El Artículo 1º Constitucional establece la obligación del Estado mexicano de garantizar de manera integral, interdependiente e indivisible los derechos de toda su población. Sin embargo, México ha incumplido una y otra vez las responsabilidades adquiridas a través de los instrumentos internacionales de derechos humanos que ha adoptado y que forman parte del mandato de la propia Carta Magna.
En consecuencia, nuestro país vive una severa crisis de derechos humanos agravada por la violencia que se extiende a lo largo y ancho del territorio nacional y que ha dejado un sinnúmero de homicidios, casos de tortura, de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales y de feminicidios.
En efecto, la crisis que ha heredado el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, aunada a la grave descomposición del tejido social, se expresa en al menos 33 mil homicidios intencionales durante 2018, de los cuales, 23,672 fueron cometidos por disparo de arma de fuego, es decir, un promedio mensual de 1,972 casos, o bien, 65 casos por día. Otros 3,221 fueron cometidos con arma blanca; y 5,980 cometidos por “otros elementos”, como objetos para golpear, piedras, y hasta utensilios de cocina.
De la misma manera, esta crisis se expresa en el número de feminicidios, el cual se ha incrementado de manera relevante en los últimos años. Para el año 2018 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró una cifra récord, con 861 casos, 21% más que en 2017, de los cuales, 201 fueron cometidos con arma de fuego, 174 con arma blanca, 454 con “otro elemento”, y 32 casos más fueron clasificados como “no especificados”.
Lo anterior, fortalece la hipótesis relativa a que, en el momento en que la violencia criminal se incrementa, de manera simultánea crecen otras expresiones y formas de acción delincuencial. Así, se suman los 4 mil 400 casos de tortura en revisión a nivel federal y los más de 34 mil casos de personas desaparecidas.
Asimismo, debe agregarse la debilidad institucional, pues en el caso de los registros de desapariciones de personas, nuestro país sigue en deuda con las víctimas, a más de un año de haber entrado en vigor la ley en materia de desapariciones, sólo nueve entidades instalaron sus respectivas Comisiones de Búsqueda, y apenas 12 estados armonizaron sus disposiciones jurídicas.
Además, a seis años de la expedición de la Ley General de Víctimas y la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, la consolidación de una política nacional que involucre a las autoridades de los tres órdenes de gobierno sigue siendo una agenda prioritaria.
Sin duda, es vital que la actual administración federal impulse con urgencia la agenda de los derechos humanos como el eje central de sus políticas públicas y de sus decisiones gubernamentales. En consecuencias, se requiere poner en el centro de la política pública a las víctimas, garantizar los derechos humanos de manera progresiva y con especial atención a los grupos más vulnerables, así como políticas de seguridad y procesos de verdad y justicia. Por ello, necesitamos más Estado y más instituciones capaces de diseñar soluciones integrales en favor de toda nuestra población.
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