Cualquier estrategia para salir de la emergencia económica y sanitaria debe poner a la niñez en el centro de todas las decisiones. De otro modo, cuando se recobre “la normalidad” regresaríamos a la misma ruta de desatención y vulneración de derechos, condenándoles a continuar con una vida de carencias.
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Hace 30 años entró en vigor la Convención de los Derechos de la Niña y el Niño, a pesar del amplio mandato y responsabilidad que asumieron los países signantes de esta convención. Lo cierto es que los avances que se tienen siguen siendo insuficientes frente a la dimensión y magnitud del mandato ético-político contenido en este tratado internacional.
Es importante reconocer que desde la ratificación de la convención, en México no se ha logrado consolidar un sistema nacional que vele integralmente por el cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños, y que brinde protección integral a aquellos que viven en las mayores condiciones de vulnerabilidad.
Sin derechos
Es importante destacar que, ante la emergencia sanitaria y económica que tenemos enfrente, hay tres grandes problemas estructurales que engloban y sintetizan múltiples rezagos respecto de la garantía de los derechos de este grupo de población.
El primero es la pobreza masiva y las consecuentes condiciones de hambre en que viven millones de niñas y niños en el país; el segundo es la mortalidad infantil, la cual está en relación directa con adversos determinantes de la salud, y el tercero es la violencia y el descuido en el cuidado y protección de la niñez.
Respecto del primero de ellos, es importante decir que el grupo de menores de 18 años en México es aquel en el cual se han dado las menores reducciones en los indicadores de pobreza y vulnerabilidad.
En efecto, de acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza, 2018, el 49.6% de quienes tenían menos de 18 años en esa fecha vivían en condiciones de pobreza; mientras que únicamente el 18.4% de ese grupo etario era considerado, simultáneamente, como no pobre y no vulnerable; esto sin pensar en los bajísimos umbrales que se tienen para esta medición, los cuales se encuentran muy lejos de una auténtica noción de dignidad humana.
Muertes que no debieron ser
Sobre el segundo indicador, es relevante destacar que, en las estimaciones preliminares presentadas en el Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, mantenemos un indicador de dos dígitos, al ubicarse en 11.8 defunciones por cada mil nacidos vivos. Lo anterior implica que cada año fallecen alrededor de 26 mil niñas y niños antes de cumplir el primer año de vida, entre los cuales alrededor del 30% fallecen por causas totalmente prevenibles, como las diarreas, las enfermedades respiratorias agudas y otras enfermedades infecciosas o, incluso, la desnutrición y el hambre.
Respecto del tercero, basta con señalar que entre los años del 2010 al 2018, de acuerdo con las estadísticas de mortalidad del Inegi, han fallecido por homicidio doloso 4,010 niñas menores de 15 años. Esto hace un promedio de 445 niñas y niños que mueren por lesiones intencionales, lo que nos convierte en uno de los países de la OCDE con mayor violencia homicida en contra de su niñez.
Lo que en mayor medida preocupa es que la pandemia, además de traer enfermedad y fallecimientos, viene acompañada de miedo e incertidumbre, se producirá más pobreza. Otros problemas probablemente se profundizarán: embarazo adolescente, abuso de todo tipo en los hogares, daño y deterioro de la salud mental, trabajo infantil y también, quizá, mayor tráfico y trata de niñas y niños.
La niñez primero
Por lo anterior, cualquier estrategia para salir de la emergencia económica y sanitaria debe poner a la niñez en el centro de todas las decisiones. De otro modo, cuando se recobre “la normalidad” regresaríamos a la misma ruta de desatención y vulneración de derechos, condenándoles a continuar con una vida de carencias.
Además de la corrosiva incertidumbre sobre cuándo va a terminar este complejo periodo de amenaza a la salud y la vida de todas y todos. No podemos perder más tiempo en la construcción de un país centrado en garantizar universal e integralmente todos sus derechos.
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