por Leticia Cano Soriano / Pedro Isnardo de la Cruz
México experimenta con el paso de las décadas una mayor fragilidad de su política social para atender el problema histórico y actual de una sociedad mayoritariamente inmersa en la pobreza, agudizada, como sucede ahora en las economías altamente desarrolladas, por la crisis del empleo y de los regímenes de bienestar social contemporáneos
El eje vertebral de este proceso lo marca la desfiguración de la política social, que en el caso de México dista de un diseño e instrumentación a escala regional, producto de un modelo integral y articulado de instituciones de protección para todos los mexicanos.
Se trata de una crisis de las instituciones públicas de seguridad, protección y asistencia sociales, de un proceso con efectos intergeneracionales y de tensión social, como lo evidencia el Índice de Desarrollo Humano en su versión más actualizada: “La creciente desigualdad, especialmente entre grupos, puede provocar inestabilidad social y poner en riesgo el progreso a largo plazo en desarrollo humano. La perpetuación de las desigualdades suele ocasionar falta de movilidad social intergeneracional, lo que también puede causar malestar social” (PNUD, 2013).
Según la última medición de personas en situación de pobreza en México en el periodo 2010 a 2012, aumentó de 52.8 a 53.3 millones, mientras el universo de pobres en situación de pobreza extrema se redujo de 13.0 millones de personas (11.3% del total) a 11.5 millones (CONEVAL, 2013), proceso que avista la inviabilidad de las políticas de desarrollo social en México y América Latina (Barba, 2010).
País que demanda atención y protección social
Todo indica una propensión a mayor informalidad como fuente de remuneración y, al paralelo, empleos formales de menor duración sin régimen de seguridad social; agudización de la inseguridad social y laboral; estructuras sociales, comunitarias y familiares cuyos vínculos se retraen y se erosionan; expectativas educativas y profesionales sin sustento ni futuro en una economía pública que produce contratos laborales anulables a voluntad, sin arbitrio del Estado; y gobiernos locales que carecen de finanzas estables y viables y de capacidades institucionales para responder a la creciente demanda de atención y protección social.
El diferencial de exclusión y pobreza entre hogares, comunidades y regiones de nuestro país enmarca no sólo proyectos de vida personal y hogares cegados a temprana edad por la desnutrición, la deserción, la insolvencia económica y de la subsistencia, que proveen su fuerza de trabajo secundaria enviando a trabajar a sus niños, jóvenes, ancianos y mujeres (Cortés, 2013), sino también por la cancelación abrupta de oportunidades sociales de solidaridad, bienestar y progreso individual y comunitario, en pos de un Estado mexicano cuyos tomadores de decisión no han reformulado las actuales políticas públicas fragmentarias, asistencialistas, que derivan en más burocratización o que, particularmente, priorizan la apuesta por la regulación de los problemas sociales fundamentales como la pobreza y la marginación, que no resuelven, sino que postergan en los sectores sociales más desprotegidos.
El hecho es que no se ha logrado impedir escenarios de inviabilidad financiera a mediano y largo plazo para los sistemas de seguridad social: la viabilidad, universalidad y financiamiento de las pensiones en instituciones de salud y educativas, pero como siguen siendo parte sustancial de la agenda pública pendiente, legado de una ruta crítica no eficaz de las políticas sociales instrumentadas en nuestro país desde las últimas décadas del siglo XX, distantes de unvocación por una justicia social y redistributiva.
Nuevos desequilibrios e injusticias sociales
Las acciones han logrado contener una espiral mayor de problemas sociales, inhibiendo a su vez la recuperación de procesos de movilidad y oportunidades de desarrollo social, educativo y económico, ya que han prevalecido políticas de matriz compensatoria y selectivas en sus beneficiarios, donde predomina la desprotección de excluidos de la economía formal y no se construyen las garantías para el ejercicio de los derechos sociales de grupos socialmente vulnerables, de pobres y extremadamente pobres, predominantes ya en las ciudades y zonas metropolitanas, y por supuesto, en las comunidades rurales e indígenas de nuestro país.
Los nuevos desequilibrios e injusticias sociales, fundamentalmente asociados al universo problemático de la pobreza; la crisis del sistema educativo y la expansión del desempleo y la economía informal; y el muy reducido crecimiento económico evidencian que la cuestión social es y será el tema cardinal del siglo XXI en México y el mundo. Es necesario que el Estado dirija sus acciones a reivindicar derechos sociales, recupere sus capacidades institucionales que conlleven bienestar y protección social y dignifique los servicios sociales que otorga.
La expansión de las vulnerabilidades sociales muestra un Estado mexicano que está perdiendo su propia brújula sin un paradigma de bienestar y derechos sociales, que asume la pobreza y las desigualdades sociales como realidades que deben atenderse desde las causas que les dan origen.
Imprescindible revertir lógica de gobierno y mercado.
No obstante que México ha sorteado la crisis del 2008 con mejores escenarios que la de 1994-1995, que las tasas de crecimiento anual no son halagüeñas y que la fluctuación del peso no parece inmanejable, es imprescindible revertir esta lógica imperativa de gobierno y mercado que persisten en el paradigma del crecimiento económico sin desarrollo, como déficit fiscal cero, extrema flexibilidad laboral, contracción de la política salarial empresarial (Cortés, 2013), actores que han concurrido en el tratamiento de una política económica y de inversión privada cuya resultante ha sido un consistente declive de los empleos formales y la evasión de responsabilidades fiscales y mayor exclusión social: se trata de procesos que nos siguen dirigiendo a una implosión de las instituciones de protección social, ya que los sectores profundamente afectados en la pobreza son realmente el espejo de la calidad de la sociedad a la que pertenecemos y de la democracia que no se consolidará mientras se presenten estas vulnerabilidades y carencias en la sociedad.•
Referencias:
I. Barba, Carlos (2010). “La nueva cuestión social en el mundo y en América Latina: más allá de la pobreza”, Renglones, No. 62.
II. Cortés, Fernando (2013), “Medio siglo de desigualdad en el ingreso en México”, Journal Economic Literature, Vol. 1, No. 29.
III. CONEVAL (2013). Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México.
IV. PNUD, Organización de las Naciones Unidas (2013). Informe sobre Desarrollo Humano. El ascenso del Sur: Progreso humano en un mundo diverso.
