El proceso electoral más grande de la historia de nuestro país tendrá lugar este primero de julio; más de 89 millones de mexicanos y mexicanas tendrán la posibilidad de emitir su sufragio en una contienda en la que están en disputa más de 18 mil 300 cargos federales y locales, incluido el de Presidente de la República
Quien resulte electo va a ser el presidente de una nación plural y diversa, que hoy puede caracterizarse por el malestar generalizado, producto de la ausencia del Estado de derecho, de la prevalencia generalizada de la violencia, por el infinito dolor de las víctimas y por las heridas históricas provocadas por la discriminación, el racismo, el clasismo y la división social provocada por la hiperconcentración de la riqueza en unas cuantas manos.
Sin duda, el próximo presidente de México deberá actuar como un auténtico demócrata, pues desde el periodo de transición estará obligado a cumplir con la Constitución y con el orden jurídico establecido, ya que lo que no se ha reconocido ampliamente, es que el mandato del artículo 1º constitucional es incompatible con el modelo de desarrollo vigente.
En palabras del doctor Diego Valadés, lo que importa es la recuperación y el fortalecimiento del Estado constitucional, pues en un auténtico sistema democrático, el constitucionalismo desempeña cinco grandes funciones: legitima las instituciones, asegura el control jurídico de los procesos políticos, procura la estabilidad social, regula las funciones económicas y garantiza la positividad del ordenamiento jurídico.
Por ello, quien sea el próximo presidente de este país, también estará obligado a convocar a un diálogo que permita encauzar un proyecto de nación en el que todas las aspiraciones legítimas tengan viabilidad y posibilidad de realización, por lo que requerirá de un enorme apoyo social para tomar las decisiones que el país requiere, y para instrumentarlas en tiempo récord, y así reencauzar a México hacia una ruta de crecimiento igualador.
Es decir, lo que se requerirá será modificar las relaciones del poder político y económico, y con ello, las reglas, con base en las cuales hoy funciona nuestro inequitativo sistema.
Urge construir un nuevo modelo de desarrollo que tenga como premisa la existencia un régimen democrático que permita procesar el conflicto de los intereses en juego en una sociedad, pero también generar los consensos necesarios para establecer como prioridades nacionales, aquellas agendas dirigidas a la equidad y a la igualdad sustantiva.
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