El crimen organizado existe fundamentalmente porque es un gran negocio, que además de generar incontables dividendos para quienes lo dirigen, en determinados momentos les dan accedo, de manera directa o indirecta, al poder político. Esto se ha dado principalmente en el nivel comunitario, y con el tiempo se va expandiendo a otros niveles y magnitudes de control territorial que, en casos extremos pueden llevar a la corrupción de funcionarios del más alto nivel.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
México es quizá uno de los casos paradigmáticos de lo anterior a nivel global. En las décadas de los 80 y 90 se vivió un acelerado crecimiento de los grupos criminales dedicados a la producción, distribución y compra-venta de enervantes, localizados en regiones específicas: de manera significativa en Guerrero, donde la siembra de amapola y marihuana ha sido histórica, pero también, de manera cada vez más extendida, en los estados de Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Chihuahua y Sinaloa.
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En esas décadas la presencia de los grupos de narcotraficantes era predominantemente rural. Actuaban con un criterio de alta clandestinidad pues, aún cuando se trataba de una actividad “tolerada por el Estado”, en realidad la capacidad corruptora de los grupos delincuenciales no era de la magnitud suficiente como para disputar espacios de poder a los gobiernos de las principales ciudades o incluso a gobiernos estatales.
El caso de Mario Villanueva Madrid cambió la perspectiva que se tenía en el país respecto de la capacidad de penetración del narco. La acusación y detención del ex gobernador, en 1999, acusado por cargos de narcotráfico y corrupción, encendió todas las luces de alerta en torno a la presencia de los grupos delincuenciales en diferentes espacios de la política mexicana, en niveles que alcanzaban ya a gobiernos estatales.
La lista de exmandatarios estatales o de grandes ciudades acusados o procesados por delitos vinculados a la delincuencia organizada es ya larga y se ha registrado señaladamente en Tamaulipas, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Veracruz, Baja California, Nayarit, Quintana Roo, Puebla, Coahuila, Morelos y Estado de México, por citar sólo los más visibles.
Igualmente, la lista de candidatos y ex mandatarios que han vivido atentados que les ha costado la vida o heridas graves también es creciente. Desde inicios de este siglo y hasta la más reciente elección, no ha habido un proceso federal o local que no haya estado manchado por la sangre de personas víctimas de la violencia política o asociada a la política.
Todo lo anterior permite pensar en la magnitud de las ganancias que obtiene el crimen organizado en el país. En efecto, el impacto económico del crimen organizado en México es significativo y multifacético, afectando tanto a las industrias formales como informales. Uno de los problemas más destacados es la extorsión, una práctica que ha impuesto costos considerables a las empresas. Según datos oficiales, las pérdidas anuales debido a la extorsión y robo ascienden a unos $6,800 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 0.67% del PIB de México. Estas prácticas no solo afectan a empresas grandes, sino sobre todo a productores agrícolas, comerciantes y pequeñas empresas en diversas regiones del país
Además, la producción y tráfico de drogas sigue siendo una fuente significativa de ingresos para los grupos delictivos. El tráfico de fentanilo, en particular, ha aumentado considerablemente, ya que los cárteles se adaptan a la disminución de los mercados de marihuana y heroína en Estados Unidos. De hecho, entre 2019 y 2023, las incautaciones de fentanilo en la frontera de México con EE. UU. se incrementaron diez veces.
Estos factores económicos se combinan con un entorno de violencia generalizada, donde las tasas de homicidios y otros crímenes violentos continúan siendo altas. La interrelación entre los grandes capitales y los grupos del crimen organizado, en algunos casos, ha facilitado el control territorial y la perpetuación de la violencia, especialmente en estados como Michoacán, donde la presencia de grupos delictivos afecta tanto a la economía como a la seguridad.
En resumen, los negocios del crimen organizado en México representan una economía subterránea poderosa que no solo genera ingresos significativos a través de actividades ilícitas, sino que también impone costos elevados a la economía formal y contribuye a la perpetuación de la inseguridad en el país.
Por otro lado, el control territorial del crimen organizado en México es una problemática de gran magnitud. Estudios recientes indican que aproximadamente el 81% del territorio mexicano está bajo la influencia o amenaza de organizaciones criminales. Esta cifra refleja la capacidad de estas organizaciones para establecer su control y operar en vastas áreas del país.
Un informe elaborado por AC Consultores, utilizando datos de diversas fuentes como el gobierno federal, autoridades estatales, y documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), señala que en México operan al menos 175 grupos criminales. Los cárteles con mayor presencia son el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, que operan en 28 y 24 estados respectivamente. El CJNG, por ejemplo, tiene influencia en lugares con una población combinada de alrededor de 55 millones de personas, mientras que el Cártel de Sinaloa afecta a aproximadamente 36 millones.
En términos de extensión territorial, el Cártel de Sinaloa domina o tiene presencia en alrededor de 674 mil kilómetros cuadrados, mientras que el CJNG lo está en alrededor de 477 mil kilómetros cuadrados. Estos cárteles no solo controlan grandes extensiones de terreno, sino que también impactan en áreas urbanas densamente pobladas, como la Ciudad de México. En esta capital, se registra una presencia alarmante de grupos criminales, con hasta un 216% más organizaciones en comparación con otras entidades del país.
Debe enfatizarse que el control territorial no sólo es sobre calles y avenidas, sino sobre personas y grupos de población; lo cual implica no sólo que los criminales dispongan de apoyos adicionales, sino que también, por simpatía o temor, se le da la espalda a las instituciones, perdiendo con ello la posibilidad del restablecimiento y reconstitución del tejido social.
Estos datos subrayan la complejidad del desafío que enfrenta México en su lucha contra el crimen organizado. La capacidad de los cárteles para operar y expandirse tan ampliamente resalta la necesidad de políticas efectivas y colaborativas para combatir su influencia y restaurar la seguridad en las comunidades afectadas.
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Investigador del PUED_UNAM
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