Al parecer, el miércoles 27 de abril se presentará en el Senado una iniciativa presidencial de reforma electoral. Sería la más reciente de una larga historia, cuyo origen es antiguo.
Escrito por: Sergio González Muñoz
En efecto, hace un poco más de 45 años, en Chilpancingo, Guerrero, el 1° de abril de 1977, el entonces Secretario de Gobernación, Don Jesús Reyes Heroles, pronunció un discurso paradigmático en el que anunció una reforma constitucional y legal en materia electoral, fundamental para la apertura y modernización de nuestro sistema político entero.
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Él, directamente, nos recuerda aquellas palabras y aquellos propósitos, que no han perdido vigor ni trascendencia:
“…hay quienes pretenden un endurecimiento del gobierno, que lo conduciría a la rigidez… impediría la adaptación de nuestro sistema político a nuevas tendencias y a nuevas realidades: supondría ignorarlas y desdeñarlas. El sistema, encerrado en sí mismo, prescindiría de lo que está afuera, en el cuadro social, y reduciría su ámbito de acción al empleo de medidas coactivas… Es la prédica de un autoritarismo sin freno, ni barreras.”
“…es exponernos al fácil rompimiento del orden estatal y del orden político nacional. Frente a esta pretensión, el Presidente está empeñado en que el Estado ensanche las posibilidades de la representación política, de tal manera que se pueda captar, en los órganos de representación, el complicado mosaico ideológico nacional de una corriente mayoritaria, y pequeñas corrientes que, difiriendo en mucho de la mayoritaria, forman parte de la nación.”
No es un discurso menor. Expresó la convicción del gobierno federal de darle cauce y voz al disenso social, a la vista de una campaña presidencial reciente (1976) con un solo candidato y al crujir primigenio de una legitimidad política que amenazaba con fracturarse.
“La unidad democrática supone que la mayoría prescinda de medios encaminados a constreñir a las minorías e impedirles que puedan convertirse en mayorías; pero también supone el acatamiento de las minorías a la voluntad mayoritaria y su renuncia a medios violentos…”
“…el gobierno de México sabrá introducir reformas políticas que faciliten la unidad democrática del pueblo, abarcando la pluralidad de ideas e intereses que lo configuran. Mayorías y minorías constituyen el todo nacional, y el respeto entre ellas, su convivencia pacífica dentro de la ley es base firme del desarrollo, del imperio de las libertades y de las posibilidades de progreso social… Se trata de realizar… acelerar sólidamente la evolución política nacional.”
Por necesidad o por virtud, Reyes Heroles sabía que en la nación debían caber todas las formas de acción política y de discurso ideológico. Hacía ver también que la paz pública dependía de la gobernabilidad democrática y que era momento de cambiar el curso de la república hacia una nueva concepción y articulación que permitieran en los hechos, la llegada de una pluralidad representativa, para hacer de aquella proto democracia, un puerto de salida hacia una democracia más sofisticada y resiliente a la vez.
“Quienes estamos convencidos de que la subordinación de gobernantes y gobernados a la ley es clave de convivencia pacífica, no admitimos para nadie el derecho de tolerar, y menos aún el de no tolerar, modos de pensar distintos al suyo. La libertad de pensamiento… da lugar a distintos modos de pensar; todos con derecho a la existencia y a su manifestación o expresión. Rechazamos actitudes que, a título de un modo de pensar, condenan otros e invocan el derecho a la intolerancia. Cuando no se tolera se incita a no ser tolerado y se abona el campo de la fratricida intolerancia absoluta, de todos contra todos… sería el camino seguro para volver al México bronco y violento.”
“En una sociedad decidida a que la unidad democrática no excluya la pluralidad de ideas… pero realizado este encuentro en la discusión, tratando de convencer de la bondad de las ideas que se profesan y no de la maldad de las ideas en que no se cree.”
Había que pasar, entonces, de la Razón de Estado, al Estado de Derecho, al imperio de la ley sobre las personas e instituciones en un sistema político abierto en el que todas las fuerzas políticas tendrían presencia, peso y cuyas aportaciones serían escuchadas.
A partir de ese discurso y momento, se desató una ola reformadora que, afortunadamente, no ha parado y ha hecho de la nuestra una democracia resiliente. Además, ninguna reforma ha sido regresiva o destructora, y al contrario, hemos presenciado siempre interesantes fugas hacia el futuro trayendo a la norma mexicana las mejores prácticas y estándares, que han hecho de nuestros sistemas electoral, de partidos y de justicia electoral un modelo al que recurren por igual democracias emergentes y consolidadas.
En estos tiempos de intemperancia y crispación, conviene leer el discurso entero, contrastarlo con nuestra coyuntura nacional y sobre todo, con la propuesta presidencial de reforma electoral. Al hacerlo pregúntese ¿Qué cuentas le podríamos rendir hoy a aquella generación de reformadores? ¿Hemos avanzado de manera ordenada, democrática, progresiva, en la forma en que resolvemos la disputa por el poder? Creo que no lo hemos hecho mal. La autoridad arbitral ha evolucionado hacia mejores estadios de independencia y fuerza vinculante, mientras que la legitimidad democrática de los resultados electorales se ha robustecido constantemente. Y eso se llama resiliencia electoral.
A la vista de 2024, considero necesaria una nueva reforma electoral, pero solo de rango legal, para esclarecer diversas lagunas y antinomias, para reorganizar al INE, revisar sus prácticas de planeación, ejecución y evaluación presupuestales y para precisar algunas otras normas y procedimientos que merecen una actualización. Lo más importante es hacerlo en clave democrática, con sentido de república y visión de Estado. Y hacerlo en medio de este nuevo tiempo en el que la normativa global de los derechos humanos y su interpretación tienen mucho que decir. Y es que el INE y el Congreso son ahora garantes de nuevos derechos ciudadanos, reconocidos ya en el derecho y jurisprudencia nacionales e internacionales, que deben proteger, garantizar, defender y promover. Me refiero a los derechos a la Integridad Electoral, a la Gobernabilidad Democrática, a la Dignidad Política, a la Resiliencia Electoral y, claro, a Defender la Democracia.
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