ÍNDICE DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, 2022.

Felicito a Mario Luis Fuentes y a Saúl Arellano por no quitar el dedo del renglón, por no desistir en su esfuerzo constante por indagar, documentar y hacernos visible los numerosos déficits a que se enfrenta el ejercicio de los derechos de la niñez en nuestro país.

Texto de la Dra. Elena Azaola, en la presentación del Índice de los Derechos de la Niñez, 2022, el 06 de diciembre de 2022 en la Facultad de Derecho de la UNAM.

El Índice es una herramienta útil desde muchos puntos de vista ya que condensa 34 variables en 6 dimensiones para las 32 entidades federativas. Si hubiera políticos interesados en la infancia, tendrían aquí un punto de partida valiosísimo para emprender numerosas acciones. Hay aquí un mapa a partir del cual podrían trazar políticas y programas que harían la diferencia para las posibilidades de desarrollo de NNA y, junto con ello, del país en su conjunto.

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El resumen que hacen los autores no podría ser más contundente: “La evidencia que se presenta caracteriza a México como un país inapropiado para la niñez, pues las condiciones en las que viven las personas menores de 18 años son, sin caer en un exceso retórico, dramáticas”.

Conoce aquí algunas publicaciones de Elena Azaola Garrido

Yo traduciría “inapropiado” como un país que no quiere a sus hijos, al que sus hijos le son indiferentes, al que no le importa tener expectativas sobre sus niños y niñas. Y “dramático” como irracional, absurdo, incomprensible. El promedio de cumplimiento de todos los derechos que lograron medirse fue de 0.558 lo que significa que estamos con nuestros niños y apostamos por su futuro a medias, a pesar de que nuestra economía es la número 16 en el mundo y podría brindar mejores condiciones de vida a sus NNA.

El Índice pone en cuestión nuestro supuesto cómodo acerca de la niñez seguramente están siendo cuidados y protegidos por sus padres y madres. No queremos darnos cuenta de que esto no siempre es así puesto que hay padres y madres que, aunque quisieran, no pueden darles las condiciones de vida mínimas que requieren sus hijos para poder desplegar todo su potencial.

El Índice destaca que, hasta ahora, México ha sido incapaz de construir un entramado institucional integral que haga realidad los derechos que nuestra Constitución y diversas leyes reconocen para los NNA.

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El texto hace un llamado a la indignación frente a la inaceptable y dolorosa realidad que describe. Por mi parte, acepto el llamado y me sumo a sus voces para hacer visible esta realidad y para decir junto con ellos que urge que actuemos en consecuencia para modificarla, para dar esperanza de una vida mejor a nuestra niñez.

Bien hacen los autores en advertirnos que, por demoledores que puedan ser los números que recogen, no logran transmitirnos las realidades complejas ni el dolor que implica vivir bajo condiciones tantas veces indignas e infrahumanas que padece la mayoría de los niños y niñas en nuestro país.

Especial atención requieren los NNA indígenas quienes cuentan con los indicadores más bajos en el cumplimiento de derechos. De acuerdo con INEGI, en 2020 había 1.96 millones hablantes de lenguas indígenas entre los tres y los 19 años de edad. De ellos, 338,880 no eran hablantes del español por lo que se requiere garantizarles el derecho a una educación bilingüe.

Otro grupo que se enfrenta a condiciones más difíciles para el cumplimiento de derechos es el de NNA que cuentan con alguna discapacidad, limitación o condición mental. De acuerdo con INEGI, en 2020, éstos eran un total de 2.97 millones de NNA de 0 y los 19 años de edad, lo que representa al 7% de la población de este grupo de edad.

Dado que no se cuenta con datos que permitan medir el comportamiento de la pobreza de la niñez por entidad y municipio entre 2008 y 2020, los autores destacan que éste es en sí mismo un dato indicativo de la ausencia de una perspectiva que coloque en un primer plano a los derechos de la infancia en nuestro país. Lo que es claro, como señalan, es que la pobreza afecta más a la infancia que a cualquier otro grupo etario, además de ser una condición estructural e intergeneracional.

En efecto, entre 2008 y 2020, poco más del 50 por ciento de los NNA han sido considerados en circunstancias de pobreza multidimensional mientras que para el resto de la población el porcentaje fluctúa alrededor del 44 por ciento. De igual modo, mientras que el porcentaje de la población mayor de 18 años considerada no pobre o no vulnerable fue en 2020 de 25.8, para los NNA el porcentaje fue de 17.9.

