En los últimos años México ha sido testigo del recrudecimiento de la violencia en distintas regiones del país; y a la par, la presencia del crimen organizado en ciudades como Ciudad Obregón hace unos meses, y ahora la ciudad fronteriza de Caborca.
Escribe: Mario Luis Fuentes
Zacatecas, Michoacán, Chihuahua y Guanajuato siguen en llamas; mientras que, en Baja California, Sinaloa, Durango, Quintana Roo, Veracruz, Guerrero y Tamaulipas, la presencia del crimen organizado es no solo constante, sino cada vez más palpable y cada vez más a la luz de todas y todos, incluidas las autoridades responsables de hacerles frente y terminar con ellas.
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Las imágenes que hemos visto son preocupantes, entre las que destaca ver una vez más a elementos del Ejército Mexicano, uniformados, equipados y armados, siendo retenidos por la población civil, a unos cuantos kilómetros de la Ciudad capital del estado de Guerrero, y sin la posibilidad de imponer el orden.
El argumento para este tipo de decisiones es que no se quiere provocar el derramamiento de sangre; pero la paradoja se encuentra en que, al hacerlo, lo que se posibilita en los hechos es eso mismo: decenas de cadáveres regados por todo el territorio nacional; miles de personas desaparecidas; y miles de víctimas de la extorción, el cobro de piso y el secuestro, dada la capacidad de operación impune de los delincuentes.
De esta forma, lo que se atestigua en el país es que, como nunca, las fuerzas armadas disponen de recursos; y como nunca también están desplegados en el territorio nacional, con la peculiaridad de que su instrucción más importante es evitar a toda costa el enfrentamiento. Lo cual, otra vez, resulta paradójico porque la duda es, ¿cómo detener a grupos criminales armados literalmente hasta los dientes, sin utilizar la fuerza del Estado?
Frente a ello, la cuestión urgente es cómo logramos revertir en el corto plazo la presencia corrosiva del crimen organizado en prácticamente todas las esferas de la vida social, económica y política de nuestro país; y cómo transitamos hacia un auténtico Estado Social de Derecho.
La administración federal ya está en su segunda parte, y su tesis central, relativa a que la política social que desplegaría tendría efectos inmediatos en la disminución de la criminalidad no se ha verificado. Más de tres años de malos resultados en ambas materias implicarían, desde una mirada autocrítica y concentrada en lo urgente para el país, una revisión profunda de sus métodos y estrategias; y dar un vuelco que lleve al país hacia la pacificación, al crecimiento con desarrollo y a la garantía plena de los derechos humanos.
De manera cada vez más preocupante, estamos pasando del desafío soterrado del crimen organizado, a una abierta y franca amenaza. Al saberse impunes, los delincuentes han decidido salir a la luz del día; y si antes circulaban por caminos rurales y carreteras municipales, hoy se despliegan sin el menor rubor por autopistas y calles principales de grandes ciudades, haciendo además ostentación del poderío de fuego y recursos de que disponen.
Sin duda alguna nuestras fuerzas armadas son ampliamente superiores en número, capacidades y, lo más importante, en legitimidad para actuar en contra de quienes están llenando al país de muerte y destrucción. Por ello es doblemente un pésimo mensaje para la población, que la decisión del Estado sea replegarse de los lugares donde los criminales literalmente se apropian, aún sea por unas horas, del control territorial de ciudades y pueblos.
El terror que se vive en México no es una opción, y no debe prolongarse por más tiempo. Porque para usar irónicamente las tendencias que se observan en redes sociales, habría que decir que todas las ciudades de México están hoy ante tal nivel de vulnerabilidad, que eventualmente todas “podrían ser” Culiacán, Fresnillo, Celaya o Caborca.
Todo lo anterior ocurre en medio de un país que enfrenta una auténtica tragedia económica. De acuerdo con los datos presentados en México Social (https://bit.ly/3BErBOH) el 66% de la población ocupada del país percibía, al cierre del 2021, ingresos por debajo de los dos salarios mínimos mensuales; mientras que la cantidad de personas ocupadas en el Sector Informal llegó al récord de 16.32 millones de personas.
De esta forma, se observa una incomprensible estrategia gubernamental en la que, en la medida en que el sexenio se aleja de las metas planteadas en su inicio: pacificación, erradicación de la pobreza, crecimiento económico, generación de empleo digno y garantía de los derechos humanos, la agenda discursiva de la presidencia se concentra en temas que van de lo intrascendente a lo innecesario, y en ocasiones a lo francamente fuera de lugar para la investidura presidencial y el significado que tiene la Jefatura del Estado.
En este contexto, resulta significativo lo ocurrido en Michoacán y el amago norteamericano de sancionar económicamente al país restringiendo la exportación de aguacate, ante la amenaza que recibió uno de sus inspectores laborales. Debe comprenderse que no se trata de una cuestión anecdótica porque el poderío del crimen organizado es tal, que asumen que pueden incluso, de manera abierta, desafiar, ya no solo al gobierno mexicano, sino al norteamericano.
Y es que, no debe olvidarse, estamos ante el fenómeno del crimen organizado trasnacional. Que tiene redes y estructuras que van más allá de nuestras fronteras y que obedece a lógicas internacionales que en la mayoría de los casos, se nos escapan y operan de forma siniestra en la invisibilidad, avanzando agresivamente en contra de todo aquello que en el aparato institucional les resulte estorboso o que no contribuya con sus fines.
Con todo lo dicho, lo claro es que el gobierno de la República ve erosionada su legitimidad en los lugares donde el crimen actúa ostensiblemente en la impunidad. Porque el poder no tiene vacíos, y ante cualquier uso de retirada o debilidad, siempre está la perversidad de quienes buscan usurpar el ejercicio del mando y del poder estatal.
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