Derechos Humanos en América: una mirada desde la CIDH

po José de Jesús Orozco

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es el órgano de protección regional con más años de existencia, y ha promovido y defendido los derechos humanos de los habitantes de América por más de medio siglo. Durante ese tiempo, la Comisión ha acumulado una experiencia institucional inigualable, a través de sus múltiples mecanismos, como peticiones y casos individuales; medidas cautelare; visitas in loco; informes temáticos y de país; audiencias públicas; reuniones de trabajo y comunicados de prensa, lo cual le ha permitido conocer y monitorear la situación de miles de víctimas, así como los desafíos y avances en cada uno de los 35 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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El autor agradece a Jorge H. Meza, abogado especialista en derechos humanos de la CIDH, su valioso apoyo en la elaboración de este artículo.

Una mirada hacia las labores de la Comisión permite advertir que en la región americana se conforma un mosaico muy plural de afectaciones a derechos humanos de las personas: mientras en algunos Estados existe una deuda pendiente para resolver la impunidad que dejaron los gobiernos dictatoriales o los conflictos armados, en algunos otros se continúa enfrentando la más grave violencia como resultado del actuar policial, o bien de la operación de estructuras paramilitares o criminales.

Asimismo, algunos Estados se caracterizan por problemáticas derivadas de la lucha de pueblos indígenas por sus territorios; otros por la lucha aún por la defensa de la libertad de expresión y el ejercicio de la protesta social; mientras que en otros se discuten temas como si el uso de “drones” para la vigilancia de las comunidades o los medios de reproducción asistida son compatibles con el derecho internacional.

Una muestra más de las divergencias en América es que, mientras en la mayoría de los países la abolición de la pena de muerte es una discusión acabada, en países como los Estados Unidos continúa siendo una pena efectivamente aplicada.

Los anteriores ejemplos permiten identificar una serie de matices presentes en nuestra región y también varias de las materias sustantivas en las que la Comisión invierte sus esfuerzos en los Estados. Sin embargo, dentro de este mosaico plural existen desafíos comunes, algunos de los cuales caracterizan a nuestra región.

El primer aspecto de preocupación transversal en nuestro continente es la falta de prevalencia del derecho a la igualdad y no discriminación en la sociedad, lo que se agudiza para algunos sectores debido a la implementación de proyectos industriales, así como la conservación de estereotipos sociales, la pobreza y el impacto que tienen en estos grupos fenómenos como el crimen organizado o las migraciones.

Pueblos indígenas

Así, la Comisión ha constatado la difícil situación que atraviesan pueblos indígenas, no sólo en muchos casos por la precariedad en sus condiciones de subsistencia y la exclusión en que se han mantenido por décadas, sino también por los intentos frecuentes de interferir en el goce de sus tierras ancestrales y territorios. Este es tal vez uno de los retos más grandes de América en materia de derechos humanos: las tensiones que surgen entre el argumento del desarrollo económico invocado por los Estados, a través de la implementación de megaproyectos industriales extractivos, y el respeto a los territorios y tierras ancestrales de estos pueblos.

La CIDH y la Corte Interamericana han reiterado la obligación que tienen los Estados de realizar una consulta previa a estos pueblos y, en supuestos específicos, obtener su consentimiento cuando alguna obra estatal o de terceros pueda afectar su propiedad. En esa dirección, los Estados tienen una línea claramente trazada por la jurisprudencia interamericana sobre qué obligaciones deben observar. Sin embargo, un desafío más se ha presentado cuando los pueblos indígenas que serían afectados se encuentran en aislamiento voluntario o son pueblos no contactados, cuya premisa de existencia es la ausencia de contacto con nuestra civilización.

Recientemente, en su “Informe sobre los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario” I, la CIDH ha realizado algunas propuestas para aproximarse a una respuesta sobre cómo implementar un estándar de consulta previa a estos pueblos presentes en países como Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela, utilizando técnicas como coordinar la consulta a través de pueblos contactados que tengan relación con tales pueblos, o bien entender de antemano el rechazo manifiesto a la presencia de personas ajenas a su pueblo en sus territorios.

