Contra la criminalización de la pobreza

Alma es madre soltera, con estudios básicos y se dedicaba al hogar. Ella estuvo inmersa en una situación de vulnerabilidad de pobreza extrema, y se vio involucrada en la comisión de un delito tipificado como Fraude Electoral en la modalidad de alteración del Registro Federal de Electores, previsto y sancionado en el Código Penal Federal. Por este delito le impusieron seis años de prisión y 150 días de multa, equivalente a $7,088.20 pesos. Alma estuvo privada de la libertad en el Reclusorio Preventivo Femenil de “Santa Martha Acatitla”, en la Ciudad de México.

escrito por: Por Ivone Mares Ahedo/Defensora pública federal

Debido a que ya había cumplido más de la mitad de la pena (3 años, 6 meses y 19 días en prisión), y otros requisitos contemplados en el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, era candidata al beneficio de libertad condicionada; el cual se promovió el 28 de mayo de 2021.

Seis meses después se celebró la audiencia de ley, donde se solicitó al Órgano Jurisdiccional juzgar con perspectiva de género y un enfoque de interseccionalidad. Se argumentó, por parte de la defensa, que al momento del ilícito era ama de casa y por su entorno de pobreza Alma no tuvo alternativa para obtener un beneficio económico en especie. Inclusive, por la naturaleza del delito, se tendrían que privilegiar otros mecanismos que realmente le permitieran reinsertarse, como el caso del beneficio de libertad condicionada.

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Lo trascendental de este caso fue generar sensibilidad ante el juzgador federal, para que al momento de emitir su determinación se realizara sin prejuicios, con un enfoque de interseccionalidad y al amparo del protocolo de juzgar con perspectiva de género, acreditar que la justiciable se encontraba reinsertada socialmente.

Además, cada caso sometido a la Defensa pública debe analizarse de una forma integral, quiénes son los representados, cuál es el contexto en el que se dio la comisión del delito, las implicaciones que generó la conducta reprochada para ella y su entorno, y la necesidad de difundir los ordenamientos ante la población para un discernimiento de las consecuencias legales e inhibir de esa forma la criminalización de la pobreza.

Así, la Defensoría pública federal ha dado un impulso para que los usuarios como Alma, ejerzan sus derechos fundamentales de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, debido proceso y defensa técnica adecuada por conducto de los abogados del pueblo, con una visión profesional y humana, cercana a la gente.

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Ivonne Mares Ahedo/Licenciada en Derecho
Maestra en Política Criminal
Maestra en Juicios Orales
Doctoranda en Derecho
Abogada Postulante
Secretaria de Acuerdos en Preceptoría Juvenil
Defensora Pública Federal
Directora de Área de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura
Defensora Pública Federal

DEFENSORA PUBLICA FEDERAL por CONVICCIÓN