por Fedro Carlos Guillén Rodríguez
La década de los sesenta significó un hito en la historia del hombre moderno; la invención de la pastilla anticonceptiva, las revueltas estudiantiles, el clímax de la guerra fría y los movimientos por los derechos civiles son sólo algunas de las muestras de este período de cambio al que pertenece el nacimiento de una percepción social inédita: la del deterioro ambiental
Diversos factores contribuyeron a ello: la publicación en 1962 de “La Primavera silenciosa”, el canónico libro de Rachel Carson acerca de las consecuencias del uso de pesticidas, y diez años más tarde se presentó el informe “Los límites del crecimiento”, encargado por el Club de Roma al MIT, en el que se advertían consecuencias muy importantes a nivel planetario si los seres humanos no modificaban sus patrones de consumo y crecimiento. No es casual que en las agendas públicas las primeras entidades encargadas de atender problemas ambientales se crearan en la década de los setenta y con ellas grupos de la sociedad civil con preocupaciones en cuestiones de medio ambiente que, si bien en un principio eran genéricas, han ido ganando precisión y formando una serie de agendas específicas.
No es desmedido afirmar que las organizaciones de la sociedad civil a lo largo de estos años, han influido de manera decisiva en la generación de políticas ambientales, sin embargo, es justo consignar que esta explosión civil que se manifiesta en cientos de organizaciones sociales que velan por el derecho a un medio ambiente sano debe ser analizada cuidadosamente, ya que en este universo hay muchísimas acciones destacables pero que admiten matices.
Durante décadas nuestro país vivió una condición de impunidad ambiental en todos los términos, la prioridad era el desarrollo nacional y ello provocó que perdiéramos el 90% de nuestras selvas tropicales, la contaminación de la mayoría de las cuencas nacionales o la contaminación ambiental en las grandes ciudades. El Presidente Echeverría incluso creó una Comisión Nacional de Desmonte en aras de abrir terreno productivo a la agricultura y la ganadería.
La creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, el Instituto Nacional de Ecología y la Semarnap permitieron una plataforma institucional inédita y se convirtieron en un interlocutor gubernamental autorizado para la discusión de los problemas ambientales del país. Resulta evidente que las autoridades han reconocido el papel clave de la sociedad civil en la defensa de los derechos ambientales y, en consecuencia, han creado figuras jurídicas como la consulta pública en los casos de manifestaciones de impacto ambiental, e inclusive consejos consultivos para el desarrollo sustentable en los cuales se manifiestan preocupaciones sociales de muy diversos tipos.
Es evidente que cualquier demanda o propuesta debe basarse en un contexto de información confiable y veraz; éste es un asunto de la máxima importancia, ya que uno de los sesgos más frecuentes entre algunos grupos organizados es la manipulación –a veces bien intencionada, en otras no– de la información con la que se cuenta con el fin de producir una mayor reacción pública. Al respecto también se pueden reportar avances, ya que los sistemas de acceso a la información pública son ya un hecho y ello ha favorecido una mayor rendición de cuentas.
Otro tema en que la sociedad ha resultado un baluarte es en el de la creación de conciencia ambiental. Temas como las enormes matanzas de animales, la deforestación de las selvas tropicales, los vertederos de contaminantes en cuerpos acuáticos o la generación de proyectos de desarrollo en zonas con enorme valor son ya centro de atención pública gracias a los esfuerzos de muchos grupos organizados que, valiéndose de los avances tecnológicos como las redes sociales y medios masivos, los exponen de manera pública propiciando de esta manera una mayor conciencia colectiva.
Grupos ciudadanos han propiciado la restauración de áreas verdes, la oferta de transporte no contaminante, las vedas forestales. Asimismo, han hecho pública información acerca del estado de nuestros recursos y las presiones que los amenazan; esta labor invaluable debe ser reconocida y valorada. Es necesario también que los ciudadanos contemos con filtros e información suficiente para entender aquellas propuestas que tienen un alcance diferente y en las que algunos grupos han aprovechado la buena voluntad de muchas personas con el objeto de manipularlas y obtener botines políticos. Ésta no es una tarea fácil, pero en la medida que la sociedad civil organizada se manifieste de forma abierta, informada y responsable, será relativamente sencillo entender cuáles son las causas que debemos apoyar para que nuestro país cuente con un verdadero desarrollo sustentable que nos brinde bienestar a todos los mexicanos.•
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