Defender sus derechos

por Amalia García

Ser migrante significa apelar en un sentido integral a los instrumentos internacionales que reconocen su protección individual y la de sus familias como una prioridad

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Desde que en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconociera a cada persona como poseedora de derechos, estos dejaron de agotarse en límites geográficos o políticos. Los seres humanos somos sujetos de derechos sin importar nacionalidades, fronteras o legislaciones, género o edad; el espíritu universal de la protección a la dignidad humana es el objetivo esencial de dichas garantías.

La premisa básica de la que se debe partir al analizar el fenómeno de la migración es la posesión de derechos, pues, más allá de originarse por diversas razones ─ya sean económicas, sociales, políticas, personales e incluso culturales─, lo que está por encima de todo es la condición de ser humano sujeto de derechos. Como lo señalara el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, François Crépeau: todos los migrantes, en virtud de su dignidad humana, están protegidos por el derecho internacional relativo a los derechos humanos.

No obstante, los migrantes en todo el mundo siguen sufriendo abusos, explotación y violencia, hechos que requieren del más alto interés y prioridad por parte de los Estados nacionales, pues su legitimidad radica en un pacto social que cohesione; en la garantía de bienestar colectivo e individual que provean; en la seguridad que brinden; y en el respeto que garanticen a todas y todos quienes se encuentren en su territorio.

A pesar de que la Declaración Universal sobre Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos debieran ser de observancia mundial, la tendencia ha sido criminalizar la migración.  Etiquetas  como “ilegales” y “mojados”, entre otras, los han marcado profundamente, indicando no sólo un estatus migratorio, sino prejuicios en un proceso de globalización que paradójicamente promueve el libre tránsito de capitales y mercancías, pero no el de personas.

Los migrantes guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y mexicanos son agentes económicos, generadores de riqueza –la mayor parte de las veces como mano de obra barata–. Ellos deben ser sujetos de políticas públicas incluyentes en los Estados de la región; los gobiernos debieran combatir las expresiones de racismo y xenofobia; garantizar un Estado de derecho; ofrecer justicia a aquellos que han sido víctimas de actos de violencia o discriminación; fomentar una cultura pública que promueva valores abiertos;  reconocer la riqueza en las diferencias y el respeto de la pluralidad.

Se debe fomentar como un asunto de interés público, y promover leyes que más allá de regular cruces fronterizos pongan énfasis en la dignidad y la integridad de las personas y asuman el derecho a la movilidad humana, más en la era de la globalización.

En México la Ley Nacional de Migración señala en su artículo segundo que “en ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada”. Sin embargo, y a pesar de que la Constitución y otros instrumentos deberían garantizar la protección de cualquier persona, las violaciones a los derechos humanos de las y los migrantes en su paso por México son constantes.

Amnistía Internacional, por ejemplo, destaca que el viaje que hacen las y los centroamericanos por nuestro país es uno de los más peligrosos del mundo. México, debido a diversos factores económicos, sociales y a sus condiciones geopolíticas es expulsor de migrantes; territorio de llegada; de migración interna; y territorio de tránsito –sobre todo de centroamericanos–. La intensidad de la migración es muy fuerte, aunque varíe la información según la fuente. El Instituto Nacional de Migración (INM) registra aproximadamente 150 mil migrantes indocumentados por año que, provenientes de Centroamérica, cruzan el país, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma que el flujo es de hasta 400 mil indocumentados por año, lo que hace de cualquier manera del corredor migratorio de nuestro país el de mayor movimiento en todo el mundo.

¿Qué hacer?

Aunque su atención es compleja, sólo con una visión regional vinculada a atender los factores que la originan se logrará cambiar las cosas. Es esencial que exista una perspectiva de desarrollo humano que combata las causales de la pobreza y la marginación; una política local, nacional y regional transnacional de generación de empleos y oportunidades para un desarrollo sustentable que tenga como eje conductor una visión de respeto a los derechos integrales de los seres humanos. Los gobiernos de la región deben  reconocer que enfrentan un asunto complejo; que tienen responsabilidades y obligaciones y que se requieren más allá de declaraciones, compromisos e indicadores que den cuenta del impacto de las acciones implementadas.

En el caso del gobierno mexicano, es hora de acreditar el compromiso con los derechos de los migrantes esbozado en el plan nacional de desarrollo. Hacen falta acciones afirmativas y, de entre estas, presupuestos que incidan en la protección a los migrantes –con un Anexo en el PEF por separado que facilite evaluar las políticas públicas en beneficio los migrantes–. México debe (en su política en la región) colocar la atención a los migrantes no como un asunto de seguridad nacional, sino como uno de seguridad humana.

