En un agitado cierre de año, el 29 de diciembre del 2021, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una sentencia de implicaciones significativas. La sentencia fue resultado de una impugnación que diversos actores políticos presentaron en contra de la decisión que tomó una mayoría de las y los integrantes del Consejo General del INE sobre la revocación de mandato, ejercicio que está en marcha desde hace semanas (en su etapa de revisión de apoyos ciudadanos y verificación de requisitos constitucionales para llevarla a cabo).
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Las implicaciones de la sentencia del Tribunal
La sentencia del TEPJF es relevante por diversos motivos. Unos de ellos, por supuesto, el más debatido públicamente, es que se revocó el acuerdo del INE para posponer de forma temporal la organización de la revocación de mandato, sustentado en el hecho de que carece de los recursos suficientes para llevarla a cabo, con las exigencias que establece la ley (que exige un monto total de 3,830 millones de pesos), y a consecuencia del recorte impuesto por la Cámara de Diputados al presupuesto solicitado por el INE para este año (de casi 5 mil millones de pesos).
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El Tribunal determinó que el INE no podía posponer la organización de la revocación de mandato porque no había agotado aún todas las posibilidades de acceso a más recursos, particularmente dos. Primero, hacer un esfuerzo de adecuación a su presupuesto, “sin afectar” —y esto es fundamental— “sus obligaciones constitucionales, legales, estatutarias y laborales”, para generar mayores recursos, adicionales, hay que decirlo, a los 1.5 millones de pesos que había generado ya desde diciembre pasado, producto de economías, y cancelación o posposición de otras actividades y proyectos.
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En segundo lugar, el Tribunal determinó que, en caso de ser necesario, el INE debería solicitar a la Secretaría de Hacienda, una ampliación presupuestal para subsanar posibles recursos necesarios para organizar la revocación de mandato tal como lo establece la ley. Hacienda quedó así obligada por el Tribunal a responder “a la brevedad [y] de manera fundada y motivada”, a la solicitud que en su momento le llegue a hacer el Instituto.
La corresponsabilidad de Hacienda para garantizar el ejercicio de derechos
Además, la Sala Superior del Tribunal le recuerda a Hacienda que en dicha respuesta “siga el procedimiento respectivo que dé cauce a la solicitud para que haga efectivo el derecho político de participación de la ciudadanía en el proceso de revocación de mandato”. En otras palabras —esto es esencial— ,Hacienda, como institución del Estado Mexicano es corresponsable de generar las condiciones para el ejercicio de derechos, en este caso particular, el de participación en la revocación de mandato.
“Esto”,abunda el Tribunal en su sentencia“porque la Secretaria de Hacienda y Crédito Público es la autoridad competente para gestionar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos y al igual que el INE (en el ámbito de su competencia) se encuentra obligada a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.
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Por la importancia de su argumentación, conviene continuar con la cita a la sentencia del Tribunal: “En este orden de ideas, la SHCP tiene el deber propio del Estado mexicano de coadyuvar y propiciar la obtención de todos los elementos, así sea dentro de una perspectiva de austeridad, disponibilidad y eficiencia presupuestal, para que sea factible garantizar la efectividad del derecho político-electoral de participación ciudadana”.
El fondo de la discusión: los derechos
La sentencia del Tribunal entra al fondo de una discusión fundamental en una democracia constitucional, que se puede desagregar en dos aspectos esenciales: por un lado, la intrínseca relación entre derechos y dinero (recursos públicos) y por el otro, la responsabilidad colectiva, del conjunto del Estado y sus instituciones, para garantizar las condiciones de ejercicio de esos derechos.
Los derechos cuestan dinero, eso es evidente. No importa cuáles, todos los derechos requieren de un conjunto de condiciones para hacerlos posibles: un conjunto de reglas que norman responsabilidades, alcances y mecanismos de exigencia, que incluye, sin duda, la necesidad de recursos para hacer que los derechos sean vigentes, exigibles.
Los derechos más asociados con el ejercicio de recursos públicos y a su manifestación en instituciones estatales concretas son los vinculados al mundo social, como los derechos a la salud, la educación, el trabajo, o la vivienda. Pero se requiere de recursos, de la institucionalidad estatal, incluso en aquellos derechos que suponen una aparente “retracción del Estado”, como el derecho a la libertad de expresión, de asociación o de credo. No es que el Estado se desentienda de estos derechos y libertades para que por sí solas las personas los ejerzan. Instituciones como los tribunales, por ejemplo, son necesarias para asegurarse que esos derechos tengan vigencia.
La austeridad como riesgo a los derechos
Sin Estado no hay derechos, eso debería ser evidente, o uno pensaría que lo es. Lo que de pronto no luce igualmente claro es que el recorte de recursos puede terminar dilapidando justamente las capacidades estatales para garantizar los derechos.
Como discurso político los derechos lucen abstractos y exigen un esfuerzo de pedagogía pública. Por el contrario, la austeridad es un recurso narrativo que se hace concreto casi tan pronto como se le menciona, especialmente cuando se hace referencia a salarios, rentas o bonos. El problema es que la austeridad remite de inmediato a la lógica del recorte, del achicamiento del Estado, no al cumplimiento y exigencia de derechos. Más aún, la austeridad se conforma con la reducción de ingreso y dinero a los que, bajo ciertos criterios, muchas veces cuestionables o discrecionales, reciben más que los otros. No se discute, seriamente (porque es más complicado, menos simplista) hacia dónde canalizar los recursos requeridos para maximizar derechos, fortaleciendo incluso la progresividad impositiva, que debería ser la lógica del Estado, al menos de un Estado progresista.
Pensemos en ello cuando se nos planteen programas de austeridad como la solución, casi única o automática, a los problemas que como país enfrentamos. Enfocar el diagnóstico solo o predominantemente en la lógica de la austeridad, recorta la mirada y achica los anhelos. Pensemos en los derechos que la Constitución nos garantiza y que el Estado todo, en conjunto, está obligado a garantizar, más allá de las responsabilidades específicas que cada institución estatal tenga, por su necesaria especialización, en generar condiciones para ejercer los diferentes derechos. El dinero, sobre todo en condiciones de escasez, debe estar orientado justo a eso.
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