México vive la mayor crisis forense de su historia. En las últimas tres décadas, el fenómeno de la desaparición forzada de personas se ha incrementado hasta llegar a niveles récord, mientras que el número de homicidios culposos y dolosos ha llegado a tal magnitud que la capacidad de los servicios médicos forenses en las entidades ha llegado a un límite que les mantiene desbordados y en la incapacidad de proporcionar los servicios que requiere el país.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Datos de terror
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2023 se recibieron en las instalaciones de los servicios periciales de todo el país un total de 94,983 cadáveres. De ellos, 77,382 fueron hombres, 16,221 fueron mujeres y en 1,290 casos no pudo determinarse el sexo de la persona. Por otro lado, también se recibieron en los servicios periciales 11,690 “piezas” de restos humanos, así como 873 óbitos fetales y 1,415 componentes y productos humanos.
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La información oficial revela además que al cierre del año 2023 se tenían 15,878 cadáveres almacenados en anfiteatros, laboratorios y centros de resguardo forense, así como 12,938 restos de seres humanos en las instalaciones mencionadas. Para atender esta problemática en el país, se cuenta únicamente con 32 coordinaciones estatales de la fiscalía general de la República, así como 413 unidades de servicios periciales o servicio médico forense en las entidades de la República.
Los estados que tienen una mayor infraestructura coinciden con algunos de los que reportan un mayor número de homicidios intencionales o de personas desaparecidas, siendo Jalisco la entidad con mayor número de unidades estatales, con 45; Michoacán, con 31 y el estado de Guanajuato con 30.
Creciente demanda
De acuerdo con el INEGI, la demanda de servicios periciales se ha incrementado de manera relevante en los últimos años. En efecto, en el año 2016 se tuvo una solicitud de 3.25 millones de solicitudes de intervención pericial tanto en la FGR como en las unidades estatales. De ellas, poco más de 339,777 quedaron sin concluir. Para el año 2017 el número creció a 3.62 millones, con 101,619 inconclusas al final de ese año.
En el año 2018 la cifra se ubicó en 4.76 millones, creciendo el número de las inconclusas a 253,256 casos; para el año 2019 se llegó a 4.98 solicitudes de intervención pericial, con 218,350 casos sin conclusión. El año 2020 se registró un importante descenso en el número, ubicándose en 3.94 millones, con 204,144 casos no concluidos.
Para el año 2021 se incrementó de nuevo el número a 4.86 millones de casos, con 258,341 sin concluir. En el 2022 la cifra fue de 4.82 millones, con 284,744 casos inconclusos, mientras que el 2023 fue el año récord con 5.07 millones de solicitudes de intervención admitidas, y llegando a 227,503 casos sin concluir.
Situación pavorosa
En el año 2023, de los 94,893 cadáveres recibidos en los servicios forenses del país, 81,188 se reportaron como completos y con conservación de tejidos blandos. 4,831 se registraron como completos, en estado de descomposición; 1,319 se reportaron completos esqueletizados; 697 fueron completos, con exposición al fuego, mientras que 6,858 fueron reportados como “no identificados”.
Faltan profesionales
Según el INEGI, en los servicios periciales y forenses del país las especialidades más numerosas de las personas que laboran como peritas son: criminalística, con 2,126: medicina forense: 1425; psicología forense, con 868; y valuación de bienes y servicios, con 466.
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