A partir de la década de los ochenta, la discusión en torno a la relevancia de proteger y garantizar los derechos humanos comenzó a tener visibilidad e incluso cierta notoriedad en nuestro país.
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En aquel momento, México se comprometió con dos importantes instrumentos internacionales: el decenio de las Naciones Unidas a favor de los derechos de las personas con discapacidad; siendo también promotor de la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, considerada como uno de los grandes “parteaguas” en la discusión global en torno a los derechos humanos.
En la década de los 90, y en eso se le debe mucho al Dr. Jorge Carpizo, se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la que a la postre adquiriría plena autonomía constitucional, con el propósito de garantizar que toda persona que fuese víctima de la violación de alguno de sus derechos, por parte del Estado, tendría la garantía de la reparación del daño y de la no repetición en la vulneración de sus derechos.
El marco constitucional de reconocimiento a los derechos humanos fue también ampliándose gradualmente: y en las primeras dos décadas de este siglo se han incorporado, entre otros, los derechos a la cultura, a la alimentación, al acceso al agua potable, la prohibición explícita de la discriminación, un amplio catálogo de derechos de las personas indígenas, el principio del Interés Superior de la Niñez, el principio pro persona, y muchas otras conquistas más, que se robustecieron en 2011 con la consolidación de lo que las y lo constitucionalistas han denominado como el paradigma de los derechos humanos.
Es importante decir que, a casi 10 años de la transformación radical de nuestra Carta Magna, ésta no ha arraigado en la visión y comprensión del Estado en todos los órdenes y niveles del gobierno y la administración pública, y tampoco se ha convertido en el eje de la discusión pública en torno a cómo construir un país de justicia e inclusión para todas y todos.
En consecuencia, aún no ha llegado al Poder Ejecutivo ninguna o ningún mandatario explícitamente comprometido con el proyecto de país que implica el nuevo paradigma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo cual constituye una paradoja, pues su juramento y protesta del cargo tiene como principal máxima justamente la de cumplirla, y velar por su pleno cumplimiento en todos los espacios de la vida pública.
Por ejemplo, si se tomaran en serio el derecho a no ser discriminados (artículo 1º); la igualdad sustantiva de mujeres y hombres (artículo 4º); y el principio del interés superior de la niñez (artículo 4º), del 2011 a la fecha, periodo en que ha estado vigente el nuevo paradigma constitucional, los procesos de presupuestación y planeación del desarrollo hubiesen tenido cambios sustantivos, pues los objetivos y prioridades de la administración pública federal, y con ella, las de los estados y los municipios, debieron haberse transformado radicalmente.
En este escenario, preocupa que las instituciones responsables de velar por la garantía y vigencia de los derechos humanos (CNDH–CEAV–SIPINNA–CONAPRED) enfrentan una severa austeridad presupuestal, la cual constituye un contrasentido en un momento en que si hay espacios en los que debe haber recursos e inversión pública son aquellos donde se defiende y garantizan los más preciados bienes sociales, que van desde los satisfactores de las necesidades materiales de la vida, hasta la defensa y garantía de la libertad y la dignidad humanas.
Plantear qué debe consolidarse primero: si el régimen de bienestar o el sistema de libertades es un falso dilema; uno sin lo otro, como lo planteaba desde hace 30 años Octavio Paz, constituye una quimera. Y es que sin bienestar no hay democracia posible, y sin democracia no es factible construir un Estado de bienestar que permita crecer económicamente con propósitos igualadores y con criterios de bienestar.
En la coyuntura, que varias colectivas feministas hayan tomado instalaciones de la CNDH y quemado en la vía pública parte de su mobiliario, es emblemáticos de un país que, en los espacios de mayor sensibilidad, ha decidido no hacer el esfuerzo de comprender y, en consecuencia, de comprometerse, con todo lo que implica la imprescindible, irrenunciable y vasta agenda de los derechos humanos.
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