La corrupción se constituye en un proceso de doble victimización para millones de personas, quienes no solo pierden todo o casi todo en eventos traumáticos, sino que tienen que ser testigos de verdaderos actos de latrocinio institucionalizado.
MÉXICO es considerado un país de alto riesgo ante fenómenos hidrometeorológicos, pero también a otros de tipo geológico, como son los sismos; o bien, ante posibles erupciones volcánicas, principalmente en los dos focos de alerta permanente: el volcán Popocatépetl y el volcán de Colima.
Para hacer frente a los gastos catastróficos vinculados a los llamados desastres naturales fue creado, en la década de 1990, en el siglo XX, el fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, Fonden, el cual ha incluido nuevos instrumentos de financiación internacional, como los llamados multi-Cat Bond.
La gestión de riegos que se ha desarrollado cuenta con una evaluación positiva de instituciones internacionales como el Banco Mundial, el que sostiene lo siguiente: “México fue el primer país que emitió el llamado multi-Cat Bond, a través de un programa del Banco Mundial… Es una herramienta financiera flexible que asegura a México contra terremotos y huracanes en ciertas áreas geográficas. La manera que funciona es que el gatillo para el seguro es determinado paramétricamente. Si el terremoto es de una magnitud mayor de 7.9, o la rapidez del viento es mayor que un cierto punto de referencia, entonces el monto del bono está pagado”.
Como puede verse, el diseño técnico y financiero del Fonden es a prueba de evaluaciones internacionales. Por ello cabe la pregunta: ¿por qué ha fallado tanto su implementación; y qué ha hecho que, a pesar de contar con este dispositivo financiero, las comunidades afectadas por desastres siempre terminen empobrecidas?
La respuesta no puede ser otra sino la corrupción, la cual se constituye en un proceso de doble victimización para millones de personas, quienes no solo pierden todo o casi todo en eventos traumáticos, sino que adicionalmente tienen que ser testigos de verdaderos actos de latrocinio institucionalizado.
Los casos
En México, la entidad responsable de fiscalizar los recursos públicos es la Auditoría Superior de la Federación (ASF); y de acuerdo con sus informes anuales, siempre hay importantes pliegos de observaciones en los cuales se señalan probables daños patrimoniales por el mal uso de los recursos del mencionado Fonden A continuación se citan solo algunos ejemplos de las atrocidades que se comenten en distintas entidades del país.
De acuerdo con la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 12-0-06100-02-0388, presentada en el Informe de la Cuenta Pública 2012, la ASF documentó un posible daño patrimonial por 74.19 millones de pesos, en el estado de Tabasco, por cancelación de obras, reducción de metas de obras y otros remanentes no reportados al Comité Técnico del Fonden.
En esa misma auditoría se identificó un posible daño patrimonial por 107.59 millones de pesos, pues en lugar de utilizarse en acciones de reconstrucción, se desviaron para el pago de servicios en dependencias del gobierno del estado: pago de líneas telefónicas, compra de vales de despensa, alquiler de equipo, compra de material de limpieza, etcétera. A lo anterior deben sumarse 27.094 millones de pesos por remanentes no reportados adecuadamente; y 15 millones de pesos más por contratos cancelados y no reintegrados al Fonden.
Por su parte, en el año 2013, la ASF revisó la comprobación de recursos del Fonden aplicados en el estado de Guerrero, a causa de la Tormenta Manuel. Esta auditoría es la número 13-0-04100-07-0131. En este evento hubo más de 300,000 personas afectadas, en 73 municipios del estado.
A pesar de que en esa auditoría se determinó que la entrega de apoyos del Fonden fue oportuna, una auditoría subsecuente financiera y de cumplimiento, la número 13-0-06100-02-0135, determinó que, “respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Nacional del Agua no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”.
Asimismo, se determinó que tanto la Conagua como la Sedatu no ejecutaron los recursos que se autorizaron para su operación inmediata; y que comenzaron sus acciones hasta con cien días de retraso, mientras que al mes de septiembre de 2014 se reportaron apenas avances promedio de cumplimiento de los contratos otorgados de apenas el 53 por ciento.
En el caso de Veracruz, el Informe de la Cuenta Pública relativo al año 2014 señala lo siguiente respecto del Fonden: “La entidad fiscalizada no comprobó el reintegro de la parte federal de 1,066,722.9 miles de pesos al Fideicomiso 2003, la cual asciende a 531,683.6 miles de pesos, saldo que no se ejerció en relación con el monto autorizado… y que representa un atraso de tres años y dos meses en la conclusión de los proyectos autorizados…”.
En la auditoría practicada al gobierno de Veracruz se determinó un probable daño patrimonial por más de 531 millones de pesos por recursos no ejercidos del Fondo.
Los casos pueden multiplicarse y, de hecho, se puede sostener que no hay una entidad de la república mexicana en que se hayan aplicado recursos del Fonden en donde no se hayan detectado irregularidades graves, así como importantes probables daños o afectaciones presupuestales.La gran falla de la pobreza y la desigualdad
Llama la atención que de 2010 a la fecha, los recursos del Fonden que se han aplicado para atender casos de sismos se han concentrado en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los más pobres y los cuales no han entrado en verdaderos procesos de reconstrucción, si por ello se entiende una modificación estructural de las condiciones que colocan a decenas de miles de personas en alta vulnerabilidad frente a los sismos.
De acuerdo con el Fonden, se han canalizado entre los años 2011 y 2017, a esas tres entidades, una suma de 4,127 millones de pesos para distintos procesos de reconstrucción ante diversos sismos, por lo que sorprende que, una y otra vez, sea allí mismo en donde ocurren las peores desgracias y se presenten las mayores pérdidas, tanto en vidas humanas como en términos económicos.
Destaca sobre todo el dato del Coneval, emitido en agosto de este 2017: tanto en Chiapas como en Oaxaca, el porcentaje de personas pobres creció entre 2014 y 2016, mientras que en Guerrero la disminución fue estadísticamente no significativa.
Comentario final
Entre los años 2000 y 2017 se han registrado 2,457 sismos de magnitud 4.5 o mayor. Y va a seguir temblando, pues tenemos cinco placas tectónicas debajo de nuestro territorio nacional.
Es cierto que se ha avanzado en materia de protección civil; en materia de normatividad, reglamentación y criterios de construcción; pero en lo que seguimos teniendo un infinito déficit es en la corrupción y la impunidad para quien la vuelve práctica y modo de vida.
La corrupción, cuando se trata de desastres naturales y su prevención, resulta asesina. Y eso es lo que no debe tolerarse más, lo que hace urgente revisar a profundidad al Fonden, sus mecanismos de asignación pero, sobre todo, su aplicación y operación, porque si algo resulta infame es que personas mueran, se empobrezcan o pierdan parte de su patrimonio porque unos cuantos vivales aprovechan la desgracia ajena para apropiarse de los recursos que deberían aliviar a las víctimas.
