La realidad de inseguridad que atraviesan estados como Michoacán, Jalisco y Guanajuato es, sin duda, una de las más graves amenazas al desarrollo social y humano en México. En estas entidades, el crimen organizado ha consolidado su control sobre vastas áreas del territorio y ha permeado sectores clave de la economía local, actividades legales y apoderándose y ampliando su radio de acción en otras numerosas actividades ilegales. Esta situación ha generado un profundo deterioro del tejido social, aumentado la desconfianza en las instituciones y agravado la violencia que afecta diariamente a miles de familias. Transformar esta realidad es un imperativo ineludible para la nación.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
En Michoacán, por ejemplo, la producción y comercialización de aguacate y limón, dos de los productos más valiosos de la región, han sido cooptadas por grupos criminales que imponen cobros de extorsión a los productores y regulan su acceso a los mercados. Esta situación no solo genera pérdidas económicas significativas, sino que también afecta la estabilidad de las comunidades agrícolas, que enfrentan constantes amenazas y violencia, y en no pocas ocasiones, también el desplazamiento forzado y la expulsión permanente de sus comunidades.
Te invitamos a leer: Lista de año nuevo, 1
En Jalisco, el cártel dominante ha extendido su control sobre actividades que van desde la producción de drogas sintéticas hasta la extorsión de pequeños negocios, la venta de combustible robado y la trata de personas. Este entramado criminal ha generado una economía paralela que vulnera las instituciones estatales y fortalece a las organizaciones delictivas, las cuales han logrado tener presencia incluso a nivel internacional, donde también disputan territorio y control de actividades.
Por su parte, en Guanajuato, la violencia ligada al robo de combustible y al control territorial por parte de grupos criminales ha hecho de este estado uno de los más violentos del país. Las industrias manufactureras y automotrices, que representan un pilar económico para la región y el país, también enfrentan amenazas constantes, lo que incrementa la percepción de inseguridad y reduce la confianza de los inversionistas; afectándose sobre todo a los productores y comerciantes locales, que enfrentan cotidianamente el asedio de la extorsión y el cobro de piso.
La situación que enfrentan Michoacán, Jalisco y Guanajuato guarda paralelismos alarmantes con lo que sucede en diversas entidades del norte del país, como Sinaloa, Chihuahua, Baja California y Sonora. Estas entidades, a pesar de sus diferencias geográficas y económicas, comparten patrones de violencia extrema y control territorial por parte del crimen organizado.
En Sinaloa, sobre todo en fechas recientes, la pugna entre cárteles ha convertido al estado en uno de los epicentros de la violencia en el país; de hecho, luego de tres años, Sinaloa regresó a la lista de las entidades más violentas, en lo que se refiere a los homicidios intencionales. La extorsión, el secuestro y el tráfico de migrantes son actividades predominantes, mientras que las carreteras y zonas rurales se han transformado en espacios de constante peligro para la población. Las comunidades viven en un estado de sitio no declarado, donde el miedo es la norma.
Chihuahua, con su extenso territorio y su proximidad a la frontera con Estados Unidos, enfrenta problemas similares. La región es un punto clave para el tráfico de drogas y armas, lo que ha generado violentas disputas entre grupos criminales. La ciudad de Juárez, en particular, ha sido el escenario de altos niveles de homicidios, así como de una profunda crisis social que afecta a los sectores más vulnerables de la población.
En Baja California, la presencia de grupos criminales que se disputan el control del tráfico de drogas y otras actividades ilícitas ha afectado la calidad de vida prácticamente todo el territorio estatal, pero especialmente en Tijuana y Mexicali. En los últimos años, el aumento en los delitos de alto impacto ha debilitado la percepción de seguridad, incluso en municipios considerados clave para el desarrollo económico del estado.
En todas estas regiones, el crimen organizado no solo controla actividades ilícitas, sino que también ha infiltrado sectores formales de la economía, como la minería, la agricultura y el comercio. La corrupción en instituciones locales y estatales es un factor que permite la continuidad de estas redes delictivas, mientras que la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno complica la formulación de estrategias efectivas para combatir el problema.
Además, el desplazamiento forzado es un fenómeno que afecta tanto al norte como al centro del país, desarraigando a miles de familias y generando crisis humanitarias que suelen ser ignoradas por las autoridades. Estas dinámicas agravan el ciclo de violencia, ya que las comunidades desplazadas se convierten en poblaciones vulnerables para el reclutamiento criminal o enfrentan serias dificultades para integrarse a nuevos entornos.
Hay un patrón adicional que debe destacarse. En todos los casos las crisis que se enfrentan podrían agravarse en los siguientes meses, pues son entidades, todas, que están vinculadas a la agenda migratoria, ya sea como expulsores de personas migrantes, o bien, como entidades donde se tendrá probablemente un retorno masivo de personas que se encuentran de manera irregular en los EEUU.
En efecto, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, son las tres entidades que más remesas familiares internacionales reciben todos los años; pero también lo es el estado de Sinaloa; mientras que Baja California y Chihuahua podrían convertirse en las dos entidades que podrían recibir la mayor cantidad de personas, tanto de México como de países centroamericanos como latinoamericanos.
Asimismo, en tanto que son entidades con economías altamente vinculadas a las tendencias de exportación hacia los EEUU, de imponerse los aranceles con los que ha amenazado el presidente Trump, podrían enfrentar también nuevos desafíos para mantener a flote sectores económicos que podrían tener presiones adicionales y, en el peor escenario, situaciones críticas que podrían llevarlas al desacoplamiento con la economía norteamericana.
El impacto social y económico de esta violencia generalizada no puede subestimarse. Las inversiones se retraen, las cadenas productivas se fracturan y la descomposición del tejido social profundiza las desigualdades existentes. Las similitudes entre las crisis de seguridad en Michoacán, Jalisco y Guanajuato, y lo que ocurre en el norte del país, dejan en claro que el problema del crimen organizado no es regional, sino una amenaza nacional que exige una respuesta integral y sostenida.
También podría interesarte: El Mexclapique Mariposa de Jalisco
Investigador del PUED-UNAM
“Comparte esta información para crear conciencia sobre la cuestión social en México”.“¿Te pareció útil este artículo? Difúndelo con tu red y súmate al cambio”
