El 11 de febrero del 2024 fue publicado el Índice de Percepción de la Corrupción a cargo de la organización Transparencia Internacional quien realiza un análisis cada dos años en el que mide los logros o nulos avances de 180 países para combatir uno de los mayores fenómenos que gangrenan a las sociedades: la corrupción.
Escribe: Fernando Díaz Naranjo
México fue ubicado en la posición número 140 de estos 180 países que son evaluados, es decir, obtuvo una calificación apenas de 26 puntos de 100 posibles lo que muestra por una instancia independiente, la triste realidad de nuestro país. En 2022, nuestra nación se ubicaba en el puesto 131 con 31 puntos que, dicho sea de paso, no era un registro nada alentador y éste que presenta el Índice menos.
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De acuerdo Transparencia Mexicana, resulta fundamental comprender los alcances de cinco rubros para comprender los lamentables resultados obtenidos para nuestro país:
- La reforma judicial, la cual ha presentado diversos episodios, entre ellos la generación de incertidumbre sobre sus alcances. Las reformas constitucionales en la materia no son conocidas por una buena parte de la población e incluso a nivel internacional.
- Casos de impunidad como los de Odebrecht, Pemex Agronitrogenados, la Estafa Maestra, y los casos de corrupción relacionados con Segalmex.
- Las sanciones en materia de responsabilidades administrativas a cargo de los órganos de fiscalización superior que son los entes que supervisan, vigilan, observan e implementan sanciones que, como lo documenta Transparencia Mexicana, “de las 3,350 posibles responsabilidades administrativas iniciadas por los 33 órganos de fiscalización superior entre 2017 y 2024, 281 casos (8.4%) terminaron en sanción por parte de tribunales administrativos”.
- La creciente corrupción a nivel estatal que involucra al crimen organizado que “evidencia posibles nexos entre gobiernos y el crimen organizado”.
- Empresas “fantasma”, algunas controladas por el crimen organizado. Justamente diferentes medios de comunicación han documentado múltiples casos de este tipo de empresas “fantasma” y sin que, en algunos casos se haya registrado alguna acción concreta de las autoridades competentes.
Estos datos son consistentes con los relevados por el INEGI en diciembre de 2024 de acuerdo con las estadísticas que registró a propósito del Día Internacional contra la Corrupción (9 de diciembre).
De entrada, el INEGI reveló que en 2023 el 14% de la población de 18 años y más fue víctima de algún acto de corrupción. Asimismo, el 59.4% de las personas que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública, principal exigencia de la población fue víctima de corrupción.
El INEGI muestra una serie bienal de 2013 a 2023 en donde la mayor prevalencia de corrupción se registró en 2019 alcanzando un 15.7%.
Ahora bien, Transparencia Internacional advierte que la corrupción no solo esta afectando el desarrollo económico y social de los países que presentan estos indicadores, sino también, se consolida como un obstaculizando para la implementación de políticas que buscan beneficiar a la población.
Bajo este contexto, la corrupción tiene efectos devastadores en la calidad de vida de las y los ciudadanos. Los países con altos niveles de corrupción suelen presentar deficiencias en servicios esenciales como salud, educación e infraestructura. Además, la inseguridad y la pobreza se ven en aumento cuando los recursos públicos son utilizados para beneficio personal o de un pequeño grupo, en lugar de la población en general.
Esto también afecta de manera directa a la economía ya que la corrupción se encarga de disminuir o sesgar la inversión extranjera, pues las empresas evitan establecerse en entornos donde los sobornos y la falta de transparencia predominan.
Todos estos registros pueden afectar lo más valioso de nuestro sistema político: la democracia, a través de que la corrupción merme instituciones, se dañe el Estado de Derecho y, como consecuencia la ciudadanía sea abandonada a su suerte.
La lucha contra la corrupción no solo requiere medidas urgentes e importantes, sino también un compromiso principalmente del gobierno en sus tres niveles y de todos los colores, así como la participación activa y permanente de la sociedad, como vigilante y exigente de sus derechos que puede manifestar en cada elección. ¡Veremos!
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