El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados de la edición 2023 de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), uno de los principales instrumentos de captación de datos relativos a la estructura poblacional de nuestro país, así como de las prácticas y acceso a ciertos servicios públicos, particularmente de las mujeres, en lo que hace al ejercicio y garantía de sus derechos sexuales y reproductivos.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Los datos presentados permiten subrayar, una vez más, que la complejidad de los retos que enfrentamos como país son enormes y formidables. De hecho, los resultados mencionados deberán ser parte sustantiva de los diagnósticos sobre los cuales se deberá iniciar el proceso de transición gubernamental a partir del 3 de junio, y al mismo tiempo, de la planeación del equipo de transición a fin de responder de manera apropiada a todo lo que implica la garantía universal de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población nacional.
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La información de la ENADID es muy amplia, pero hay diversas temáticas que, en una primera lectura, constituyen elementos para continuar con el debate nacional sobre cuál es el curso de desarrollo que debemos seguir y sobre el cual es urgente articular una nueva generación de políticas y programas para garantizar el derecho de todo ser humano a no ser pobre.
La primera de esas temáticas es la relativa a la tasa global de fecundidad y a las tasas específicas de fecundidad reportadas. Se registra un descenso importante, pero habrá que esperar unos años más para determinar si se trata de una tendencia, o es el efecto coyuntural asociado a la pandemia, durante la cual, específicamente en los años 2020 y 2021, se registró un muy importante descenso en el número de nacimientos registrados en el país, situación que se revirtió en 2022, cuando ya las estadísticas de natalidad del propio inegi muestran un incremento muy significativo respecto de los dos años previos.
Aun con ello es relevante destacar que el número de nacimientos totales sigue por arriba de un millón anual; y que fue la enorme mortandad registrada entre 2021 y 2022, con más de 2.2 millones de defunciones, asociado a la intensa migración internacional, lo que impidió que rebasáramos ya la cantidad de 130 millones de habitantes.
Desde esa perspectiva, frente al lento e insuficiente crecimiento económico registrado a lo largo de esta administración, lo que puede estimarse de manera preliminar, es una contracción del PIB per cápita, pues si el promedio anual se ubicará en los últimos seis años en alrededor de 1.5%, descontando precisamente el crecimiento poblacional, estamos ante un escenario crítico de estancamiento en ese rubro.
Se estima asimismo que entre 2018 y 2022, salieron del país poco más de un millones de personas; con principal destino a los Estados Unidos de América, lo cual es señal de que aquí las condiciones de desigualdad, pobreza y violencia son tales, que la dura decisión de arriesgarlo todo por cruzar la frontera norte, sigue siendo una mejor opción para cientos de miles de familias en todo el territorio nacional.
La ENADID también registra una dolorosa realidad, respecto de la tasa de mortalidad infantil, es decir, el número de defunciones de niñas y niños menores de un año, por cada mil nacidos vivos. EL indicador prácticamente no se movió, pues fue de 15.6 en 2018 y de 15.3 en 2022; lo cual muestra la insuficiencia de las políticas de atención y garantía de derechos de la niñez; y al mismo tiempo, la urgencia de hacer mucho más para consolidar un sistema nacional de protección a las infancias, así como reconstituir o refundar al Sistema Nacional DIF.
Otro dato que debe analizarse con todo detenimiento es la modificación de la estructura de la pirámide demográfica, pues en los segmentos de los 30 a los 65 años, se encuentra una sobre mortalidad masculina muy elevada, que se relaciona sin duda con la pandemia de la COVID19, pero también con la violencia armada y su impacto en la mortalidad por homicidios intencionales.
Debe comprenderse, frente a estos y la importante cantidad de indicadores disponibles en el ámbito de lo social, que México debe avanzar hacia un nuevo pacto social; el cual debe comenzar por resolver la crisis de la fiscalidad del Estado mexicano, que lleva décadas posponiéndose, y que no ha querido ser abordada, principalmente por criterios de cálculos electorales, llevando a la imposibilidad de que el Estado cumpla con el conjunto de mandatos que se ha dado a sí mismo, a través de su arquitectura constitucional y legal.
Para poner en perspectiva lo anterior, basta con pensar en lo que significa un crecimiento demográfico anual de más de 1.5 millones de personas; las cuales evidentemente se suman a quienes demandan todo: vivienda, salud, educación, trabajo, acceso a la alimentación, a un medio ambiente sano, a la seguridad social, así como a servicios básicos que requieren desde la creación de mucha más infraestructura social, así como el mantenimiento, reparación y ampliación de la ya existente.
La próxima presidenta de México se enfrentará a severas restricciones, de diversa índole; y la primera de ellas es el conjunto de desafíos asociados a una estructura demográfica que se mueve intensamente en el territorio; y que más allá de discursos e intenciones, requiere satisfactores muy reales, que se deben garantizar en el aquí y en el ahora, porque la garantía de los derechos humanos no admite ningún tipo de dilación.
La demografía es subversiva, afirmó en algún momento, con razón, Rolando Cordera; y ese carácter “subversivo” es tal, porque ningún gobierno puede hacer a un lado a nadie; porque el desarrollo debe dar como resultado un bienestar generalizado; y porque el principio de progresividad nos obliga a mejorar cada vez más.
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