El próximo primero de julio se llevará a cabo el proceso electoral más grande de la historia de nuestro país. Hay 88 millones de ciudadanos que tienen la posibilidad de emitir su sufragio en una contienda en la que están en disputa más de 18 mil 300 cargos públicos, encabezados por la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y nueve gubernaturas
El proceso electoral llega en un momento en el que México enfrenta condiciones alarmantes de inseguridad y violencia, así como fenómenos perniciosos que se han generalizado en nuestro sistema político, como la corrupción y la impunidad, los cuales han erosionado gravemente nuestra democracia.
En este contexto, el primer debate presidencial constituye una primera oportunidad para que la y los candidatos presenten formalmente sus propuestas en torno a retos del país que exigen una solución urgente, como son la seguridad pública, la violencia, la corrupción, la impunidad, la democracia y los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con datos del INEGI, 2016 y 2017 fueron años en los que nuestro país vivió una violencia exacerbada, y el inicio de 2018 ha sido aún más cruento que el arranque de 2017.
Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 91 de cada cien ciudadanos piensa que la corrupción es frecuente o muy frecuente en el país y en sus estados, y según los datos del Índice Global de Impunidad, 2018, México es el cuarto país con mayor impunidad a nivel mundial y el peor del continente americano.
Todo esto en un país en el que existen grupos de población que viven en condiciones de gran vulnerabilidad y pobreza, y cuyo ejercicio de derechos se encuentra comprometido:
- El 71.9% de la población indígena se encuentran en situación de pobreza; en contraste con el 40.6% de la población no indígena en la misma situación;
- Cerca del 50% de las niñas, niños y adolescentes del país viven en hogares que experimentan algún tipo de pobreza; en tanto, las niñas y niños indígenas alcanzan porcentajes de pobreza cercanos a 80%.
- Los jóvenes entre 15 y 29 años tienen mayores dificultades para insertarse en empleos formales. En 2017, del total de personas jóvenes ocupadas, 59.9% se encontraban en empleos informales.
- Las mujeres siguen enfrentando la desigualdad salarial; en promedio las mujeres entre los 15 y 24 años, con escolaridad básica y empleo formal, perciben 12.4% menos por hora trabajada que los hombres.
- El 41.1% de las personas adultas mayores se encuentra en pobreza, destaca que el indicador de acceso a la seguridad social ha disminuido constantemente para este grupo poblacional, pues pasó de 34.1% en 2008 a 14.4 en 2016.
Sin duda, en esta elección están en juego mucho más que los cargos en disputa: en el fondo, se trata de la posibilidad de recuperar la confianza de la ciudadanía en la democracia, las instituciones y el cumplimiento de sus derechos. Por ello, las campañas deben centrarse en propuestas serias y ejercicios de diálogo éticamente ejemplares, desde los cuales se pueda convocar auténticamente a la reconciliación nacional que tanto nos urge.
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