Una Cumbre histórica para el fin de los paraísos fiscales

la    Primera    Cumbre    Latinoamericana    para    una    tributación    global    incluyente,  sostenible  y equitativa se llevará a efecto los días 27 y 28 de Julio en Cartagena de Indias, Colombia. Esta primera  cumbre  ministerial  fiscal  de  Latinoamérica  y  el  Caribe  responde  a  las  demandas ciudadanas en los países de la región que tras la pandemia del COVID-19 y la emergencia climática han visto deteriorados sus niveles de vida y continúan negativamente afectados por los niveles históricos de desigualdad y falta de acceso a servicios públicos.

Escrito por: Magdalena Sepúlveda y Vicente Silva

La decisión de Chile de coliderar esta cumbre fiscal refleja el compromiso con la justicia fiscal, los derechos humanos y la transparencia en la región. América Latina ha sido históricamente afectada por la evasión y elusión fiscal principalmente de parte de las grandes multinacionales y de los super ricos, que ha privado a los países de los recursos necesarios para lograr un desarrollo sostenible y hacer frente a los desafíos sociales, económicos y medio ambientales que enfrentan. Como ha revelado  OXFAM , mientras la población de la región vienen sufriendo el alza de los costos de vida y las consecuencias acumulativas de la pandemia, desde 2020, la riqueza de los milmillonarios latinoamericanos ha crecido un 21%, a un ritmo escandaloso de 68 millones por día.

Te invitaos a leer: La delincuencia y la victimización de los hogares

Uno de los principales objetivos de esta cumbre fiscal es adoptar un marco común que permita gravar a las multinacionales y combatir los llamados “paraísos fiscales”. Estos territorios de baja tributación y secretismo financiero permiten a las grandes multinacionales y a los individuos ricos evadir sus responsabilidades fiscales, lo que resulta en la pérdida de ingresos significativos para los países  latinoamericanos.  Según  estimaciones  de  la  CEPAL  las  pérdidas  fiscales  para  la  región debido a los paraísos fiscales superan los 300 mil millones de dólares anuales (6% del PIB regional), los que podrían ser utilizados alternativamente para financiar servicios públicos y combatir la emergencia climática. Dentro de los países que más recursos pierden por concepto de paraísos fiscales se encuentran Brasil, México, Chile y Argentina.

En esta cumbre, es una oportunidad para que los gobiernos de la región puedan afrontar estos desafíos de manera efectiva y asegurar que todos contribuyan de manera justa. La cooperación regional, el intercambio de información financiera son esenciales, ya que muchos de los desafíos son transnacionales y requieren soluciones coordinadas.

Los Estados podrían aprovechar la cumbre para acordar medidas de cooperación fiscal dirigidas a mayor progresividad tributaria y gravar la riqueza; impulsar medidas de transparencia para enfrentar la evasión, elusión y el fraude fiscal (por ej. a través de un registro regional de activos); gravar los servicios digitales; gravar las industrias extractivas y la explotación de minerales críticos para  para asegurar el tránsito hacia una economía sostenible; así como alinear posiciones para la demanda por una Convención Tributaria de Naciones Unidas.

Es también una oportunidad sin precedente para que los gobiernos se comprometan a dar a cumplir con sus obligaciones de utilizar los recursos disponibles a través de un mayor espacio fiscal para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales. Esto se logra invirtiendo en servicios públicos de calidad, infraestructura, protección social y realizando las inversiones energéticas necesarias para una transición justa.

Este es un llamado que los mismos órganos regionales e internacionales de derechos humanos han hecho a los países de la región en el contexto de la cumbre.

Así lo ha señalado, por ejemplo, tanto la  Relatoría  Especial  sobre  Derechos  Económicos,  Sociales,  

 Culturales  y  Ambientales  (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como  31  relatores  especiales  de  las  Naciones  Unidas ,  quienes han publicado un comunicado para resaltar que los países de Latinoamérica y el Caribe deben adoptar un enfoque de derechos humanos en todas las negociaciones, políticas y acciones en materia fiscal en el  contexto de la Cumbre de Cartagena.

La Cumbre no es un fin en sí mismo. Se espera que los países acuerden también un procedimiento para continuar con las negociaciones y se adopte un mecanismo de gobernanza a futuro. Dicho mecanismo debiera incluir mecanismos formales para la participación ciudadana para asegurar que las decisiones sean equitativas y efectivas. Asimismo, se requiere que los países hagan de la plataforma fiscal una prioridad política y participen a través de las más altas autoridades de gobierno.

La Cuenta Pública del presidente Boric sin duda marcó la agenda de los medios durante el mes de junio, pero pocos se enfocaron en este anuncio relativo a la Cumbre Fiscal que puede contribuir significativamente a fortalecer las economías de los países latinoamericanos, mejorar la calidad de vida de las personas, y reconstruir la legitimidad entre las instituciones y la ciudadanía.

Esperamos que los gobiernos de la región estén a la altura de las circunstancias y que puedan aprovechar  la  oportunidad  sin  precedentes  de  la  cumbre  fiscal  coorganizada  por  Chile  para abordar los desafíos fiscales comunes y combatir los paraísos fiscales. La cooperación entre los países latinoamericanos en esta materia es esencial para alcanzar una distribución equitativa de recursos y promover el desarrollo sostenible. Con un enfoque de derechos humanos, climático y garantizando una participación ciudadana inclusiva, esta iniciativa puede marcar un hito en la búsqueda de una América Latina más justa y próspera para que nadie se quede atrás.

También te podría interesar: Chiapas y el olvidado desarrollo regional