por Mario Luis Fuentes
En México hay 34,268 personas no localizadas, cuyos casos se investigan en el fuero común; y 1,134 en el fuero federal; de éste, el 57% de los casos se concentra en los estados de Guerrero, Veracruz y Tamaulipas. Todo esto ocurre en un país con una criminalidad creciente, resultado de la cual, en los últimos 3 años se han cometido 754,793 delitos contra la vida y la integridad corporal y 50,359 contra la libertad personal
La desaparición forzada se ha convertido en uno de los más severos problemas que hay en el país. Los casos más recientes ocurridos en Jalisco, respecto de la desaparición de tres estudiantes de cinematografía y dos de medicina; y el cruel hallazgo de uno de ellos muerto, han puesto una vez más en el centro de la atención nacional, esta grave herida que tardará años en sanar en el ánimo nacional.
Es importante destacar que el 17 de noviembre del 2017 se promulgó la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas. En esta Ley se establecen dos categorías centrales:
“Persona Desaparecida: a la persona cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito;
“Persona No Localizada: a la persona cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito”.
Aun con esta precisión, las estadísticas oficiales no permiten distinguir con claridad cuántas víctimas hay en una y otra categoría; por ello, uno de los primeros retos que tiene el país, es proporcionar información que no genere ninguna confusión de qué se está hablando.
Las magnitudes
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el país hay 1,134 personas no localizadas cuyas investigación se desarrolla en el fuero federal; de ellas, 67 fueron vistas por última vez en años anteriores al 2007. Un grupo de 26 más desaparecieron en 2007; 30 lo hicieron en 2008; otras 41 en el 2009.
En el año 2010 desaparecieron 105 personas; en el 2011 fueron 89; en el 2012, 117; en el año 2013 un total de 206; en el 2014 se llegó a un récord de 257 casos; en el 2015 descendió a 109; en el 2016 fueron 44; y en el 2017 la suma llegó a 41. En lo que va del 2018 se tiene un registro de 4 casos.
Por grupos de edad , de la suma totas señalada, se tienen 30 casos en el que las personas no localizadas tenían 9 años o menos; en 22 casos tenían entre 10 y 14 años; en 113, la edad era entre 15 y 19 años; 166 más tenían de 20 a 24 años; 153 se ubican en el rango de 25 a 29 años; 123, tenían entre 30 y 34 años de edad; mientras que 104 tenían entre 35 y 39 años.
Por su parte, en 103 casos las personas no localizadas tenían entre 40 y 49 años al momento de su desaparición; 46 tenían entre 50 y 59 años de edad; 11 tenían 60 años o más; mientras que en 271 casos la edad no se encuentra especificada.
En el otro dato, relativo a las personas no localizadas, y cuya investigación se ubica en el fuero común, se tiene un registro de 34,268 personas no localizadas; de ellas, 7,822 son menores de 19 años; 15,837 se ubicaban al momento de su desaparición en el rango de los 20 a los 39 años de edad; 6,127 en el de 40 a 59 años; mientras que 4,482 tenían 60 años o más, o su edad no se encuentra especificada.
Territorios de espanto
De acuerdo con los datos oficiales, del total de personas no localizadas, y cuya investigación depende del fuero federal, hay 10 entidades en las que se concentra el 80% de los casos; éstas son: Guerrero, con 323; Veracruz, con 203. Tamaulipas, con 135; Ciudad de México, con 52; Michoacán, con 51; Oaxaca, con 36; Coahuila, con 28; Estado de México, con 27 casos; Baja California con 26 y Nuevo León con 24.
Cifras macabras
De acuerdo con los datos oficiales, entre los años 2015 y 2017 ha habido 754,793 víctimas de delitos contra la vida y la integridad corporal; entre ellas, las relativas a los homicidios y las lesiones dolosas son por supuesto, quizá los más graves. En ese sentido, es importante destacar que las cifras son crecientes: hubo 242 mil casos en el 2015; en el 2016 hubo 246,719 casos; mientras que en 2017 el registro se ubicó en 266,074 casos.
Asimismo, se tiene registro de un total de 17,799 casos de delitos contra la sociedad, entre los cuales se incluyen todos los delitos sexuales y el abuso a niñas y niños; nuevamente, no hay reducciones significativas: en 2015 fueron 5,945 casos; en el 2016 llegó a 6,074 y en el 2017 se redujo a 5,780.
En el capítulo de los delitos contra la libertad personal, la suma en los últimos tres años alcanza los 50,359 casos; en este rubro, la tendencia es igualmente creciente: 14,573 en el 2015; una suma de 16,317 casos en el 2016; mientras que en el 2017 se llegó a 19,469 casos.
Finalmente, se encuentra el delito de extorsión, o “delitos contra el patrimonio”; de éste, la suma en los últimos tres años es de 16,670 casos, de los cuales, 5,277 se registraron en el 2015; 5,395 en el 2016; y 5,998 en el año 2017.
*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 27-marzo-2018, p.10.