En relación con las variables que tienen un mayor peso como determinantes de la pobreza y las condiciones de vulnerabilidad de la niñez, entre ellas, la carencia de seguridad social en su hogar, así como de ingreso laboral, nutrición de calidad, rezago educativo, servicios en la vivienda o ser hablante de alguna lengua indígena, el Índice contiene datos tan demoledores como los siguientes: cuando los NNA registraron simultáneamente carecer de seguridad social y de servicios de salud, presentaban 96.9 % de probabilidades de ser considerados como pobres; mientras que, cuando se registró simultáneamente vivir en áreas rurales, habitar en viviendas donde se cocina con leña, carecer de seguridad social y hablar alguna lengua indígena, el porcentaje de probabilidad de ser pobre fue de 100 por ciento. Este dato muestra las profundas desigualdades que persisten en nuestro país sobre todo si se toma en cuenta que, a nivel nacional, el promedio de NNA en situación de pobreza en 2016 fue de 50%. Sólo que este promedio esconde la diferencia en la proporción de NNA en pobreza entre Chiapas, que es de 84.5%, y Baja California Sur, con 23.7%, es decir, una diferencia de 3.56 veces. También hay que decir que, para 2020, el porcentaje de NNA en situación de pobreza se incrementó en 5 puntos porcentuales al pasar de 50.3 a 55.6%.

Otro grave problema que afecta también a la infancia es la violencia. El Índice reporta que de 2016 a 2021, 7,752 NNA perdieron la vida a causa de lesiones provocadas de manera intencional y desglosa con todo detalle tanto los números absolutos como las tasas por 100 mil habitantes de cada entidad federativa.

En relación con las carpetas de investigación sobre denuncias de casos de violencia familiar, se observa un incremento de 46% en tan sólo 5 años, de 2016 a 2020 (de 191 mil casos a 254 mil) y un incremento de 64.5% en las agresiones de tipo sexual. Se trata de un fenómeno que ha ido escalando de manera dramática por lo que queda claro que las medidas que se han tomado para detenerlo resultan insuficientes y muestran, sobre todo, un nivel preocupante de deterioro del tejido social y una falta de entendimiento de los resortes que activan esta violencia.

Pero el estudio no sólo constituye una denuncia, sino que también arriesga hipótesis para entender la violencia, una de ellas: que la pobreza no es necesariamente su principal detonante, y que hay diversas formas de ejercicio de la violencia que no están ligadas a condiciones socioeconómicas, sino a factores como la salud mental y la presencia o no de una ética de respeto, solidaridad y protección de la otredad.

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Agregaría que en nuestro país también nos hace falta entender cómo las violencias se hallan imbricadas entre sí y cómo podemos intervenir para detener las espirales de violencia. Nos hace falta, asimismo, promover un diálogo social en torno a las violencias que, sobre todo, se ocupe de trazar caminos que transiten hacia escenarios de reducción de la violencia y de construcción de paz. El estudio proporciona datos en este sentido pues elabora diversos cuadros que permiten hacer visibles las correlaciones que existen entre diferentes formas de violencia.

El título del siguiente capítulo es igualmente revelador “la educación, la otra tragedia”. Como sabemos, en este rubro la pandemia tuvo efectos demoledores que se suman a los acumulados por la falta de un proyecto educativo sólido con metas precisas que permitan trazar una ruta para superar los profundos rezagos y desigualdades que la educación tiene en nuestro país. Los datos que los autores citan en este rubro les permite hablar sobre un escenario catastrófico y algo similar ocurre con el rubro de la salud que el Índice también analiza desde distintos ángulos.

El capítulo dos se ocupa propiamente del índice de los derechos de la niñez donde se desglosan 34 variables de seis dimensiones reconocidas por nuestras leyes y sobre las que también se proporcionan datos paras las 32 entidades federativas.

En suma, considero que se trata de un texto extraordinario que todos deberíamos consultar no sólo porque compila una gran cantidad de datos que nos permiten trazar el panorama general de los derechos de NNA en nuestro país, sino por la manera como ponderan, analizan los datos y como señalan a cada paso que no basta con conocer los datos, sino que hay que dimensionar también lo que significa en términos de la limitación de oportunidades para el desarrollo, el despliegue de capacidades, el disfrute de una vida plena en donde cada NNA sientan que su dignidad es reconocida y que el país se esfuerza por cuidarlos y protegerlos, por darles siempre lo mejor.

Gracias, Mario Luis, gracias Saúl por este trabajo, por su perspectiva y por su persistencia que se suma a lo mucho que han aportado para hacer que éste sea un mejor país pues, como una y otra vez nos han dicho, no podrá serlo mientras los derechos de los NNA continúen siendo ignorados. El hecho de que se hayan ocupado por tanto tiempo de los derechos de la infancia nos hace ver que un mejor país es posible.

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