Personas afrodescendientes

Aunque representan cerca del 30% de la población de las Américas, una de las tareas pendientes a lo largo del continente es visibilizar la situación de las personas afrodescendientes, en el entendimiento de que la identificación de esta población y sus necesidades particulares constituyen el paso inicial para construir categorías jurídicas apropiadas y políticas públicas adecuadas. Un importante desafío son los denominados perfiles raciales o práctica del racial profiling, que propicia que la población afrodescendiente, sólo en virtud de su raza, sea más susceptible de ser sospechosa, procesada y condenada que el resto de la población. Este fenómeno es de la mayor preocupación y constituye un indicador de profunda discriminación estructural permanente aún en muchas sociedades de América II.

Mujeres

En lo que se refiere a los derechos de las mujeres, la CIDH continúa resaltando la necesidad de observar una perspectiva de género en la planificación y la implementación de las políticas públicas. Es lamentable la situación de violencia contra la mujer existente en la región y el hecho de que sólo un 5% de las víctimas adultas de violencia sexual en la región denuncian el incidente a la policía por el temor que representa la revictimización, producto de estereotipos de los propios operadores de justicia III.

Además, la desigualdad se vuelve manifiesta en otros espacios como el de la participación política, si tenemos en cuenta que las mujeres representan sólo el 22% en los Congresos Americanos y que en países como México y Perú, en 2011 sólo un 3% de las Alcaldías fueron encabezadas por mujeres IV. Además, hay muchas tareas pendientes en nuestra región, como garantizar el acceso pleno a la justicia, a la información en materia reproductiva y a los servicios de salud materna V.

Uno de los temas que más ha llamado la atención de la Comisión y de la Corte Interamericana en el último año se refiere a la importancia de salvaguardar la vida e integridad de la mujer frente a un daño irreparable, en casos en los cuales requiera de un tratamiento médico cuya implementación podría inclusive significar la pérdida del producto de un embarazo VI.

Niñas, niños y adolescentes

En lo que respecta a la situación de las niñas, niños y adolescentes, la Comisión ha resaltado permanentemente la importancia de que el niño y la niña sean reconocidos como sujetos titulares de derechos. Se requieren reformas importantes a los marcos jurídicos de los Estados para que la justicia juvenil se verifique en forma compatible con el derecho internacional y para que se salvaguarden a plenitud los derechos de niñas y niños que se encuentran en instituciones del Estado VII.

Resulta preocupante que el castigo corporal no está erradicado de la región. Según el último informe de la CIDH, en Belice, Grenada y San Vicente y las Granadinas aún se prevé el uso del castigo corporal en las escuelas, así como en Jamaica en instituciones dedicadas al cuidado de niñas, niños y adolescentes VIII.

Personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex

Por otro lado, un grupo que históricamente ha estado sometido a discriminación por su orientación sexual, identidad de género y expresión de género, es el de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, quienes son sujetas en nuestro continente a violencia, persecución y otros varios abusos.

En América tenemos en la CIDH la primera relatoría a nivel internacional encargada de monitorear la situación de estas personas IX, y se han dado avances jurisprudenciales importantes, como el pronunciamiento de los órganos del sistema interamericano en el caso Karen Atala (Chile), en el cual se consideró que el hecho de que las autoridades nacionales hubiesen negado a una madre la custodia de sus hijas porque fuera lesbiana constituía un trato discriminatorio X.

Sin embargo, en la agenda de la Comisión hay temas pendientes, como la adopción de niñas y niños por parte de parejas no heterosexuales; el derecho a la identidad de las personas trans e intersex; o bien la modificación de los marcos normativos de varios países del Caribe que todavía criminalizan una orientación sexual diferente a la heterosexual.

