por Adela Cortina/José I. Torreblanca
El principio de acuerdo entre la UE con Turquía es más bien producto del pánico político y electoral que del debate y la reflexión. Porque no solo es mezquino en su lógica, sino que ignora los problemas de derechos humanos y libertades en ese país; concede un cheque en blanco al presidente Erdogan para reprimir a la oposición y a los kurdos; y no aporta soluciones a la causa final de todo el problema: la guerra de Siria, en la que Turquía tiene un papel crucial.
La situación es inadmisible. Se ha perdido una enorme cantidad de vidas y siguen en juego la existencia y el bienestar de miles de personas. Está en peligro la identidad europea si la Unión no es capaz de gestionar caminos de salida a la crisis a la altura de sus valores. La confluencia entre las razones morales y las de interés político fundamentan esta apelación a la acción, que articulamos en diez propuestas.
1 El primer principio de actuación debe ser el de salvar vidas, el máximo número posible. Ese principio debe orientar la actuación de los responsables de fronteras y de salvamento marítimo de la UE y el quehacer de la diplomacia europea, que debe conceder la máxima prioridad a las negociaciones de paz que se vienen desarrollando en Ginebra.
2 La Comisión y los Estados deben tomar todas las medidas necesarias y apoyarse para establecer mecanismos de registro y acogida efectivos y garantizar condiciones de vida de los peticionarios de asilo en cuanto se procesen sus solicitudes. Solo así la Unión Europea podrá garantizar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y ser un espacio de libertad y seguridad.
3 Deben detenerse la suspensión de acuerdos Schengen, la proliferación de controles, vallas y las restricciones a la libre circulación entre los Estados miembros. Las amenazas de sanciones a Grecia o las propuestas de expulsarla de la zona Schengen no son la vía adecuada; si la Unión Europea quiere preservar Schengen y detener el auge de los populismos xenófobos, deberá volcarse en el apoyo a Grecia.
4 Los Estados miembros deben cumplir compromisos de reubicación adquiridos, que son legalmente vinculantes y están amparados bajo las cláusulas de solidaridad establecidas en el Tratado de la Unión Europea. Esas reubicaciones son imprescindibles para gestionar el flujo de refugiados de forma equitativa y solidaria entre países, y no existen razones ni excusas para incumplirlos. La desidia de los Gobiernos de la UE y la debilidad de la Comisión Europea son muestras de insolidaridad.
5 Por las dificultades que entraña la integración de un colectivo tan amplio y tan diferente de refugiados, es necesario hacer el máximo esfuerzo para que la acogida sea un éxito. De lo contrario, se generará una dinámica xenófoba e insolidaria que no sólo hará imposible continuar la acogida, sino que fragmentará la Unión de forma irreparable.
6 Tenemos que distinguir de forma diáfana entre el drama de los refugiados y el terrorismo yihadista. Debemos ser firmes frente a los grupos interesados en utilizar esta cuestión como coartada para cerrar puertas o estigmatizar a los refugiados. Plantear un falso dilema entre libertad o seguridad es inadmisible: Europa es un espacio de libertad y derechos, donde no hay libertad posible sin seguridad ni seguridad sin libertad.
7 Tanto las políticas de vecindad como de desarrollo de la UE deberán ser sustancialmente reforzadas para lograr estabilizar la periferia europea. El fin de la guerra fría hizo pensar en una periferia bien gobernada, próspera y en paz donde las personas, los bienes e incluso las normas europeas circularan libremente. Sin embargo, ese espejo se ha roto. Desde Ucrania hasta el Mediterráneo, Europa vive hoy rodeada de un anillo de inestabilidad y conflictos que le obliga a tomarse mucho más en serio la necesidad de una defensa colectiva y una política exterior común que merezca tal nombre. Sin ella, el proyecto europeo no será viable.
8 El problema de los refugiados nos obliga a extender la mirada más allá de las contiendas internas. La solidaridad debe darse también entre los países miembros de la UE y con los socios y vecinos, especialmente los países de tránsito con los que mantenemos acuerdos de asociación y unos lazos políticos y económicos privilegiados. Debemos apoyar e involucrar a nuestros vecinos en la gestión del problema, pero sin admitir chantajes, presiones o rebajas en cuanto a los derechos que estamos obligados a respetar.
9 El problema de los refugiados tiene alcance mundial y necesita soluciones globales. Tenemos obligación de acoger, pero también responsabilidad de prevenir, integrar y actuar en nuestra vecindad. Eso significa formular una política integral para responder al problema, que contemple medidas hacia dentro (diseñar formas de acogida, asilo e integración eficaces), pero también hacia fuera (información compartida, cooperación, diplomacia, ayuda mutua).
10 España ha sido un protagonista muy marginal en esta crisis. Nuestras cifras de asilo y refugio son vergonzosas, y flagrante el incumplimiento de los acuerdos de reubicación. La sociedad civil, municipios y comunidades autónomas han ido por delante del Gobierno, que no ha realizado un esfuerzo equivalente. La “marca España” también se construye desde una posición de compromiso ético con la justicia y la solidaridad en nuestro entorno, por lo que instamos a éste y al próximo Gobierno a que asuman un papel de liderazgo en esta cuestión que esté a la altura de las circunstancias.
Este artículo se reproduce con autorización del Centro de Colaboraciones Solidarias
| Adela Cortina Catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia José I. Torreblanca Profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) Círculo Cívico de Opinión |
