El Diario El Financiero publicó a principios de este mes de diciembre una encuesta en donde muestra la medición realizada al Presidente de la República en su quinto año de gobierno. En este sentido y más allá de la evaluación del gobierno existen indicadores manifestados por la población que son importantes analizar con detenimiento.
Escrito por: Fernando Díaz Naranjo
Un primer registro que es de destacar son los atributos del Presidente en donde sólo un 42% manifestó “capacidad para dar resultados”. Sobre el desempeño del presente gobierno, 4 indicadores reflejan datos que deben preocuparnos. Respecto a la economía un 49% manifestó que está entre muy mal o mal por sólo un 36% que refirió que está entre muy bien o bien; sobre seguridad pública un 63% opinó que está muy mal o mal por un 24% que manifestó que está muy bien o bien.
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Un rubro en el que el gobierno sale favorablemente está relacionado con los apoyos sociales en donde un 51% refirió que está muy bien o bien por un 30% que indicó que está muy mal o mal.
Un aspecto que resalta, sobre todo porque desde el inicio de esta administración federal se marcó como una bandera de campaña, es el abatir la corrupción. La encuesta muestra que un 47% de la población (de la muestra representativa), manifestó que la corrupción está muy mal o mal por un 35% que indicó que está muy bien o mal.
En nuestro país el combate al terrible fenómeno de la corrupción que gangrena a nuestro propio sistema democrático está registrado en el artículo 113 de la Constitución Política que confiere al Sistema Nacional Anticorrupción la alta responsabilidad de coordinar acciones con las diversas instancias gubernamentales en los tres órdenes de gobierno para la prevención, detección y sanción de la corrupción a través, principalmente, de la fiscalización del buen uso de los recursos públicos.
En torno a la corrupción el 31 de octubre de 2003, la Asamblea General aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005 y con el objetivo de crear conciencia contra este fenómeno se designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción.
Bajo este contexto, el INEGI presentó estadísticas a propósito del Día Internacional contra la Corrupción en donde destaca que, en 2021, el 57.1% de la población “consideró a la corrupción como uno de los problemas más importantes en su entidad federativa”. Sobre las terribles prácticas de la corrupción en 2021, 14.7% de la población de 18 años y más refirió algún acto de corrupción al realizar algún trámite.
Por entidad federativa observamos que los estados que tuvieron una mayor prevalencia de corrupción experimentada por la población de 18 años y más fueron Baja California, Puebla y Quintana Roo, con 19.4%, 19.6% y 20.4%, respectivamente. Atrás de estas entidades encontramos a Durango, Estado de México, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Ciudad de México y Tabasco con 18.4%, 17.7%, 16.5%, 16.9%, 16.9%, 16.2% y 16.2%, respectivamente. Las entidades con menor prevalencia fueron Zacatecas y Querétaro con 8.2% y 8.4%, respectivamente.
Ahora bien, sobre los principales trámites, pagos, solicitudes de servicio y contactos en donde la población experimento al menos un acto de corrupción en 2021, destacan el contacto con las autoridades de seguridad pública (65%), seguido de los trámites ante el ministerio público (24%), permisos relacionados con la propiedad (22.3%), trámites para abrir una empresa (21.9%), trámites en juzgados o tribunales (20.9%), entre otros.
Finalmente, es importante referir que, en 2021 el costo promedio de la corrupción fue de 3,044 pesos por persona en términos reales. En el caso de las empresas, fue de 7,419 pesos en 2020.
Ante este panorama podemos definir, al menos hasta este momento que el gobierno de la República no ha cumplido con la promesa de campaña que hiciera en 2018 de abatir la corrupción y en la perspectiva del poco menos de un año que resta de la presente administración se ve muy difícil lograr la meta. Por ello, ante la proximidad de las elecciones más grande que tendrá nuestra nación en donde se renovarán más de 20 mil cargos de elección popular tanto a nivel federal como local, resultará fundamental que los partidos políticos, eventualmente las coaliciones que se registren, en su caso, así como las y los candidatos, tomen en cuenta estos registros y los hagan suyos, se comprometan a que, de llegar al cargo, sin importar filiación partidista o candidatura si es independiente, asuman la responsabilidad de abatir este fenómeno que tiene diversas repercusiones negativas en todos los aspectos de la sociedad y que puede generar, incluso, inestabilidad social.
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