La organización internacional Human Rights Watch (HRW) presentó su reporte anual, 2024, dando cuenta de la grave crisis de derechos humanos que se vive en numerosos países del mundo, entre los que sin duda se encuentra nuestro país. A pesar de lo que se dice en la propaganda oficial, en México permanecen problemas estructurales, y otras más se han agravado, haciendo que los ligeros avances que hay en algunos rubros, palidezcan ante la gravedad de las otras situaciones.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Para dimensionar la gravedad de lo que implica la información contenida en el reporte, basta con transcribir los primeros párrafos de cada uno de los temas que se abordan en el informe, en lo relativo a nuestro país.
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La primera afirmación del reporte es demoledora, dice textualmente: “El presidente Andrés Manuel López Obrador, que asumió el cargo en 2018, ha hecho pocos avances para atender a los desafíos en materia de derechos humanos en México, incluyendo la violencia criminal extrema, abusos contra migrantes, violencia de género, ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales”.
El informe continúa y dice en materia de seguridad y acceso a la justicia: “Las instituciones de procuración e impartición de justicia rara vez garantizan la rendición de cuentas por crímenes violentos y violaciones de derechos humanos. Alrededor del 90 % de los delitos nunca se denuncian”.
En materia de Tortura: “Es habitual que policías, fiscales y soldados usen la tortura para obtener información y confesiones… Las autoridades recibieron al menos 15.904 denuncias penales por tortura entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2023”.
Sobre las detenciones arbitrarias: “El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias visitó México en septiembre (2023) y expresó su preocupación sobre que ‘la detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y con demasiada frecuencia es catalizadora de malos tratos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias’”.
En torno a los abusos militares: “Al igual que sus predecesores, el presidente López Obrador ha dependido en gran medida de los militares para realizar tareas de la seguridad pública…Existen evidencias de que la Secretaría de la Defensa ha utilizado el programa de espionaje Pegasus durante el gobierno de López Obrador para espiar ilegalmente a defensores de derechos humanos… Las Fuerzas Armadas han obstruido la investigación y el enjuiciamiento de violaciones de derechos humanos cometidos en el pasado”.
Sobre las personas desaparecidas: “Miles de personas desaparecen cada año en México. Las autoridades suelen no tomar medidas básicas para buscar a personas desaparecidas. La falta de capacidad forense contribuye a que se produzcan desapariciones e impide su resolución.”
Sobre los ataques a periodistas y defensores de derechos humanos: “México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. Desde enero hasta septiembre de 2023, ocho periodistas fueron asesinados… Es habitual que las autoridades no investiguen adecuadamente los delitos contra periodistas… México es también uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos. En 2022, 22 defensores de derechos humanos fueron asesinados”.
Sobre las personas migrantes y solicitantes de asilo: “Las personas que migran a través de México regularmente son víctimas de delitos cometidos por los cárteles u agentes estatales. Los delitos contra migrantes rara vez se denuncian, investigan o castigan. El presidente López Obrador ha intensificado los esfuerzos para evitar que los migrantes logren cruzar el territorio de México para llegar a Estados Unidos”.
La dureza del diagnóstico es de suyo evidente; y ante el cierre e la administración no bastará con la descalificación esperable del Ejecutivo, respecto de que “este tipo de organismos son conservadores; “que son de la derecha internacional”; “que son neoliberales”, entre otros adjetivos que en poco ayudan a construir un diálogo serio sobre los pendientes y urgencias que se acumulan en el territorio nacional.
La reflexión sobre los derechos humanos es imprescindible en un país como el nuestro; pero lamentablemente, el discurso del Ejecutivo Federal ha reducido la categoría a una dimensión ideológica que está atrapada en un callejón sin salida. En términos estrictos, se trata de una tradición de pensamiento liberal que el presidente no comparte y que, de hecho, rechaza y combate.
Sin embargo, parafraseando a Lucien Febvre, los combates por la historia, en el plano de las ideas, deben darse con base en una disposición permanente a la escucha; a la reflexión mesurada y al intercambio genuino de ideas. Y en ello el presidente ha errado, porque ha mantenido posiciones inamovibles y ha rechazado cualquier posibilidad de rectificar y al menos, repensar sus prejuicios respecto de la realidad nacional y la pluralidad y diversidad de posiciones y voces que convivimos en México.
La lista de temas del reporte de HRW es mucho más extensa que lo resumido aquí; y sin duda, los rezagos en el cumplimiento de otros derechos humanos son enormes: salud, alimentación, educación, vivienda, son solo algunos de los rubros donde, si no actuamos con la velocidad requerida, México podría entrar a un colapso tanto institucional como de la posibilidad de construir una democracia perdurable.
Lo urgente, frente al proceso electoral que se percibe como una temporada de posible violencia política extendida, es colocar las principales decisiones del Estado sobre el eje de la defensa y garantía -sin cortapisas ni regateos-, de los derechos humanos; pues en el contexto en que estamos, esto se convierte en una condición necesaria para que nuestro régimen constitucional de derecho mantenga credibilidad, pero, sobre todo, viabilidad.
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Investigador del PUED-UNAM
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