por Mtro. Francisco Robles Berlanga
Cambiar de lugar de residencia y dejar atrás un hogar y, la mayor de veces, un patrimonio forjado con mucho esfuerzo, un trabajo o la escuela de tus hijos, así como afectos familiares y amistades, es uno de los impactos más dolorosos que viven miles de familias debido a la creciente inseguridad y criminalidad que enfrenta el país
Recientemente, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, ubicó en más de 35 mil, las personas desplazadas en México. En contraste la ENVIPE (2017) estima que un millón 155 mil personas de 18 años o más, cambiaron de vivienda o lugar de residencia para protegerse de la delincuencia y el crimen organizado[i]. Cualquiera que sea su dimensión real, lo cierto es que se trata de un fenómeno que sucede con más frecuencia de la que se piensa en el gobierno y en la sociedad.
En México, el desplazamiento forzado es un fenómeno que reconoce diferentes causas: los conflictos religiosos, la disputa por recursos naturales –principalmente por la tierra-, las luchas armadas de corte ideológico y, en la última década, la violencia criminal ha sido uno de los principales motivos.
Uno de los obstáculos para el reconocimiento y atención de este fenómeno, reside, tal vez, en los propios desplazados. En su mayoría, se perciben como víctimas de la delincuencia más no como personas desplazadas o refugiadas (en el caso de los que cruzaron la frontera norte), debido a la inseguridad imperante en su lugar de origen. Esta simple autopercepción, les impide el reclamo de sus derechos, su organización y, sobre todo, la exigencia de políticas que busquen mitigar su situación de vulnerabilidad y los efectos negativos del desarraigo.
Asimismo, el desplazamiento interno forzado no ha logrado concitar el suficiente interés público y social, como para convertirse en un problema de la agenda gubernamental. Hasta ahora, se trata de un problema de la academia y organismos internacionales especializados. Esta situación que describimos, viene a recordarnos que los problemas públicos no llegan por sí solos a la puerta del gobierno, sino que hay que construirlos social y políticamente para que arriben y se instalen en la agenda pública, como sucedió con los casos de la prevención social del delito y la desaparición forzada de personas.
Y esta situación ocurre en México, a pesar de los compromisos gubernamentales en materia de derechos humanos que debieran derivar en medidas de protección y atención de aquellas personas que la violencia, en cualquiera de sus formas, obligó a cambiar de lugar de residencia.
También es necesario sumar al debate, un asunto no menor cuando se trata de analizar el desplazamiento forzado: su tratamiento en las estadísticas oficiales, su visualización como problema público que requiere de atención gubernamental. Primero, implica reconocer que se trata un tipo de movilidad humana que ocurre “a cuenta gotas”, que tiene tras de sí decisiones individuales y familiares más que colectivas, lo que vuelve difícil documentar y registrar sistemáticamente la magnitud alcanzada y conocer cuáles son las regiones del país de mayor incidencia. Segundo, se diluye la presencia del desplazamiento forzado por violencia como posible causal cuando los desplazamientos intermunicipales y entre entidades federativas se encuentran inmersos en flujos migratorios más amplios de orden económico o laboral; asimismo, muchos de estos movimientos ocurren al interior de las zonas metropolitanas o en un mismo municipio, buscando cambios de vivienda o de colonias y barrios más seguros para vivir con sus familias.
Tercero, las dificultades empíricas para identificar el desplazamiento forzado provocado por la violencia que ocurre a lo largo y ancho del país, vuelve complejo establecer estadísticamente una inferencia entre estas dos variables (violencia vs desplazamiento forzado).
Una opción, que parece lógica para la toma de decisiones públicas, es relacionar los homicidios dolosos[ii] con el porcentaje de emigrantes[iii]. Si tomamos los datos para el periodo 2010-2015 y realizamos un simple ejercicio, el resultado es una correlación débil (0.1805). Este dato es valioso en tanto nos muestra que en el flujo migratorio la emigración por razones económicas mantiene una gran relevancia, cuyo peso esconde los movimientos poblacionales originados por la violencia.
Otra opción a la mano, es vincular los homicidios dolosos con el Saldo Neto Migratorio[iv], que expresa la diferencia entre inmigrantes y emigrantes interestatales. Aquí el resultado muestra una correlación equivalente a -0.3034, aún poco robusta pero más significativa que en el caso anterior. Lo importante de esta última correlación es que muestra un comportamiento inverso entre ambas variables, es decir: entre mayor es la tasa de homicidios dolosos más negativo resulta el Saldo Migratorio Neto y a la inversa.
A pesar de no fundarse una relación más directa entre el desplazamiento forzado y la violencia, se trata de una realidad incuestionable cuando se cuentan las personas y hogares afectados en todo el país. Las y los mexicanos, particularmente los propios desplazados y sus familiares, tenemos el derecho a conocer los hechos y problemáticas generadas por la violencia. Y debemos hacerlo a través de información confiable, oportuna y accesible.
Hacerlo es responsabilidad del Estado, un deber ético, toda vez que, visibilizar el fenómeno es la mejor forma de dar rostro a quiénes enfrentan esta problemática e identificar las violaciones a derechos humanos de que son sujetos.
Detrás de estos análisis, surge también un mensaje implícito del que tenemos que tomar nota: la imperante necesidad de documentar el fenómeno a través de estudios diagnósticos -cualitativos y cuantitativos-, como una primera medida para aproximarnos a su conocimiento objetivo y prestar así, una mayor atención gubernamental y social al desplazamiento forzado de personas, hasta ahora percibido como un problema invisible o menor a los ojos del gobierno, la sociedad y de los medios, pero presente y muy doloroso para miles de familias mexicanas.
A nadie le sirve ocultar los problemas. Negar la exitencia del desplazamiento interno por violencia, no sólo afecta a unos cuantos, nos daña a todos como sociedad. Su negación contribuye a ahondar el contexto de impunidad que vive el país.
Marzo 18 de 2018
*** Maestro en Políticas Públicas Comparadas (FLACSO), experto en seguridad y Prevención.
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[i] Datos de 2016
[ii] SNSP, incidencia delictiva. Tasas de homicidios dolosos, se refiere al promedio 2010-2015
[iii] INEGI, principales resultados de la encuesta intercensal 2015, EUM.
[iv] Ibidem Barack Obama presentó su último “discurso a la nación” el pasado marte
