Contribuciones de la UNAM al Plan 25-30

El 6 de febrero la UNAM presentó a la Secretaría de Hacienda un conjunto de contribuciones para la formulación del plan nacional de desarrollo 2025-2030[1], basadas principalmente en los trabajos del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo[2].

Escribe: Enrique Provencio

Entre tantos temas relevantes y urgentes, ¿cuáles podrían considerarse críticos y que ordenen la agenda nacional del desarrollo para los próximos años? No hay respuesta única a la pregunta, y es seguro que tampoco hay una solución sencilla fincada en el sentido común, que por sí misma detone la superación de las dificultades estructurales y de las que se están configurando ahora.

Las propuestas se ordenaron según los ejes con los que se convocó a la consulta del plan, retomando los aportes de un considerable número de personas que son expertas en las diferentes materias. No hay espacio aquí para reseñar cada una de dichas contribuciones, pero los siguientes párrafos tratan de condensar sus aspectos compartidos.

El primero de ellos es que como sociedad deberíamos centrarnos en la solución de necesidades colectivas a través de servicios y bienes públicos, con acceso universal y de calidad. Estos se encuentran en un proceso de deterioro, con rezagos muy marcados frente a necesidades crecientes en educación y salud, sobre todo, pero también en infraestructura o calidad ambiental, y apenas tienen avances incipientes en áreas como los servicios de cuidado.

Los programas basados en transferencias directas a las personas (pensiones, becas y apoyos diversos) ya están consolidados, y deberán continuar bajo el principio de la no regresividad, han sido la prioridad a partir de 2019 y son apreciados por la población, pero no resolverán los problemas comunes, que tienen otra escala y otras lógicas de respuesta. No solo se requieren más recursos públicos para estos grandes campos, sino también, y quizá sobre todo, más atención política, acción comunicativa, liderazgos compartidos para marcar un cambio hacia una sociedad más sana, educada, mejor cuidada y menos vulnerable.

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El segundo aspecto se relaciona con la urgencia de contar con una nueva idea de la política social, que se oriente no solo por el propósito vigente de reducir la pobreza, la marginación y los rezagos sociales, sino que también se haga cargo de los crecientes riesgos sociales, los antiguos y los emergentes, que afectan a las comunidades y a los hogares, por los diferentes tipos de violencia, la inseguridad, el descontrol de los territorios y otros fenómenos que degradan cotidianamente la vida de decenas de millones de personas.

Quizá ya no se trate de una política social como se entendía tradicionalmente, pero esta es cada vez más insuficiente y simbólica, ya que se ocupa de manera desproporcionada de la ejecución de unos pocos programas de apoyo financiero personal. Las instituciones y sus prácticas son muy reacias al cambio, y lo que tenemos ahora es muy limitado frente a una realidad social tan compleja, que no dispone de medios para enfrentar los riesgos sociales y para asegurar el acceso a la justicia.

El tercer elemento es el de una economía orientada por el trabajo digno y bien pagado, con seguridad social garantizada, protección laboral y mejores equilibrios con la vida familiar y personal. La recuperación salarial ha sido uno de los éxitos indiscutibles de los años recientes, y se ha conocido el propósito de continuar en esa dirección, lo cual es de celebrarse. También se registran avances en algunos elementos de la protección laboral, que requieren más apoyo para los próximos años. Estas mejoras marcan una diferencia sustantiva, y apuntalan una economía más estable gracias al consumo interno.

El pendiente principal sigue siendo el empleo formal, que depende de lo que se invierta en nuevas fuentes de ocupación o en su ampliación, y esto supone que se fortalezca la inversión pública y privada, sea esta nacional o extranjera. Más empleos formales, pero también nuevos mecanismos para que quienes trabajan por su cuenta puedan incorporarse mejor a la seguridad social y cuenten con fondos de retiro. Seguimos con el pendiente del seguro de desempleo, y sobre todo, con la fragmentación y tan amplia desigualdad en el acceso a la seguridad social.

El cuarto componente es el del hábitat,  los entornos ambientales, de las ciudades y las comunidades. Se reconoce que los espacios en los que vivimos y de los servicios que utilizamos son determinantes de nuestra calidad de vida, de nuestra vida en sí misma, aunque al mismo tiempo seguimos habitando espacios que en su mayoría enfrentan un deterioro creciente, con infraestructura obsoleta y limitada, cuya precariedad alimenta los riesgos sociales y la vulnerabilidad.

La mayor parte de las ciudades requiere cuantiosas inversiones en movilidad, espacios públicos, renovación de servicios, seguridad, comunicaciones y otras áreas, con mezclas de recursos públicos y privados, para tener entornos más habitables y dignos. Al mismo tiempo, en esa dirección debe trabajar la política ambiental, en el control y reducción de la contaminación y los riesgos, junto con la protección de los ecosistemas y, sobre todo, del agua. La transición climática es parte intrínseca de la estrategia de desarrollo, y marcará no solo la provisión y la demanda de energía, sino también buena parte de las inversiones, la innovación y otros frentes, por lo que ya debe ser asumida de manera orgánica como parte del plan 2025-2030.

La mayor parte de los aspectos mencionados son muy conocidos, pero no por ello dejan de ser prioridades y urgencias. No es uno u otro, es necesario enfrentarlos de forma coordinada. Ahí está la contribución entregada para el nuevo plan, con sus propuestas estratégicas, que tratan de sumar a la construcción de una agenda para los próximos años.