El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) dio a conocer la estadística preliminar sobre las defunciones registradas en el año 2023. Como cada año, el recuento retrata una tragedia que ya es permanente, y ante la cual, el Estado mexicano ha sido incapaz de reestructurar al gobierno para reducir la mortalidad evitable en todo el territorio nacional.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Se trata de mucho más que de tener un sistema de salud con cobertura universal y que otorgue servicios de calidad y con calidez a todas y todos los mexicanos, lo cual es una condición necesaria para lograr el objetivo señalado, pero no suficiente, porque las personas están enfermando de manera grave, y muriendo mayoritariamente por causas relacionadas con factores sociales y ambientales.
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Por ejemplo, la mortalidad infantil sigue estando relacionada con factores como la pobreza, la edad de las madres, el nivel educativo de las y los progenitores, y el conjunto de factores que caracterizan a entornos donde los servicios más elementales son, para esas personas, lujos inalcanzables porque no hay un sanitario adecuado, no hay agua suficiente, no hay, ya no se diga suplementos como el ácido fólico y otros micronutrientes, sino comida diaria suficiente e inocua para que las niñas y niños lleguen al mundo en condiciones óptimas.
En la misma tesitura puede hablarse de la mortalidad materna, la cual se ha incrementado en esta administración, lo que representa una inadmisible regresión, si se plantea desde el enfoque de los derechos humanos; pues en efecto, la mortalidad materna se encuentra focalizada tanto en grupos de población en mayores condiciones de pobreza y marginación, pero también en grupos de mujeres jóvenes y con características sociodemográficas que reflejan mayores condiciones de desventaja.
No es distinto el caso de las niñas y niños que fallecen por causas prevenibles por vacunación; así como las mujeres que fallecen por causas prevenibles por algunos tipos de cáncer como el cáncer de mama y de cérvix, que están asociados a factores de pobreza, desigualdad, marginación, rezago educativo, malnutrición, entre otros.
En el caso de las muertes violentas y accidentales, lo que se observa es que seguimos en niveles de mortandad que son tanto inaceptables como insostenibles, pues de hacerlo continuaríamos siendo un país insufrible y hostil para una sociedad civilizada y democrática, en el cual la violencia y el terror se asumen como parte de la realidad cotidiana y como elementos estructurales de nuestro sistema de vida.
Las estadísticas de mortalidad de que disponemos nos muestran, no la falla en el sistema de salud, sino un quiebre institucional en sus capacidades para garantizar lo mínimo aceptable en un sistema constitucional en el que el principal mandato del Estado es la garantía plena de los derechos humanos, de los cuales son columna vertebral los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Los tres años que transcurrieron del 2020 al 2022 sumaron poco más de tres millones de defunciones. Es mucho dolor; es mucha tristeza concentrados en un territorio donde, a pesar de que estamos regresando a las tendencias esperadas estadísticamente, ya veníamos de una trayectoria de decenas de miles de personas que perdieron la vida mucho antes de lo que debieron hacerlo.
Lo que debe comprenderse es que, aún cunado tuviésemos un sistema de salud robusto y con capacidad de brindar atención a todas las personas, seguiríamos teniendo decenas de miles de defunciones evitables o en exceso evitables. Porque el consumo de drogas, lícitas e ilícitas continuaría; porque la malnutrición continuaría siendo una característica presente en la mayor parte del territorio nacional; porque la insuficiencia de servicios no estaría resuelta; y porque la erradicar la violencia implicaría mucho más que disponer de clínicas y consultorios suficientes para una población de más de 130 millones de personas.
El proceso electoral que se encuentra en marcha es una oportunidad que no debe desaprovecharse para impulsar un diálogo nacional sobre cómo vamos a hacer para que las personas dejen de morir de forma tanto innecesaria como anticipadamente, porque todas y todos tenemos derecho a vivir el mayor tiempo posible y en las mejores condiciones que se puedan tener.
En ese sentido, lo que los datos de INEGI revelan también es el hecho, precisamente, de que hay millones de personas que están perdiendo años de vida saludable; y eso significa vivir con dolor, con limitaciones físicas, en muchas ocasiones con la pérdida de funcionalidad de algunos de los órganos vitales, o de extremidades y sentidos, como el de la vista; y en cada vez un mayor número de casos, de amputaciones, que ya han modificado incluso la epidemiología y características de la discapacidad en el país.
Desde esta perspectiva, debemos tener claridad respecto de que estas condiciones y tendencias, implican además modificar un entorno urbano, que desde ya es hostil a la mayoría de la población, pero que lo será aún más, en la medida en que registre una aceleración, tanto en las tendencias de envejecimiento como con las de la transición epidemiológica; pues aún cuando hubiese un cambio radical en las capacidades de diagnóstico y atención a padecimientos como la diabetes e hipertensión, lo que hoy ya tenemos implica años de servicios especializados para las personas diagnosticadas y para aquellas que, estando ya enfermas, aún no saben de su condición.
De esta forma, lo que es urgente es, en primer lugar, que el país asuma que la mayor prioridad que tenemos es transformar radicalmente la estructura de la mortalidad, lo que implica modificar las tendencias de carga de enfermedad, comprendiendo que es una tarea de todo el gobierno, y no solo del Sector Salud, el cual, sin duda alguna, como primer paso, deberá ser profundamente reformado y reconstruido.
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Investigador del PUED-UNAM
Frase clave: las defunciones que no debe de ser, las defunciones en México.
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