Desde el año 2019 México Social ha documentado un incremento constante de las denuncias por delitos contra la familia. Esto implica una triple posibilidad: a) puede ser que la violencia en las familias sea constante y que se estén incrementando las denuncias, b) puede ocurrir que la violencia se esté incrementando y que ante tal incremento se haya incrementado proporcionalmente el número de denuncias o c) que estén ocurriendo ambas cosas: es decir, que simultáneamente esté incrementándose la violencia y, a la par, tanto en términos absolutos como relativos, esté incrementando la denuncia. Lo que es un hecho es que, en medio del COVID-19, creció la violencia en las familias.
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Lamentablemente, debido a la estructura y formatos de presentación de la información sobre incidencia delictiva no es posible saber qué es lo que está ocurriendo, lo cual es crucial a fin de tener mejores políticas, tanto para la prevención, como para la persecución y sanción de estos delitos; y, sobre todo, para la reparación del daño a las víctimas.
De acuerdo con las estadísticas de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a lo largo del 2019 hubo 239,219 carpetas de investigación iniciadas por delitos contra la familia; esa es la cifra más alta que se ha registrado históricamente en el país. Por esto, es importante destacar que, en el primer trimestre del año pasado, el número de denuncias por estos delitos fue de 52,253, es decir, 21.84% del total anual.
Frente a esos datos, en el primer trimestre de este año ya se ha llegado a 63,104 denuncias por delitos contra la familia, es decir, 20.7% más respecto del mismo periodo del 2019. De tal forma que, si continúa esa misma tendencia, al final del año podría llegarse a una cifra aproximada de 288,737 denuncias, cifra que, al ubicarse por fuera de los intervalos de confianza de los promedios de los últimos cinco años, no se explicaría por el azar o el factor tiempo, sino por elementos externos que, muy probablemente, sean atribuibles a los efectos del confinamiento de la pandemia.
Es interesante observar que en el mes de marzo del 2019 hubo 19,258 denuncias por el grupo de delitos contra las familias, mientras que en marzo del 2020 asciende a 23,214 casos, cifra que se ubica por arriba de la más alta registrada para el año 2019, que se registró en mayo, con 22,772. Esto significa que en marzo de este año se tiene un registro 2% superior en el número de denuncias por delitos contra la familia, respecto del mes más violento del año pasado.
Una de las instituciones más abandonadas en México es el Sistema Nacional DIF, la cual se vuelve hoy crucial en la construcción de una política integral de protección de las familias; pues asumir que por sí mismas, millones de familias van a salir adelante, en términos de salud mental, emocional y lazos de solidaridad y cariño en su interior, constituye un yerro mayúsculo, pues las condiciones materiales, económicas y sociales que ya eran adversas para las familias, se agudizarán y profundizarán en medio de la pandemia.
Urge, pues, un cambio en la dirección general del DIF Nacional, y se requiere ahí un perfil que tenga la capacidad de comprender en toda su complejidad lo que significa la asistencia social en México, sus aristas y complejidad operativa. Y reconducir a lo que nunca debió dejar de ser un sistema, para proteger a lo que el propio presidente de la República considera, en sus términos, la principal institución de seguridad social en México.
En congruencia con esa idea, el gobierno de México debe revalorar el papel del DIF, dotarlo de los recursos y capacidades que necesita para diseñar una política integral de desarrollo de las familias y cumplir con todos los mandatos que tiene asignados tanto en la Ley General de Salud como en la Ley de Asistencia Social, así como en la Ley general de Víctimas.
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