Una de las preocupaciones que han tomado fuerza en nuestro sistema democrático es la posible incursión del crimen organizado en las elecciones tanto federales como locales que se realizan periódicamente en nuestro país.
Escribe Fernando Díaz Naranjo
Y no es un tema menor que debe ser observado, vigilado y que incluso podría ser necesario ajustar la propia normatividad electoral con el objeto de prevenir, sancionar y erradicar la posible intervención de organizaciones que operan fuera de la ley generando un riesgo a los actores políticos participantes, a las instituciones electorales y, por supuesto, a la ciudadanía que es el artífice principal de estos ejercicios electivos.
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Los aspectos que pueden incidir en trastocar nuestro sistema electoral que ha costado muchos años edificarlo pueden ser, entre otros, los siguientes:
- La posibilidad de que existan recursos de procedencia ilícita para los institutos políticos contendientes en elecciones, o bien, para candidatas o candidatos lo que podría implicar un vínculo con el crimen organizado y podría significar, incluso, que quien resulte ganador o ganadora de la elección, deba sus intereses no necesariamente a la población, sino a este tipo de organizaciones.
- La peligrosa profesionalización de las organizaciones del crimen organizado, es decir, la cooptación de profesionales que seguramente obligados, lleven a cabo insumos tales como la elaboración de encuestas y/o estudios que reflejen las preferencias electorales para que dichas organizaciones intimiden o pretendan negociar con los posibles punteros, lo que resultaría gravísimo no solo para la elección respectiva, sino para la propia salvaguarda de la población.
- Ante la posible incursión del crimen organizado en elecciones, y si esto resultase evidente, podría generar en la población el temor de participar en la elección de que se trate lo que resultaría probablemente en generar altos índices de abstencionismo que sería catastrófico para la voluntad de las y los ciudadanos. Además, traería múltiples problemáticas, entre las que destaco, la posibilidad de que la ciudadanía no quiera prestar su domicilio para la instalación de las casillas electorales; o que las personas encargadas de prestar auxilio para diversas actividades de logística electoral no quieran participar; o que existan problemas para acreditar funcionarias y funcionarios de casilla, o representantes de partido político, entre muchas más.
- De ser evidente la incursión del crimen organizado en alguna elección podría provocar que candidatas o candidatos declinen o simplemente no les interese participar para obtener alguna candidatura a algún cargo de elección popular lo que implicaría que se tomen otra serie de acciones que podrían dejar fuera la voluntad de la población.
Ahora bien, gracias al modelo con el que fue edificado el Instituto Nacional Electoral (INE) es posible atenuar y hasta en cierta medida controlar las problemáticas planteadas, por los siguientes motivos que describo a continuación:
- La estricta fiscalización que realiza el INE al origen, monto, destino y aplicación, de los recursos tanto federal como local, que reciben partidos políticos, coaliciones, candidatas y candidatos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y las realizadas en el transcurso de las campañas electorales. De encontrarse violaciones a la norma, se presenta la ruta correspondiente para la investigación del caso, teniendo a salvo sus derechos los actores políticos para recurrir a los tribunales en caso de que consideren que se han vulnerado sus derechos debido a las multas o infracciones impuestas.
- De las revisiones que el INE realiza, en caso de no contar con la atribución de imponer alguna sanción en específico, da vista a diversas instancias que, si son competentes, tales como la Fiscalía General de la República, la Cámara de Diputadas y Diputados, entre otras.
- La escrupulosa revisión de los requisitos que, por ley, deben cumplir partidos, coaliciones, candidatas y candidatos para acceder a los diversos cargos de elección popular que elección tras elección, están en juego.
- La permanente supervisión en campo, que realizan los órganos desconcentrados del INE.
- La profesionalización de los servidores públicos para llevar a buen puerto sus atribuciones legales.
- Los procedimientos rigurosos que realizan las autoridades electorales para llevar las diversas actividades inmersas en cada una de las etapas de los procesos electorales, entre otras acciones.
No obstante, sería recomendable que el Legislativo revise la norma con el objetivo de actualizar algunas disposiciones que le permitan a las autoridades electorales contar con mayores herramientas de fiscalización, el incremento de sanciones, la obligatoriedad de que diversas instancias coadyuven con el INE para esclarecer hechos que puedan ser constitutivos de algún ilícito entre otras.
El Legislativo tiene la gran oportunidad de blindar nuestro sistema democrático ahora que muy probablemente sea analizada la normativa electoral, así que esperamos que actúe en beneficio de la columna vertebral de nuestro sistema político: la democracia.
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Frase clave: El crimen organizado en elecciones