Migración y desplazamiento forzado

Esta situación de discriminación o de vulnerabilidad en que se encuentran varios grupos de poblaciones se agudiza más ante el fenómeno de la migración y el desplazamiento forzado. La situación de violencia, inseguridad y discriminación que enfrentan estas personas incluye secuestros, homicidios, desapariciones, actos de violencia sexual y trata de personas. Tales fenómenos afectan de manera transversal los derechos más esenciales y se agudizan con la presencia del crimen organizado o de grupos paramilitares.

Tratándose de la migración irregular, la Comisión ha expresado su preocupación porque en países como los Estados Unidos de América, algunas entidades federativas han adoptado iniciativas para criminalizarla, a pesar de que un estatus migratorio irregular no constituye en modo alguno un delito XI.

Personas privadas de la libertad

Otro factor transversal desfavorable en la región son las condiciones infrahumanas persisten en varias cárceles. Muchas de las personas privadas de la libertad se encuentran en hacinamiento y enfrentan problemas como las deficientes condiciones de reclusión; falta de provisión de servicios básicos; altos índices de violencia; empleo de la tortura; uso desproporcionado de la fuerza, así como corrupción y falta de trasparencia en la gestión penitenciaria XII. En general, los Estados no destinan un presupuesto suficiente para afrontar los desafíos que representan las malas condiciones de detención. Según el informe de la CIDH, el porcentaje del Presupuesto Nacional destinado al Sistema Penitenciario en México es sólo del 0.23%, mientras que en Panamá 0.35%, en Argentina 0.56% y en Chile 0.79% XIII.

Libertad de expresión

Ante estas problemáticas, la CIDH ha considerado que la libertad de expresión es un derecho esencial para denunciar cualquier violación a los derechos humanos. De allí que la Comisión la ha reconocido como piedra angular en toda sociedad democrática, consolidando un estándar conforme al cual el uso del derecho penal para sancionarla resulta un medio desproporcionado que se presta para silenciar ideas y opiniones.

La Comisión ha trabajado intensamente, logrando la derogación de leyes que sancionaban penalmente la libertad de expresión en Argentina; Chile; Costa Rica; El Salvador; Guatemala; Honduras; México (a nivel federal); Panamá; Paraguay; Perú; y Uruguay. Sin embargo, en países como Ecuador, continúan instaurándose procesos penales en contra de periodistas o comunicadores que tienen por fundamento las expresiones realizadas en relación con las actuaciones de altos funcionarios públicos XIV.

Asimismo, en la región, el número de asesinatos y agresiones en contra de periodistas continúa siendo alarmante XV y persisten materias en las que es necesario reformar los marcos normativos estatales para no limitar la libertad de expresión en temas importantes como la regulación del internet, las concesiones de los medios de comunicación y la asignación de publicidad oficial.

Lucha contra la impunidad

Adicionalmente, uno de los principales desafíos en el hemisferio es la lucha contra la impunidad. La Comisión ha impulsado la declaración de incompatibilidad con la Convención de las amnistías de Argentina; Brasil; Chile; El Salvador; Guatemala; Perú; Uruguay; y Suriname, lo cual ha permitido poner fin a varias de estas leyes, abriendo una puerta para sentar en el banquillo de los acusados a los responsables del asesinato, desaparición o tortura de miles de personas, tanto en el marco de gobiernos dictatoriales, como de conflictos armados.

Con la misma convicción, el mes pasado la Comisión publicó el informe “Verdad, Justicia y Reparación”, indicando que en la búsqueda de soluciones que actualmente formula la República de Colombia para alcanzar la paz y dejar atrás el conflicto armado existe un deber irrenunciable e investigar las graves violaciones, sin perjuicio de las penas alternativas o atenuadas que pueda imponer como consecuencia de un marco de justicia transicional XVI.

