Los premios Nobel de economía, Paul Krugman y Joseph Stiglitz, han propuesto varias coordenadas para pensar la desigualdad; ambos tienen perspectivas distintas respecto de las causas que generan la inequitativa distribución del ingreso que hoy nos caracteriza, como sociedad global, pero también como sociedades nacionales; sin embargo, ambos coinciden en un asunto central: la desigualdad económica y social constituye un pernicioso freno al desarrollo.
En el mismo sentido lo han pensado otros economistas, igualmente laureados con el Premio Nobel, como George Akerlof y Robert Shiller. Y desde el enfoque del desarrollo humano y la justicia distributiva, Amartya Sen ha mostrado cómo los problemas de la desigualdad y la pobreza encuentran su explicación, sí en variables económicas, pero también por las relaciones asimétricas de acceso al poder.
Estas perspectivas permiten pensar que hay una doble dimensión que debe ser explicada respecto a la desigualdad: la primera, a escala global, como un fenómeno que ha permitido que el 1% de la población mundial posea el 50% de la riqueza planetaria.
El segundo, a escala nacional y subnacional, en el que se deben considerar las variables económicas, pero también otros fenómenos generadores de profundas disparidades sociales y e incluso de la imposibilidad efectiva de acceder a servicios y bienes sociales, de cumplimiento obligatorio por mandato constitucional y legal.
Desde esta perspectiva es importante subrayar cuestiones que, en América Latina y un país como México, no pasan necesariamente por el análisis económico, pero que implican brutales condiciones de inequidad para millones de familias.
Un ejemplo claro de ello es el racismo y la discriminación por origen étnico. De acuerdo con los datos de la medición multidimensional de la pobreza, lo que ocurre en México es que sólo 4 de cada 100 indígenas son no pobres y no vulnerables por carencia de acceso a alguno de los derechos sociales considerados en la Ley General de Desarrollo Social.
Otro claro es la discriminación que se ejerce en contra de las personas con discapacidad; pues de acuerdo con los datos del INEGI, siguen siendo el grupo de población con menor grado promedio de escolaridad; con mayores condiciones de informalidad laboral; y con mayores obstáculos y barreras sociales, pero también físicas, para acceder a la garantía de los derechos humanos, tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La discriminación por edad también es un factor relevante: por ejemplo, las niñas, niños y adolescentes, siguen siendo uno de los grupos en que en mayor medida ha crecido la pobreza entre los años 2008 y 2014; y también son uno de los grupos de población con mayor incidencia de anemia, malnutrición y, sobre todo, con mayores indicadores relativos a la violencia que se ejerce en su contra.
Estos factores permiten sostener, con base en la medición multidimensional de la pobreza, del Coneval, las entidades del país con mayores proporciones de población infantil, perteneciente a algún pueblo indígena, así como con alguna discapacidad, son al mismo tiempo las entidades con mayores condiciones de pobreza; y al mismo tiempo, con mayores disparidades respecto de los estados con mayor desarrollo, y también con mayor desigualdad interestatal.
La desigualdad, vista desde el Foro Económico de Davos, es una de las grandes amenazas al desarrollo y a la democracia. En esa lógica, no sorprende que los países con mayores niveles de pobreza, violencia y desigualdad son también los que menor respaldo y confianza otorgan a la democracia, tal y como lo ha documentado el Latinobarómetro en sus distintas ediciones.
La desigualdad es una condición de lento crecimiento económico; también imposibilita la construcción de procesos de cohesión social; impide el florecimiento de la solidaridad entre personas y comunidades; y erosiona las capacidades de diálogo político para la generación de acuerdos en aras de sociedades más incluyentes, en las que, como lo señalara el filósofo Rawls, pueda darse una distribución justa de las tareas y los beneficios sociales.
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