La sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU de este 24 de enero nos recordó una vez más el alcance de la crisis que vivimos en México, no solo en la seguridad pública sino también en la impunidad, el acceso a la justicia, la discriminación, el cumplimiento de garantías sociales, las condiciones en las que viven los colectivos vulnerados y otros ámbitos de nuestra realidad humanitaria.
Escrito por: Enrique Provencio D.
No comentaré las más de 300 recomendaciones que hicieron a México decenas de representantes de otros países, sino el documento del CDH, Recopilación de información preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se conoció en noviembre de 2023 y sirvió de base para la mencionada sesión del 24 de enero. Este material, junto con el Resumen de las comunicaciones de las partes interesadas sobre México, puede verse aquí
Esta es el cuarto examen periódico que le corresponde a México, así que no se trata de un ejercicio nuevo. El periodo revisado corresponde casi a todo lo que va del gobierno que inició en diciembre de 2018. En los siguientes párrafos se retoman algunos aspectos destacados por la CDH. Se repetirá mucho la palabra preocupación porque así ocurre en el documento de la ONU.
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Igualdad y no discriminación.
La legislación de protección a las víctimas no se aplica suficiente ni adecuadamente; las comisiones de DH deben ejercer sus tareas en forma totalmente autónoma; es preocupante la discriminaciòn de mujeres y pueblos indígenas; se deben intensificar los “esfuerzos para dotar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de los recursos humanos, financieros y técnicos adecuados”.
Libertad, seguridad de la persona y tortura.
Preocupación por los niveles de los homicidios, las ejecuciones extrajudiciales y los índices de letalidad, los grupos de autodefensa en algunas entidades federativas, los elevados grados de hacinamiento en los penales, y por la información sobre violaciones a derechos, incluyendo tortura por militares; recomendación de que México se distancie de “un enfoque militarizado de las fuerzas del orden y [avance] en el proceso de formación de la Guardia Nacional como institución civil”.
Administración de justicia.
Injerencia de otros poderes en el poder judicial; necesidad de “proteger la plena autonomía, independencia, imparcialidad y seguridad de los jueces, magistrados y fiscales” para que no sufran presiones; erradicar la impunidad, sobre todo sus causas estructurales; preocupación por la “impunidad sistémica de los responsables de crímenes violentos, como matanzas y ejecuciones arbitrarias”, y por continuación de la prisión preventiva obligatoria; recomendación para que las violaciones de los DH por parte de militares se conozca en los tribunales civiles.
Libertades, participación, vida privada y trata.
Se destacó las dificultades a las que se enfrenta la institución que vela por el derecho de acceso a la información; preocupación por los atentados mortales a periodistas. Preocupación por las reformas al “Código Militar de Procedimientos Penales y al Código de Justicia Militar en que se [otorgan] amplias facultades a fiscales y jueces militares para allanar viviendas y edificios públicos e intervenir en telecomunicaciones privadas, sin una orden judicial emitida por la justicia penal ordinaria”. Recomendación de intensificar las medidas contra la trata de personas y cuidar su eficacia.
Derechos sociales.
Preocupación por la brecha salarial hombres – mujeres, por la discriminación a los derechos laborales de los inmigrantes y en el trabajo doméstico, por la insuficiencia del régimen de pensiones contributivas, por los retos que enfrenta la población en pobreza extrema para acceder a servicios básicos, por los índices de embarazo de adolescentes, y por la insuficiencia de los servicios de salud reproductiva; se señaló la degradación de la educación en las escuelas normales, y el insuficiente acceso al patrimonio cultural.
Derechos de personas o grupos específicos.
Se identificó que faltan “políticas integrales de apoyo para que los niños, niñas y adolescentes permanecieran en la escuela y tuvieran acceso a servicios integrales de salud y observó un clima de impunidad en los casos de violencia en su contra”. Para las personas con discapacidad, se señaló que no existe una estrategia de inclusión, que no se han aplicado las medidas requeridas de ajustes razonables, y que sigue habiendo limitaciones a sus capaciades jurídicas. En cuanto a pueblos Indígenas y minorías, se recomienda acelerar los esfuerzos para acabar con la discriminación, la estructural y la institucional. Sobre las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, se llamó la atención sobre todo acerca de la elevada violencia que sufren y sobre los asesinatos motivados por su condición.
Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.
Se señalo que no se protegen sus DH con efectividad; se recomendó cumplir con el principio de la no devolución, y que toda denuncia de violación de sus DH fuera atendida con celeridad e imparcialidad; se “observó con preocupación que México seguía recurriendo a la detención automática u obligatoria de migrantes indocumentados y solicitantes de asilo”, y se observaron las dificultades y retos de la COMAR para llevar a cabo sus funciones. En cuanto a desplazados internos se externó la preocupación por su vulnerabilidad, sobre todo de las mujeres.
Las anteriores no son mas que unas cuantas menciones del contenido del documento que aportó el CDH para la revisión de la situación de los DH en México. Vale mucho la pena revisar el texto completo, y también el el Resumen de las comunicaciones de las partes interesadas sobre México, que da cuenta, en el lenguaje propio de un documento de la ONU, de los testimonios, denuncias, opiniones y evidencias de cientos de organizaciones vincuadas a los DH. Entre estas estuvieron casi un centenar de grupos de buscadoras y rastreadoras de desaparecidos.
La sesión del CDH en la ONU casi coincidió con la inaudita expresión de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante legisladores en la que propuso acabar con la autonomía de este órgano constitucional. También coincidió con una de esas oleadas ocasionales en las que hablamos del comportamiento de la percepción de la inseguridad y el comportamiento de los homicidios. Muchos otros temas contenidos en el documento del CDH están prácticamente fuera del debate público, y aparecen solo esporádicamente, como si su crítica condición estuviera normalizada en el panorama nacional.
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