En adición a todos estos temas, la CIDH se ha mantenido vigilante a la ruptura del orden democrático constitucional en los países de la región –como sucedió en Honduras con el golpe de Estado en 2009–XVII; verificando en algunos países la ausencia de elecciones libres y periódicas; y monitoreado los derechos de otros grupos como las personas con discapacidad y adultos mayores. Además, recientemente ha creado una Relatoría Especial para monitorear el goce de los derechos económicos, sociales y culturales y analizar temas tan importantes como el impacto que tienen las empresas privadas en la contaminación del aire, agua y los suelos, comprometiendo los derechos de varios ciudadanos y ciudadanas de América.

Sin duda, hay sed de justicia y varias tareas pendientes en materia de derechos humanos en América, que deben ser afrontadas por los Estados de la OEA. Sin embargo, en un extremo más de las divergencias presentes en nuestra región, se encuentra el diferenciado nivel de protección que reconocen los Estados para que sus habitantes defiendan sus derechos: mientras en países como México se dan avances, reconociendo la vinculatoriedad de las decisiones y jurisprudencia de los órganos del sistema interamericano, Venezuela decidió denunciar la Convención Americana, privando así a las y los venezolanos de un espacio supranacional para la protección a sus derechos. Asimismo, países como los Estados Unidos, Canadá y algunos otros más del Caribe no han ratificado tratados internacionales que otorgarían una mejor protección a sus habitantes ni reconocido todavía la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos XVIII.

Además, es necesario mencionar que los Estados que sí hacen parte del sistema interamericano no le han dotado de recursos financieros suficientes para que tenga un funcionamiento adecuado. En los últimos dos años la Comisión ha resaltado este problema y el impacto que tiene en su eficiencia el hecho de que opere con un menor número de abogadas y abogados contratados que el total de Estados miembros de la OEA XIX.

Con varios desafíos pendientes en los Estados y con retos significativos para contar con un sistema interamericano eficiente, la Comisión Interamericana continuará estimulando la conciencia de los derechos humanos para las y los americanos y recopilando una experiencia institucional que debe ser conocida y divulgada entre todos los actores que participan en la protección de los derechos humanos. Se necesita generar sinergias y eco en los temas identificados y pronunciamientos de la Comisión para que sean cumplidos y materia de preocupación prioritaria por parte de los Estados y las organizaciones de la sociedad civil. Así, podremos encaminar a nuestra América hacia un mejor rumbo.

Notas y Referencias:

I. Ver, CIDH, Pueblos Indígenas en asilamiento voluntario y contacto inicial en las Américas, 30 de diciembre de 2013. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/Informe-Pueblos-Indigenas-Aislamiento-Voluntario.pdf

II. Ver, CIDH, La Situación de las Personas Afrodescendientes en las Américas, 5 de diciembre de 2011. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/afrodescendientes/docs/pdf/AFROS_2011_ESP.pdf

III. CIDH, Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica, 9 de diciembre de 2011, párr. 168. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/mujeres/docs/pdf/MESOAMERICA%202011%20ESP%20FINAL.pdf

IV. CIDH, El camino hacia una democracia sustantiva: la participación política de las mujeres en las Américas, 18 de abril de 2011, párr.. 68. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/mujeres/docs/pdf/MUJERES%20PARTICIPACION%20POLITICA.pdf   

V. La Relatoría de Mujeres de la CIDH ha realizado varios informes identificando varias de las problemáticas existentes en la región y los estándares de derecho internacional aplicable. Ver, CIDH, Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia: la educación y la salud (2011), Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en Mesoamérica (2011); Acceso a la Información en Materia Reproductiva desde una Perspectiva de Derechos Humanos (2011); El Camino a la Democracia Sustantiva: La Participación Política de las Mujeres en las Américas (2011), entre otros. Todos ellos disponibles en: http://www.oas.org/es/cidh/mujeres/informes/tematicos.asp

