por Mario Luis Fuentes
De acuerdo con el INEGI, el 88% de la ciudadanía percibe que la corrupción es muy frecuente o frecuente en sus entidades federativas; 81% cree que nunca o muy pocas veces se castiga a los delincuentes; 65% cree que los jueces son corruptos; mientras que 64% cree lo mismo de las Procuradurías estatales de las Policías ministeriales. 44% refiere que directamente, o un amigo o familiar, estuvieron en contacto con algún acto de corrupción, siendo los trámites ante las policías los que consideran como de mayor grado de corrupción.
La corrupción puede darse por dos vías, decía en un reciente artículo el ministro José Ramón Cossío: la primera, por medio del mal uso de los recursos públicos o del encargo que se tiene; la segunda, por incompetencia e ineficacia en el cumplimiento del deber marcado por la Constitución y sus leyes.
Desde esta perspectiva, el clima de violencia generalizada que amenaza a la población en todo el territorio nacional no puede entenderse sin el análisis conjunto del fenómeno de la corrupción, la cual se ha evidenciado en múltiples estudios, no es privativa de un partido político o de una ideología en particular, sino de un arraigado constructo cultural en el que “la transa” se ha normalizado como práctica y costumbre.
A pesar de lo anterior debe considerarse que en la mayoría de los casos la corrupción es responsabilidad mayoritariamente de la autoridad, la cual ha hecho de la extorsión a la ciudadanía un modus vivendi, así como una fuente inagotable de enriquecimiento ilícito de miles de funcionarias y funcionarios que han traicionado al servicio público en aras de la defensa de intereses particulares y de grupo.
Esto es así porque corresponde a la autoridad cumplir y hacer cumplir la ley; de tal forma que, ante cualquier ofrecimiento o intento de soborno, la autoridad tendría la responsabilidad de sancionar o al menos amonestar a quien pretende evitar que se le aplique la ley, cuando en sentido estricto así procede.
La problemática
De acuerdo con el monitoreo que lleva a cabo la organización Transparencia Internacional, México está ubicado en el lugar 106 en una lista que establece 177 lugares a nivel internacional, de acuerdo con el mayor o menor grado de percepción frente a actos de corrupción.
Al respecto es importante destacar que el lugar que ocupa el país en esa lista es compartido por otros tres: Gabón, Bolivia y Níger, los cuales presentan un puntaje de 34 unidades, en una escala de 1 a 100, en donde el uno se aproxima a la máxima corrupción percibida y el 100 a la mínima corrupción percibida.
Llama la atención que en este índice aparecen como los países con menor corrupción los que simultáneamente son considerados como los más equitativos en el planeta, a saber: Dinamarca, Nueva Zelandia, Finlandia, Suecia y Noruega. En contraste, los países con mayores niveles de corrupción percibida son los considerados como menos democráticos, más autoritarios y con mayores desigualdades; estos son: Sudán del Sur, Sudán, Afganistán, Corea del Norte y Somalia.
Respecto de los costos que tiene la corrupción en el país, un dato indirecto que puede utilizarse para dimensionar la problemática es la estimación del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), relativo al costo que tiene la inseguridad en el país, el cual fue calculado en 213.1 mil millones de pesos en 2013.
De acuerdo con el último dato generado por Transparencia Mexicana, en 2010 hubo en México al menos 200 millones de actos de corrupción, en el marco de 35 trámites, lo cual implicó un costo total superior a los 33 mil millones de pesos.
¿Qué tan corruptos nos vemos?
En México hay dos instrumentos que genera el INEGI que miden directamente la percepción ciudadana respecto de los niveles de corrupción existentes en sus entidades y con respecto a instituciones públicas, relacionadas con el ámbito de la procuración e impartición de justicia, así como con la seguridad pública.
El primero de ellos es la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, cuyo más reciente levantamiento se llevó a cabo en 2013. Su Módulo IV es precisamente relativo a la corrupción, la cual aparece señalada como el tercer problema más significativo para la población, después de la inseguridad y la delincuencia, percibidas como el mayor problema social, y el desempleo, ubicado como el segundo mayor problema que enfrentamos como país.
En esta encuesta se encuentra que 48% de la ciudadanía considera que la corrupción es muy frecuente en la entidad federativa en donde vive; mientras que 40.3% considera que este fenómeno se presenta de manera frecuente. Es decir, 88% de la ciudadanía considera que la corrupción es una práctica recurrente en sus contextos. Al respecto resulta sintomático que únicamente 0.9% de la ciudadanía responde que nunca se da la corrupción en sus entidades.
Adicionalmente esta encuesta nos dice que en el país hay una tasa de 12 mil personas, por cada 100 mil, que experimentaron o tuvieron contacto con actos de corrupción en alguno de los trámites que han realizado; mientras que 32 mil de cada 100 mil refirieron que algún amigo o conocido les contó de algún acto de corrupción en que se vieron involucrados. Lo anterior implica que al menos 44 mil de cada 100 mil (44%) ciudadanos, tuvieron en 2013 un contacto directo o referido directamente con actos de corrupción.
El segundo instrumento que elabora el INEGI es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe), en cuyo levantamiento de 2014 se consulta a la ciudadanía si perciben o no corrupción respecto de un grupo de instituciones.
Las peor evaluadas son las policías de tránsito, respecto de las cuales 77% de la población considera que son corruptas; le siguen las policías preventivas municipales, respecto de las cuales dos de cada tres personas creen que son corruptas; en tercer lugar, paradójicamente, se encuentran los jueces, pues 65% cree que son corruptos.
Casi en el mismo nivel están los Ministerios Públicos y las Procuradurías estatales, con una percepción sobre su posible corrupción de 64%; le siguen en ese orden las policías estatales y ministeriales, respecto de las cuales 61.6% cree que están marcadas por la corrupción; mientras que la PGR y la Policía Federal enfrentan un descrédito de 57.2% y 52.6% de ciudadanos que piensan que son instituciones donde hay corrupción.
El mundo de la tramitología
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 50.6% de los ciudadanos reporta que ha tenido experiencias de actos de corrupción en sus contactos con las autoridades de seguridad pública.
El 24.8% reporta la misma situación respecto de permisos relacionados con la propiedad, lo cual es de ámbito estrictamente local; 21.9% reporta lo mismo respecto de pagos, trámites y solicitudes y un porcentaje similar lo hace en lo relativo a trámites ante el Ministerio Público.
Uno de cada cinco ciudadanos reporta corrupción en trámites en juzgados o tribunales; 15.1% en trámites relativos a la energía eléctrica; 14.8% lo hace respecto de llamadas de emergencia a la policía; mientras que 11.8% lo hace respecto de los trámites municipales en general.
Como puede verse, el país está atrapado en una lógica de corrupción que implica una inmensa sangría de recursos, pero sobre todo de daño a la confianza en las instituciones, pues según la Envipe, 81% de los ciudadanos creen que muy pocas veces o nunca se castiga a los delincuentes, lo cual se refleja también en 93.4% de delitos que no son denunciados ante la autoridad, pues se piensa que de hacerlo o se va a perder tiempo o incluso se corre el riesgo de sufrir represalias o ser víctimas de la extorsión.
*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 09- Diciembre- 2014, p.28
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