La migración, diría Dallanegra Pedraza,  ha sido una opción para los países situados en la periferia –como es el caso de nuestra región–, en tanto ofrece una inmediata salida para gobiernos y personas: el éxodo y las remesas son una válvula para los gobiernos, pues reducen la presión causada por el desempleo y la inflación, mientras que a nivel macroeconómico representan una entrada significativa de divisas en los balances anuales. México por ejemplo, recibe alrededor de 21 mil millones de dólares anualmente en remesas; recursos que, en el caso de los migrantes mexicanos y sus familias, deberían corresponderse por el gobierno con políticas públicas que impactaran positivamente en sus derechos y su vida.

El dramático aumento de la migración masiva de niñas y niños no acompañados, sobre todo de Centroamérica, se ha convertido en crisis humanitaria. Este tipo de migración responde en primer lugar al deseo de reunirse con la madre, el padre o ambos, y en segundo lugar, y cada vez más, a la necesidad de huir de la violencia en el ámbito público e incluso en el privado, sobre todo en Honduras.

El gobierno de los Estados Unidos ha señalado que de octubre de 2013 a junio de 2014, 52 mil menores migrantes no acompañados llegaron a ese país, y sus proyecciones son que de octubre de 2013 a octubre de 2014 podrían arribar más de 80 mil, de los cuales cerca de una cuarta parte serían mexicanos. Esta cifra representa un aumento del 92% con respecto a 2012, año en que el Instituto Nacional de Migración de México reportó casi 17 mil repatriaciones de menores de 18 años, de los cuales 79% no viajaban acompañados.

El propio presidente Obama ha declarado que se trata de una crisis humanitaria y ha pedido al Capitolio un fondo de 2 mil millones de dólares para atender la situación. Ahora bien: cabe destacar que según lo establecido por la Convención Sobre los Derechos del Niño –no ratificada por los Estados Unidos– la protección del interés superior de la niñez demanda que los menores migrantes no acompañados no sean hacinados en estaciones migratorias ni estén privados de su libertad, en ningún país, ni se les trate criminalizándolos, como se observa que es la tendencia de los Estados Unidos ahora.

Tampoco la deportación resuelve el problema. Se necesitan alternativas consistentes que atiendan las causas de este éxodo, en las que se obliguen y comprometan tanto los gobiernos de los países expulsores como los de tránsito y los de destino; de una cooperación multilateral que tenga como eje central la protección de sus derechos humanos, los cuales están por encima de fronteras y de políticas migratorias.

En México en la Cámara de Diputados presentamos hace nueve meses una iniciativa de Ley General para la Protección y Asistencia de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados, que establecería una coordinación de los tres órdenes de gobierno y de modo relevante facultaría a los organismos del DIF nacional, estatales y municipales para la protección de estos niños y niñas con personal especializado, velando por su interés; garantizarían protocolos precisos para el  respeto a los derechos de los infantes migrantes  y un sistema de información que diera seguimiento integral a los menores. Para los infantes que corran riesgo en su integridad abre la posibilidad de refugio en un país que se distinguió por ser abierto y hospitalario; y plantea buscar alternativas para la reunificación familiar.

Es inaceptable invisibilizar la migración de niñas, niños y adolescentes no acompañados. Es inaceptable que ante el drama que los obliga a un éxodo se adopte una visión de seguridad nacional; es inaceptable que lo que se proponga sea el reforzamiento y militarización de las fronteras; es inaceptable que la respuesta que se les dé sea la de la deportación. Es inaceptable que los gobiernos involucrados eludan su responsabilidad de garantizarles seguridad, bienestar y protección integral de sus derechos.

Es hora de medir el avance humanista del siglo XXI, evaluando el tratamiento que se les da a los infantes migrantes, que antes que migrantes son niñ@s.• 

Amalia García Diputada Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios 2012-2015. Ha sido Consejera Universitaria en la UAZ y del Primer Consejo de la CDHDF; Presidenta del Comité de Migraciones de la Internacional Socialista; integrante del Consejo del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales; integrante de Mujeres en Plural; miembro del “Grupo San Ángel” y el grupo “20 compromisos por la Democracia”; de organizaciones feministas como el Frente Nacional por los Derechos y la Liberación de las Mujeres,  y de organismos de la sociedad civil. Fue gobernadora del Estado de Zacatecas.