VI. En 2013 los órganos del sistema interamericano tuvieron conocimiento de la situación de “B”, una mujer de 22 años de edad que sufría de lupus eritematoso y se encontraba en la semana  veinte de su embarazo, siendo el feto anencefálico (sin cerebro). El obstáculo principal por el cual la señora B no había podido acceder al tratamiento para su enfermedad es la penalización absoluta del aborto en El Salvador y los riesgos que implicaría tal tratamiento en el feto. La Comisión y la Corte, ante el extremo riesgo de que la señora B fuera irreparablemente afectada en sus derechos a la vida e integridad, solicitaron al Estado de El Salvador implementar el tratamiento médico requerido. Esta decisión no ha sido aislada, pues ya desde 2010, en una decisión sin precedentes, la Comisión había otorgado en términos similares una medida cautelar para proteger los derechos de “Amelia”, mujer embarazada que padecía cáncer y quien por las mismas razones no se había practicado un tratamiento médico en Nicaragua. Ver en este sentido Corte Interamericana de Derechos Humanos, Asunto B, Resolución de 29 de mayo de 2013. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/B_se_01.pdf.

VII. La Relatoría de niños, niñas y adolescentes ha publicado varios informes temáticos al respecto: CIDH, Derecho del niño y la niña a la familia. Cuidado alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las Américas (2013);  Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas (2011); Informe sobre Castigo Corporal y los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (2009). Disponibles en: http://www.oas.org/es/cidh/infancia/informes/tematicos.asp               

VIII. CIDH, Informe sobre el Castigo Corporal y los Derechos Humanos de los Niñas, Niños y Adolescentes, 5 de agosto de 2009. Disponible en: http://www.cidh.org/Ninez/CastigoCorporal2009/CastigoCorporal.Indice.htm 

IX. La relatoría sobre los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entró en funciones el día 1° de Febrero de 2014. Más información disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/015.asp          

X. Cfr. Corte IDH, Caso CasoAtalaRiffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239.    

XI. Cfr. CIDH, Informe sobre Migración en Estados Unidos: Detención y Debido Proceso, 30 de diciembre de 2010. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/docs/pdf/Migrantes2011.pdf

XII. Ver, CIDH,  Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, 31 de diciembre de 2011. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/tematicos.asp

XIII. Cfr. CIDH, Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas, 31 de diciembre de 2011, párr.. 63.  Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/PPL2011esp.pd

XIV. Cfr. CIDH, Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 31 de diciembre de 2013. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/2014_04_22_IA_2013_ESP_FINAL_WEB.pdf

XV. Según las  cifras reportadas a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, entre el 1º de enero de 2010 y el 1º de noviembre de  2013, al menos 78 periodistas, trabajadores y trabajadoras de medios habrían sido asesinados en la región por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de su profesión. Decenas más habrían sido desaparecidos o desplazados de sus lugares de trabajo y otros cientos recibieron amenazas o fueron hostigados o atacados como respuesta a sus actividades profesionales. CIDH, Violencia contra periodistas y trabajadores de los medios: Estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención , protección y procuración de justicia, 31 de diciembre de 2013. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_22_Violencia_ESP_WEB.pdf

XVI. Cfr. CIDH, Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, 31 de diciembre de 2013. 

XVII. Cfr. CIDH, Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado, 30 de diciembre de 2009. Disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/Honduras09sp/Indice.htm

XVIII. Al respecto, véase CIDH, Informe Anual 2013. Cap. IV. Apartado A.2 Panorama sobre la ratificación universal, incorporación de estándares, control de convencionalidad y cumplimiento de las recomendaciones y decisiones de la CIDH, 31 de diciembre de 2013.  

XIX. Al respecto, la Comisión cuenta con 27 abogados y abogadas contratados y monitorea la situación de 35 países de la región. Véase CIDH, Informe Anual 2013, Capítulo VI, 31 de diciembre de 2013. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2013/indice.asp

José de Jesús Orozco Comisionado ex Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas y miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigador Nacional, nivel III, del SNI.