución del presupuesto entre las instituciones castrenses y las civiles relacionadas con la seguridad pública y ciudadana y, el impacto del gasto público si la GN es absorbida por la Sedena, la organización de México Evalúa hizo un ejercicio comparativo de los números presentados por la secretaria de Hacienda a la Cámara de Diputados en el Proyecto de Presupuesto del 2023: Juntas, la Sedena, la Semar y la GN, suman un total de 221, 617 mil millones de pesos y, por otra parte, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (ya sin la GN), la FGR, Gobernación y el Fortamun (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones) suman 80,747 mil millones (https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2022/09/21/se-impulsa-el-presupuesto-militar-y-a-las-policias-civiles-se-les-abandona/). Mas claro ni el agua, en términos de recursos públicos, quedó demostrado no solo con el gasto de los años pasados, sino con los planes del gasto del siguiente año, que la única alternativa de estrategia de seguridad y protección ciudadana depende de las fuerzas armadas, en ese contexto, la pregunta que surge es ¿para que gastar en consultas si sólo tenemos una alternativa? Lamentablemente, a pesar de que el presupuesto será el más alto de la década, no representa la importancia que requiere atender el problema del crecimiento de la inseguridad y la violencia. Los datos sobre la comisión de delitos son transparentes, si bien es cierto, los homicidios dolosos bajaron, otros delitos han crecido exponencialmente, ya lo habíamos señalado en otras colaboraciones de forma puntual: cobro de piso o extorsión, violencia sexual, feminicidios, homicidios dolosos y culposos contra las mujeres, entre otros. En conclusión, atrás del “ejercicio ciudadano” que quiere organizar la Secretaria de Gobernación, esta el fracaso de la estrategia de seguridad pública militarizada.
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Frase clave: La inútil consulta sobre la militarización, prolongación del plazo de la militarización
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