En medio de la estridencia de la discusión mediatizada -que no pública, en el sentido estricto del término-, los resultados que di a conocer el INEGI respecto del Censo Agropecuario pasaron desapercibidos para la mayoría, perdiendo de nuevo la oportunidad de abrir un debate nacional, de la relevancia que tiene el caso, en torno a los retos del desarrollo que se mantienen para nuestro país.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Los datos revelan una magnitud de problemáticas que no deben ni pueden soslayarse, porque implican una gran cantidad de retos y oportunidades, en una enorme diversidad de agendas, algunas cuyos problemas son históricos y estructurales, y otros más, representan nuevas dinámicas cuya solución requiere de esfuerzos intersectoriales de gran alcance.
Según los datos del INEGI, en México hay 4.44 millones de unidades de producción agropecuaria, que van desde pequeñas parcelas, hasta poderosos centros productivos que se dedican a la generación de productos de exportación y que, en conjunto, le han convertido en uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional.
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En los 4.4. millones de unidades de producción laboran 27.25 millones de personas, de las cuales, 22.82 millones son hombres y 4.42 millones son mujeres. Del total señalado, se tiene registro de 3.32 millones de productores que aporta mano de obra no remunerada; más 5.77 millones que son familiares de la o el productor, y que también aporta mano de obra no remunerada: de ellos, 4 millones son hombres y 1.73 millones son mujeres.
Llama la atención que este dato no coincide con el que aporta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en la cual se consigna que habría tres millones de personas que están ocupadas, pero que no reciben ingreso por su trabajo; dato mucho menor al que se registra en el Censo Agropecuario; lo cual no obsta que probablemente haya personas que aportan trabajo no remunerado en el sector rural, pero que realizan tal vez trabajo remunerado en otros sectores.
Por otro lado, el Censo estimó en 2.1 millones el número de personas que aportan mano de obra remunerada en el sector agropecuario, de los cuales, 1.8 millones son hombres y 302,093 son mujeres. Asimismo, habría 16.05 millones de personas que laboran como jornaleros agrícolas, de los cuales 12.2 millones son hombres y 1.84 millones son mujeres.
Destaca que Chiapas, Puebla y Veracruz son las entidades que reportaron el mayor número de unidades económicas; pero no son necesariamente las que mayor proporción aportan al PIB agropecuario del país. En efecto, las tres entidades que más aportaron al PIB del sector primario nacional en 2021 fueron: Jalisco, con 13.2%; Michoacán, 9.5% y Sinaloa, con 7.8%; seguidos de los estados de Veracruz, con 7%; Chihuahua, 6.5%; Sonora, 6.1% y Guanajuato, con 5.4%
Lo anterior revela que en el sector agropecuario del país se reproducen las desigualdades que caracterizan a México pues, por ejemplo, el estado de Chiapas, siendo el segundo estado con mayor número de unidades económicas agropecuarias, aporta apenas poco más del 1% del PIB agropecuario de todo el país.
Debe destacarse además que, del total de unidades económicas que se estimaron en el Censo agropecuario hubo 3.6 millones en las que se preguntó por las principales problemáticas que enfrentan; y de estas, en 2.99 millones de casos (83.40% del total de las que fueron consultadas sobre e ello) declararon tener al menos una de las problemáticas consultadas.
De este modo, habría 82% de las unidades productivas que identifican como principal problemática el alto costo de los insumos y servicios; el 64.5% considera que son los factores climáticos; el 37.2%, la baja de precios o disminución de ventas debido a la pandemia de la COVID19; el 37% los atribuye a factores biológicos; el 27.6% a la pérdida de la fertilidad del suelo; el 21% a la inseguridad; el 20% a dificultades para transportación; el 16.2% a la escasez de mano de obra; el 15.6% a la edad avanzada de los productores; el 11.7% al excesivo intermediarismo;
Como se observa, las problemáticas mencionadas por las y los productores se cruzan con las “grandes agendas nacionales”; es decir: cambio climático, pobreza, desigualdad, inseguridad, falta de crecimiento económico y deficitaria existencia de mecanismos de distribución justa de las tareas y los beneficios sociales.
No debe dejarse de lado, además, que la población que habita en el mundo rural es de aproximadamente 27 millones de personas; y que son ellas y ellos, junto con las y los trabajadores agropecuarios, a la par de los pueblos y comunidades indígenas, los que custodian a las principales reservas de agua, bosque y selva del país, es decir, nada menos que el capital natural de México.
Una característica que debe subrayarse respecto de las personas productoras agropecuarias es su bajo nivel de escolaridad promedio. En efecto, según los datos del Censo Agropecuario, habría un 14.5% de esta población que no tiene estudios de ningún tipo; el 72.4% cuenta con educación básica; el 7.8% tendría educación media superior o carrera técnica, mientras que sólo el 4.6% tendría estudios de nivel licenciatura o de posgrado.
Hay otros problemas no identificados explícitamente por los productores, como las dificultades de tecnificación del campo, especialmente en lo que respecta al manejo sostenible del agua; y otros vinculados al manejo de residuos orgánicos que generan una importante cantidad de gases de efecto invernadero, principalmente el metano.
Hay otras cuestiones como el de los productos transgénicos, y otros más relativos al uso del suelo y la depredación que existe, sobre todo como una amenaza permanente sobre las superficies boscosas y de selva en todo el territorio nacional, además de que no se tiene una política específica de manejo y gestión de exosistemas del desierto o de territorios en acelerados procesos de desertización en el centro y norte del país.
El Censo Agropecuario nos recuerda que vivimos en un país con una superficie territorial inmensa; y que la población que la habita podría ser, en sí misma, un país. Por ello, ni en términos sociales, ni en los económicos y ambientales, podemos seguir siendo omisos en la responsabilidad de construir las políticas y programas que se necesitan, con urgencia, para desarrollar de forma sostenible a este sector del país.
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