Toda administración necesita, invariablemente, de importantes márgenes de gobernabilidad para mantener la paz social, la estabilidad económica y la generación de condiciones de viabilidad para el desarrollo presente y futuro de un país; más aún en el entorno de creciente complejidad e inestabilidad global en la que nos encontramos. Hay en ese sentido, signos preocupantes que deben ser atendidos con la celeridad y contundencia necesaria, por todas las instituciones del Estado, a fin de garantizar los márgenes de gobernabilidad señalados y evitar que —frente al inminente proceso electoral del 2018 que informalmente ya inició—, se pierdan los frágiles equilibrios que mantienen funcionando al país
Es preocupante, por ejemplo, el repunte de la inseguridad y la violencia. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad, 2017 se perfila como el año más cruento en la década y podríamos llegar según los expertos —y lo deseable es que no ocurra— hasta 28 mil homicidios, que a estas alturas da igual si son producto de la violencia del crimen organizado o de la delincuencia común; porque en todos los casos se trata de defunciones producto de la violencia.
Una vez más, el país no logrará crecer más allá del 2% del Producto Interno Bruto, como promedio anualizado, lo que implica la nula recuperación de los ingresos de las familias; y también la pérdida de un valioso tiempo en la construcción de un modelo económico capaz de generar un crecimiento sostenido con equidad.
Se trata de una condición estructural que sólo podrá quebrarse si somos capaces de detonar el mercado interno, pero ello requiere recaudar más y distribuir, quizá por primera vez, con base en criterios explícitos de justicia social para garantizar universalmente los derechos humanos.
Como resultado de los llamados gasolinazos, se ha disparado un proceso inflacionario que amenaza con salirse de control. En el mes de junio, de acuerdo con el Monitor de la Inflación en https://goo.gl/j17NeR , se registró la más alta inflación anualizada de los últimos años, con severos impactos en las mercancías de consumo masivo, lo cual, combinado con la nula recuperación del poder adquisitivo de los salarios, va a afectar indefectiblemente los niveles de pobreza y vulnerabilidad social en el país.
Frente a ello, tanto la política económica como la social se encuentran paralizadas: se continúa con una inercia de ya más de 15 años, bajo un esquema de subsidios que, sin dejar de ser indispensables, resultan a todas luces insuficientes e ineficientes respecto del objetivo mayor de romper con los ciclos intergeneracionales de la pobreza.
Así, a pesar del crecimiento en el número de empleos formales registrados en el IMSS, hemos llegado a tasas históricas de condiciones de informalidad laboral; mientras que, según los datos del Inegi, habría adicionalmente alrededor de 14 millones de personas trabajando en el sector informal.
La parálisis no puede continuar; y por ello, frente a la disputa política, que arrecia en el tono, forma y nivel, lo que urge es construir un nuevo pacto fundacional en lo político, lo económico y lo social que nos dé sentido y cohesión como país; y que nos permita avanzar hacia un nuevo Estado de bienestar donde la inversión pública y privada puedan darse protegidas por un sólido Estado de derecho; y en donde su objetivo sea el cumplimiento estricto del mandato constitucional.
La parálisis que enfrentamos es de las más graves; porque no deriva de un problema sólo de diseño institucional, o de ineficiencia en la gerencia pública; deviene antes bien de la corrupción, de la falta de voluntad política y de la renuncia a construir un país incluyente y justo. Y esa lógica es la que urge romper.
Construir un nuevo pacto como el señalado, en el que, sobre todo, las partes excluidas hasta ahora, de la toma de decisiones del Estado, puedan participar y ser realmente escuchadas, requiere de una convocatoria desde una posición de legitimidad ética; quién pueda hacerla, es lo que queda por dilucidar.
Artículo publicado originalmente en “Excélsior” el 10 de julio de 2017 Barack Obama presentó su último “discurso a la nación” el pasado marte
