por Saúl arellano
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inflación acumulada al mes de agosto se ubicó en 6.66%, respecto del mismo mes del año pasado. De acuerdo con el instituto, los componentes en los que se ha registrado mayor incremento son los alimentos, particularmente, las frutas, verduras, el huevo y las carnes.
En el mismo sentido, los energéticos han mostrado un severo incremento y, en consecuencia, lo han hecho también los precios y las tarifas del transporte público y privado de pasajeros.
Como puede verse, se trata de los capítulos de gasto más relevantes de los hogares de ingresos medios y bajos, los cuales destinan hasta 50% de sus ingresos precisamente a la compra de alimentos, medicinas y a trasladarse a sus centros de trabajo.
Dada la polémica suscitada ente la construcción de la nueva serie de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH, 2016), y a la construcción de un modelo estadístico para hacer comparables en el tiempo los resultados de la medición multidimensional de la pobreza que presentó recientemente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), sería de suma utilidad que este último organismo llevara a cabo un estudio de coyuntura para estimar el impacto que el incremento de precios tendrá en los niveles de pobreza a finales de este año.
Lo anterior es legalmente posible, pues de acuerdo con el Artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), la medición multidimensional de la pobreza debe llevarse a cabo con base en nueve variables, además de otros datos que el CONEVAL estime conveniente.
El citado artículo establece: “Artículo 36. Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social, y deberá utilizar la información que genere el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, independientemente de otros datos que se estime conveniente[1], al menos sobre los siguientes indicadores…”.
Llevar a cabo estudios relativos a la medición de la pobreza también es posible, legalmente hablando, sin necesidad de esperar dos años más. Así lo establece el Artículo 37 de la LGDS, en el cual se lee: “Los estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social deberán hacerse con una periodicidad mínima de cada dos años para cada entidad federativa y con información desagregada a nivel municipal cada cinco años, para lo cual deberán hacerse las previsiones presupuestarias correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática pueda llevar a cabo los censos, conteos y encuestas correspondientes”.
El artículo es claro: la medición es bienal, de manera “mínima”, por lo que cabe llevar a cabo estudios con base en modelos estadísticos que permitan, en un contexto como el que vivimos, tener información de la mayor precisión posible.
Dicho de otro modo: si bien hubo una reducción en el porcentaje de personas en condiciones de pobreza, los datos de que dispone el CONEVAL relativos al ingreso de los hogares, vistos a la luz del proceso inflacionario de 2017, permiten plantear como hipótesis que tal disminución pudo haberse diluido, porque los mayores incrementos de precios se están dando en el ámbito de los alimentos y del transporte.
Ése es el contexto en el que México Social propone la lectura de los datos relativos al Índice de Precios al Consumidor.
El panorama general
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), el monto del salario mínimo general pasó de $73 pesos a $80.04 pesos entre los años 2016 y 2017. Se trata de un incremento cuyo efecto en el poder adquisitivo ya se diluyó, pues en términos porcentuales representó un aumento de 3.9% frente a un incremento de 6.6% en el índice de precios al consumidor en lo que va de 2017.
Frente a ello, los datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) permiten afirmar que el salario mínimo general apenas alcanza para comprar un kilo de aguacate y un kilo de jitomate, pues en sus tablas de precios, dependiendo de la variedad, el precio del kilogramo de cada uno de estos productos puede llegar a $55 y $25 pesos, respectivamente.
Estamos, pues, ante un panorama en el cual las familias tienen que optar por racionar la comida, tanto a adultos como a niñas y niños, tal y como lo muestran los propios resultados para viviendas y hogares de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH, 2016), pues, sólo por citar un ejemplo, en poco más de 7% de los hogares donde hay niños, alguno de ellos se acostó habiendo comido solo una vez al día o incluso sin haber comido nada.
Desde esta perspectiva, la lectura de los datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) puede ponerse en un contexto más amplio.
Ya se dijo que el índice general tuvo un incremento de 6.66% entre agosto de 2016 y agosto de 2017 y, analizado los componentes en que se desagrega, lo que se encuentra es que el transporte tuvo un incremento anualizado de 10.34%. Para el capítulo de “Alimentos, bebidas y Tabacos” el incremento se ubicó en 9.91%, “otros servicios” tuvieron un aumento de 6.01%, mientras que en el componente de “muebles, aparatos y accesorios domésticos” el aumento se ubicó en 5.13% anualizado.
Precios de escala
Lo que se estima que ha ocurrido en términos porcentuales con los precios, puede invisibilizar de algún modo el impacto que esto tiene en los bolsillos de los hogares más pobres. Por eso es importante documentar cuánto se han incrementado los precios de productos específicos en el largo plazo.
Así, por ejemplo, los datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), de la Secretaría de Economía, muestran que el precio del kilo de la pechuga de pollo pasó de $44.9 pesos en 2012, a $60.22 en lo que va del año 2017. Lo anterior significa que ha habido un incremento de 34.12% en el periodo señalado.
Por su parte, el precio del kilo de la carne de res en canal (importada), pasó de $56.82 pesos en el año 2012, a $83.81 pesos en lo que va de 2017; es decir, un aumento acumulado de 47.5% en el periodo señalado.
Asimismo, el precio del aguacate hass pasó de $23.76 pesos en el año 2012, a $46.36 pesos en lo que va del presente año, lo que implica un incremento de 95.11%. Por su parte, el precio del frijol negro bola tuvo un incremento de 18%, mientras que el azúcar refinada presentó un aumento en su precio de 29.3% en el mismo periodo, al haber pasado de $13 pesos por kilo en 2012, a $16.8 pesos en lo que va de 2017.
Urge el abasto popular
La decisión de política pública de finales de los años 90 en el siglo XX, y principios del presente siglo, fue desmantelar las redes de abasto popular. Desapareció la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) y se creó en su lugar DICONSA.
El efecto ha sido brutal: se perdió una red de abasto de productos populares, se fracturó la posibilidad de crear y fortalecer mercados alimentarios locales y se desmanteló la capacidad del Estado de regular los mercados de los alimentos.
La lógica indicaría que es una de las peores decisiones de política pública que se han tomado y que, en un contexto de pobreza estructural, de desigualdad creciente, asociado a la pandemia de obesidad y sobrepeso, que ha llevado a la declaratoria de “emergencia sanitaria nacional”, es urgente reestructurar al sistema alimentario nacional, dando prioridad a la disponibilidad y la accesibilidad a alimentos sanos e inocuos.
Los datos disponibles así lo indican: en el último año el jitomate ha tenido un incremento de 93.3% en su precio, el de la cebolla creció 52%, el del tomate verde lo hizo en 40.9%, el de la papaya en 25%, mientras que el del limón en 23.3%. En su conjunto, el precio de las frutas y las verduras ha crecido en 25.8% entre agosto de 2016 y agosto de 2017.
Energía encarecida
No hay duda de que el incremento en el precio de los energéticos es el factor detonante del proceso inflacionario que inició en enero de este 2017 y, a pesar de los optimistas pronósticos de las autoridades, se percibe difícil que tenga una reducción significativa en lo que resta del año.
Es probable, de acuerdo con la tendencia que se ha generado, que al cierre del 2017 la inflación supere el 7%, más aún en medio del enrarecido clima político que se ha generado en las últimas semanas.
En su conjunto, los energéticos han tenido un incremento por arriba de 12% en este año, y emblemáticamente las gasolinas: la premium o de alto octanaje, presenta un incremento de 20.17%, mientras que para la magna, o de bajo octanaje, el indicador es de 15.01%.
[1] El subrayado es de quien escribe
